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Claves
- La audiencia se desarrolló durante varias horas y estuvo marcada por una exposición detallada de las pruebas reunidas durante la investigación y las evidencias incorporadas a lo largo de casi cuatro meses de debate.
- Los fiscales realizaron un análisis de las maniobras atribuidas a los acusados y diferenciaron las responsabilidades que, según la acusación, tuvo cada integrante dentro de la estructura investigada.
- El fiscal auxiliar Juan Podhainy explicó que durante la jornada participaron el fiscal general José Ignacio Candioti y el doctor Martín Uriona, integrante de la PROCUNAR, para desarrollar los fundamentos de la acusación.
Leonardo Airaldi fue nuevamente protagonista de una extensa jornada judicial en el Tribunal Oral Federal de Paraná, donde el Ministerio Público Fiscal presentó sus alegatos y formuló los pedidos de condena para los nueve imputados que llegaron a juicio oral. La acusación solicitó 14 años de prisión para el productor agropecuario de Diamante, además del decomiso del establecimiento rural El Mirador, un campo de 1.200 hectáreas señalado como un lugar utilizado para el aterrizaje de avionetas con droga.
La audiencia se desarrolló durante varias horas y estuvo marcada por una exposición detallada de las pruebas reunidas durante la investigación y las evidencias incorporadas a lo largo de casi cuatro meses de debate. Los fiscales realizaron un análisis de las maniobras atribuidas a los acusados y diferenciaron las responsabilidades que, según la acusación, tuvo cada integrante dentro de la estructura investigada.
Además del pedido de prisión para Airaldi, el fiscal general José Ignacio Candioti solicitó una multa de 992 unidades fijas y requirió que se mantenga la mirada sobre el rol que habría tenido el empresario dentro de las operaciones investigadas tanto en Entre Ríos como en Santa Fe. El fiscal auxiliar Juan Podhainy explicó que durante la jornada participaron el fiscal general José Ignacio Candioti y el doctor Martín Uriona, integrante de la PROCUNAR, para desarrollar los fundamentos de la acusación.
“En el día de hoy, se desarrollaron los alegatos de la Fiscalía. Intervino el fiscal general José Ignacio Candioti, el doctor Martín Uriona –de la PROCUNAR-, y yo como fiscal auxiliar. Estuvimos alrededor de seis horas haciendo un análisis de la prueba, tanto de la causa de Paraná, donde además de Airaldi hay otros ocho procesados más; y en la causa de Santa Fe, en la cual estaba procesado solo Airaldi. La causa de Santa Fe es la de los casi 29 kilos de cocaína que se encontraron en Puerto Gaboto”, explicó.
Según la hipótesis planteada por la Fiscalía, Airaldi habría tenido un papel central en la organización de las actividades investigadas. Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que su función habría sido la de organizar, financiar y supervisar distintos movimientos vinculados a la comercialización y distribución de estupefacientes.
“Se consideró que se trató de hechos de gran envergadura, en los cuales Airaldi era quien organizaba y financiaba, quien supervisaba y controlaba toda la actividad, tanto en lo que hace a la venta de estupefacientes a través del bar llamado Mandela, de la ciudad de Diamante, como así también la coordinación y organización de maniobras de llegada de avionetas que descendían en su campo (Estancia El Mirador).
Una vez que llegaban esas avionetas, se resguardaban los estupefacientes mediante la utilización de lanchas en Puerto Gaboto, localidad que está a la Isla El Pillo y luego la distribución de esa droga en panes hacia Rosario, Diamante y Paraná. Eso se logró acreditar”, detalló. Durante el proceso judicial se analizaron pruebas obtenidas a partir de una investigación que involucró a diferentes organismos de seguridad. Entre ellos participaron fuerzas federales, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Entre Ríos.
Para la Fiscalía, la información recolectada permitió sostener que existía una organización con distintos niveles de participación, donde cada integrante cumplía una función determinada. “Participaron distintas fuerzas, como Federales como Prefectura Naval Argentina y la Policía de Entre Ríos. Todos partimos de la misma hipótesis que consideramos que se encuentra probada con respecto a la intervención de Airaldi en el comercio de estupefacientes en el carácter de organizador y financista”, señaló Podhainy.
En su exposición, el fiscal también hizo referencia a testimonios incorporados durante las audiencias, entre ellos el de Soledad Touzet, una de las imputadas que declaró durante el debate y cuyos aportes fueron considerados por la acusación. “Él gozaba de cierta cobertura policial, se jactaba de tener vínculos con distintas fuerzas de seguridad, se jactaba que las camineras del puente eran de él, además de manejarse con una conducta violenta.
Así lo dijo Soledad Touzet, que era una de las imputadas que declaró y se tuvo en cuenta todos los datos que aportó ya que dijo que se comportaba como sicario, que amenazaba a todos con pegarles un tiro, que ha llegado a amenazar chicos y que esos chicos se hayan hecho pis encima”. Otro de los elementos destacados por la Fiscalía fueron distintos audios presentados durante el juicio, los cuales fueron interpretados como parte de la prueba sobre la modalidad de funcionamiento de la organización.
Según explicó Podhainy, esas situaciones fueron valoradas al momento de solicitar la pena contra Airaldi, al considerar que existían elementos relacionados con métodos violentos dentro del accionar investigado. “También en una de las audiencias anteriores proyectamos unos audios de unas personas que rendían cuentas a él, que habían agarrado a una persona y que la habían amenazado y pateado, que la persona decía que no lo maten.
Así se manejaba Airaldi: con medios sumamente violentos, lo cual fue tenido en cuenta a la hora de pedir la pena que finalmente se pidió”. En relación con las condenas solicitadas, la Fiscalía estableció diferencias entre los acusados según el rol que habría tenido cada uno. Para Airaldi se pidió la pena más alta, mientras que para otros imputados se solicitaron condenas menores. “Se pidió por las dos causas –la de Paraná y Santa Fe- una pena de 14 años.
Después a Juan Erbes, que es uno de los coautores y socios que estaba en la segunda línea de Airaldi, era una persona de suma confianza. Él vendía drogas a través del bar y, además, también participaba de estas maniobras y lo hacía casi de manera semanal. Tenía un flujo de actividad muy intenso. A él le pedimos siete años. Luego, a Sebastián Armocida, otro autor de comercio agravado, se le pidieron seis años y cuatro meses. A Roberto Coronel, quien era una persona que le brindaba seguridad, seis años”.
Uno de los puntos centrales de los alegatos fue el pedido de decomiso de la Estancia El Mirador, ubicada en Las Cuevas. Para la acusación, el inmueble habría sido utilizado como una herramienta clave para el desarrollo de las actividades investigadas.
La Fiscalía sostuvo que allí funcionaba una pista utilizada para el descenso de aeronaves y la reorganización posterior de la droga antes de su distribución: “Más allá de que se pidieron penas para otros imputados, se solicitó el decomiso del inmueble, es decir, del campo denominado “El Mirador”, porque era un instrumento utilizado para la comisión del delito. Ahí era la pista donde llegaban las avionetas y se reorganizaba la redistribución de la droga.
También se pidió la prisión preventiva para Juan Erbes y Sebastián Armocida, dos de los coautores, a los cuales se les pidió una pena alta”. Además, solicitaron prisión preventiva para Juan Erbes y Sebastián Armocida mientras continúa el proceso, debido a las penas solicitadas y la valoración realizada por la acusación. Luego de los alegatos del Ministerio Público Fiscal, será el turno de las defensas de los acusados.
Esa instancia comenzará el 1 de julio y podría extenderse durante varios días debido a la cantidad de imputados y la complejidad del expediente. “La audiencia prosigue el 1 de julio con los alegatos de las defensas, que van a ocupar varios días”, cerró Juan Podhainy en diálogo con Elonce.