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Claves
- Con ello dejó en claro que el expediente carecía de un soporte fáctico que permitiera reconstruir una maniobra delictiva atribuible al funcionario.
- El núcleo del archivo estuvo puesto en la debilidad probatoria de la denuncia.
- Sobre esa base, De Minicis subrayó que “se requiere algo más que una afirmación genérica o una valoración política”.
La fiscal de Primera Instancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mariela Paola de Minicis, resolvió archivar la denuncia penal contra el ex titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, por presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas electorales. La representante del Ministerio Público Fiscal dispuso el cierre de la causa por inexistencia de delito, al considerar que las manifestaciones que le dieron origen no alcanzaban para configurar un hecho con relevancia penal.
La resolución, fechada el 29 de abril de 2026 -pero que se conoció en las últimas horas, a través del adelanto del diario El Día de Gualeguaychú-, sostuvo que “las manifestaciones que dieron origen a esta causa no permiten tener por configurado un hecho penal”. En la misma línea, De Minicis puntualizó que “no se advierten elementos que permitan encuadrar los hechos, siquiera provisoriamente, en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el art. 248 del Código Penal”.
La funcionaria judicial remarcó que “de las actuaciones no surge cuál habría sido el deber legal omitido, retardado o incumplido; qué acto administrativo habría sido dictado u omitido irregularmente; ni qué función pública concreta habría sido utilizada de manera abusiva”. Con ello dejó en claro que el expediente carecía de un soporte fáctico que permitiera reconstruir una maniobra delictiva atribuible al funcionario. El núcleo del archivo estuvo puesto en la debilidad probatoria de la denuncia.
Para la fiscal, “la sola mención periodística a eventuales pagos o financiamientos, desprovista de corroboración objetiva y sin precisión acerca de destinatarios, canales de pago, actos funcionales comprometidos o estructura local determinada, no resulta suficiente para sostener una imputación penal”. Sobre esa base, De Minicis subrayó que “se requiere algo más que una afirmación genérica o una valoración política”.
Y precisó que “debe existir una base fáctica mínima que permita identificar una dádiva, una contraprestación, una influencia indebida, una contratación incompatible, un acto funcional determinado o un perjuicio patrimonial verificable”, ninguno de los cuales aparecía acreditado en las actuaciones.
En la síntesis de su dictamen, la fiscal concluyó que “no se ha logrado acreditar, siquiera provisoriamente, la existencia de un incumplimiento de los deberes de funcionario público ni de otro delito de competencia de este fuero”, y que tampoco se advertían “medidas útiles y conducentes” para revertir ese estado de incertidumbre.
En consecuencia, dispuso archivar el caso de conformidad con el artículo 212, inciso “d”, del Código Procesal Penal de la Ciudad, sin perjuicio de su eventual reapertura si se incorporaran nuevos elementos de convicción. La denuncia radicada en la Ciudad de Buenos Aires se había iniciado a partir de las manifestaciones formuladas por la periodista Viviana Canosa durante la transmisión del streaming Carnaval, oportunidad en la que se afirmó que Michel “pagaba” y “financiaba” campañas de otros partidos.
Esas declaraciones, sin respaldo documental ni precisiones, fueron las que originaron la presentación que ahora quedó descartada. Se trató, en rigor, de la segunda causa que se archiva en torno al mismo cuestionamiento.
La denuncia originaria había sido formulada ante la Justicia Federal de Paraná por el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi y su asesor Carlos Guillermo Reggiardo, en su carácter de afiliados y congresales del Partido Justicialista de Entre Ríos, quienes acusaron a Michel de presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023. Aquella presentación también había sido archivada por la Justicia Federal entrerriana.
Con el nuevo pronunciamiento, la imputación quedó otra vez sin sustento, esta vez en el fuero porteño. El archivo por inexistencia de delito implica que, para la fiscalía, no existió siquiera un hecho con apariencia delictiva que justificara continuar con la investigación. De este modo, las dos instancias judiciales que abordaron el tema, la federal de Paraná y la ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, coincidieron en descartar la existencia de un delito.
Un pedido de acceso a la información pública obligó a la Dirección Nacional de Vialidad a poner por escrito, expediente por expediente, qué pasó con las rutas nacionales entrerrianas desde diciembre de 2023.