Delta
Claves
- En el caso de Entre Ríos, recordó que la actividad está regulada por la Ley 11.084, que exige título universitario de grado para ejercer como corredor inmobiliario.
- "La provincia debería modificar sus leyes", indicó.
- Armandola destacó que los colegios profesionales cumplen una función clave en el control ético de la actividad y en la administración de la matrícula.
Ante la posibilidad de que el Gobierno nacional impulse un proyecto de desregulación de la actividad inmobiliaria, la ex presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, Paula Armandola, expresó su preocupación por el impacto que podría tener una eventual eliminación de la matrícula obligatoria y de los controles profesionales sobre el sector.
En diálogo con Cosas que pasan por Radio Plaza, explicó que las profesiones son una facultad no delegada a la Nación, por lo que cualquier modificación impulsada desde el Congreso requeriría posteriormente cambios en las legislaciones provinciales. En el caso de Entre Ríos, recordó que la actividad está regulada por la Ley 11.084, que exige título universitario de grado para ejercer como corredor inmobiliario. "La provincia debería modificar sus leyes", indicó.
Armandola destacó que los colegios profesionales cumplen una función clave en el control ético de la actividad y en la administración de la matrícula. “Tienen el control de la ética y la matrícula profesional”, afirmó, y sostuvo que contar con un Tribunal de Disciplina permite dar respuestas más rápidas a conflictos vinculados al ejercicio profesional que las que suele ofrecer la Justicia ordinaria. En ese sentido, defendió el proceso de profesionalización impulsado en la provincia durante los últimos años.
“Trabajamos durante estos 23 años para conseguir esta ley de que se exija un título de grado universitario”, señaló, al considerar que una mayor formación redunda en mejores servicios y mayor seguridad para quienes alquilan, compran o venden inmuebles. Respecto de la lucha contra el ejercicio ilegal de la actividad, aseguró que durante su gestión se trabajó intensamente para controlar la situación.
Incluso destacó que Entre Ríos fue pionera en la regulación del sector y recordó que en 2016 se logró impedir el funcionamiento de franquicias inmobiliarias que, a su entender, diluyen las responsabilidades profesionales. Consultada por la situación actual del mercado inmobiliario, la dirigente señaló que la derogación de la Ley de Alquileres produjo una fuerte transformación.
Según describió, tras un breve período de incertidumbre se incrementó notablemente la oferta de inmuebles disponibles, aunque actualmente la demanda muestra signos de retracción por el deterioro económico de los ingresos. “Hoy tenemos un mercado que tiene oferta pero que tiene una demanda en recesión”, resumió. Explicó que el aumento de la morosidad y las dificultades económicas de muchas familias limitan la capacidad de acceso a la vivienda, pese a que existen más propiedades disponibles que años atrás.
En cuanto a la realidad de Paraná, indicó que la mayor demanda continúa concentrándose en monoambientes y departamentos de un dormitorio, impulsada por el perfil universitario y administrativo de la ciudad. Además, señaló que un monoambiente puede alquilarse actualmente por alrededor de 400.000 pesos mensuales, a lo que se suman expensas y otros gastos.
Por último, cuestionó la gestión actual del Colegio de Corredores Inmobiliarios y lamentó que, según su visión, se hayan abandonado políticas de capacitación y jerarquización profesional impulsadas durante su presidencia. Asimismo, confirmó que continúa en trámite una denuncia judicial que presentó meses atrás por presuntas situaciones de persecución y violencia institucional.