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Claves
- La Secretaria General de la Asociación del Personal Superior (APS), Alejandra Levrand, abrió el encuentro agradeciendo el acompañamiento de las diversas entidades y medios de comunicación presentes.
- Por su parte, el titular de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, brindó detalles del plan de acción definido por el espacio.
- Anunció que el próximo miércoles se realizarán volanteadas simultáneas en tres puntos estratégicos de la provincia: Paraná, Gualeguaychú y Concordia.
En una conferencia de prensa marcada por la unidad sindical, la Multisectorial de Entre Ríos ratificó su rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, calificándolo como un "ajuste brutal" para los trabajadores activos y jubilados. La Secretaria General de la Asociación del Personal Superior (APS), Alejandra Levrand, abrió el encuentro agradeciendo el acompañamiento de las diversas entidades y medios de comunicación presentes.
Por su parte, el titular de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, brindó detalles del plan de acción definido por el espacio. Anunció que el próximo miércoles se realizarán volanteadas simultáneas en tres puntos estratégicos de la provincia: Paraná, Gualeguaychú y Concordia. Además, confirmó que se llevará a cabo un paro general en toda la provincia el día que el Senado trate el proyecto parlamentario.
Mientras tanto, Agmer mantendrá la carpa de protesta frente a la Casa de Gobierno. Por su parte el Secretario General de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, criticó duramente la técnica legislativa del proyecto y advirtió que la declaración de emergencia no tiene fundamentos suficientes.
Segura sostuvo que el núcleo de la reforma busca "empobrecer a los jubilados" al intentar equiparar la Caja Provincial con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y eliminar el 82% móvil, además de cuestionar las facultades delegadas al Ejecutivo para establecer topes y aumentos de aportes. En sintonía el secretario del Interior de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Esteban Olarán, señaló que la sustentabilidad de la caja no debe resolverse solo con el aporte de los trabajadores.
La Multisectorial propone fuentes de financiamiento externas, como un fondo de fideicomiso basado en las regalías de Salto Grande o gravámenes a la extracción de arenas para Vaca Muerta. Asimismo, denunció que el gobierno provincial realiza un "seguidismo" de las políticas nacionales que destruyen la industria y el empleo.
El representante de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler) se refirió de forma crítica al proyecto de "ley de inocencia fiscal" y al modelo económico que, según expresó, favorece a un pequeño sector rico mientras empobrece a la clase media. Mencionó como ejemplo negativo la adhesión del vocero presidencial Manuel Adorni a beneficios impositivos, mientras se ajusta el salario de los trabajadores entrerrianos.
Además, advirtió que la ley podría no durar "45 días" debido a su inconstitucionalidad, generando un alto costo fiscal por juicios futuros. La defensa de la Ley 8732 fue un punto central para los representantes de los pasivos. La representante de jubilados de ATE, Juana Ávalos, destacó el carácter solidario e intergeneracional del sistema y convocó a toda la comunidad a sumarse a la lucha.
La vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Claudia Vallori, alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo, denunciando que los futuros acuerdos paritarios se pagarían con 60 días de retraso y sin retroactividad. Desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), se cuestionó que la ley obligue a los docentes jubilados a seguir aportando, lo que técnicamente se transformaría en un "impuesto" ilegal.
También se resaltó el impacto físico de la extensión de la edad jubilatoria en docentes y trabajadores municipales. Finalmente, ante las consultas de la prensa, Antivero y Víctor Sartori (ATE) aseguraron que interpelarán a cada legislador de los departamentos para que asuman el "costo político" de su voto. Además, advirtieron que el proyecto representa un ataque al federalismo interno, ya que permitiría al Ejecutivo retener coparticipación a los municipios por déficits previsionales, afectando su autonomía.
En caso de aprobarse la ley tal como está, la Multisectorial prevé una "catarata de presentaciones por inconstitucionalidad" tanto de gremios como de particulares. (APFDigital)