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Claves
- En esta línea informativa, corresponde aclarar que el proceso de ejecución de los servicios de Policía Adicional se encuentra exclusivamente en órbita de la Policía de Entre Ríos”.
- La denuncia penal fue promovida por un grupo de efectivos en actividad con el asesoramiento del abogado Rubén Pagliotto y está a cargo de los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.
- Por este motivo se dispuso la reformulación estructural del sistema a través del Decreto Nº 1.225/26”.
Ante la denuncia radicada en sede judicial respecto a la administración de los fondos provenientes del Servicio de Adicionales de la Policía de Entre Ríos, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia dijo que el tema “se encuentra actualmente en etapa investigativa” en los Tribunales.
En ese marco, la cartera que encabeza el ministro Néstor Roncaglia afirmó que “ha realizado de manera inmediata diversas diligencias en dependencias policiales, juntamente con funcionarios de la Fiscalía interventora, procediendo al secuestro de documentación vinculada al servicio de Policía Adicional, depositada en distintas dependencias policiales para ser sometidas a un riguroso análisis.
En esta línea informativa, corresponde aclarar que el proceso de ejecución de los servicios de Policía Adicional se encuentra exclusivamente en órbita de la Policía de Entre Ríos”. La denuncia penal fue promovida por un grupo de efectivos en actividad con el asesoramiento del abogado Rubén Pagliotto y está a cargo de los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.
En ese contexto, “corresponde informar que el servicio de Policía Adicional está regulado por el Decreto Nº 1.729/19 MGJ, una normativa que permitía al personal policial, aun estando en servicio ordinario de guardia, prestar de forma simultánea el servicio adicional.
Atento a las circunstancias actuales se sometió a un profundo análisis jurídico, con distintas áreas legales de la Provincia, se entendió como no conveniente la continuidad de dicha modalidad para no afectar el normal cumplimiento de la seguridad pública. Por este motivo se dispuso la reformulación estructural del sistema a través del Decreto Nº 1.225/26”.
Esa norma, aclaró el Ministerio de Seguridad, “prohíbe explícitamente que el personal activo que se encuentre cumpliendo funciones ordinarias o de guardia realice servicios adicionales, reservando esta tarea únicamente para aquellos agentes en situación de franco. Además, prevé una mejora remunerativa a quienes realicen el servicio adicional”.
“En concreto, los hechos denunciados oportunamente se encuentran en pleno proceso de investigación por parte de la fiscalía competente, y este Ministerio se encuentra facilitando activamente el avance de dicha investigación mediante la entrega de pruebas y la total apertura institucional.
Finalmente, esta cartera del Estado descarta de manera categórica cualquier tipo de represalia y garantiza que no se adoptará ninguna medida administrativa ni sancionatoria contra los funcionarios denunciantes, respaldando el derecho a exponer las irregularidades que atenten contra el patrimonio público”, apuntó.
En ese marco, añadió: “Conforme al estado de derecho, por el momento, rige el principio de inocencia con respecto a los funcionarios denunciados y, quienes deberán resolver la presente causa, son los fiscales actuantes. El resultado de estas decisiones podrían dar origen a resoluciones administrativas concomitantes”.