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Claves
- Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y la Fiscalía de Estado ratificaron su participación activa en la investigación judicial y aseguraron que trabajarán para que los recursos regresen a las arcas provinciales.
- El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, sostuvo que los hechos investigados no respondieron a irregularidades administrativas, sino a una organización delictiva que operó para defraudar al Estado.
- «No fueron créditos irregulares ni un problema administrativo, sino una banda organizada para estafar al Estado«, afirmó el funcionario, al tiempo que pidió dimensionar la gravedad del caso.
El Gobierno de Entre Ríos anunció que impulsará una demanda civil para recuperar más de un millón de dólares correspondientes a fondos públicos presuntamente sustraídos en el marco del programa Jóvenes Emprendedores, tras la investigación que derivó en la confesión de exfuncionarios de la gestión anterior.
Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y la Fiscalía de Estado ratificaron su participación activa en la investigación judicial y aseguraron que trabajarán para que los recursos regresen a las arcas provinciales. El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, sostuvo que los hechos investigados no respondieron a irregularidades administrativas, sino a una organización delictiva que operó para defraudar al Estado.
«No fueron créditos irregulares ni un problema administrativo, sino una banda organizada para estafar al Estado«, afirmó el funcionario, al tiempo que pidió dimensionar la gravedad del caso. Bernaudo explicó que, desde la presentación de la denuncia, el Gobierno colaboró con la investigación aportando documentación y pruebas a la Justicia.
Además, indicó que durante la transición de gobierno se detectaron intentos de destruir evidencia, entre ellos documentación que habría sido dañada con lavandina, situación que, según señaló, quedó acreditada mediante escuchas telefónicas incorporadas a la causa. El ministro calificó el episodio como «muy grave» y cuestionó que las maniobras hayan permanecido sin detectar durante varios años, pese a los mecanismos de control existentes.
También señaló que los hechos se extendieron a lo largo de dos gestiones provinciales y atravesaron distintas administraciones ministeriales. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la maniobra comprendería alrededor de 750 casos registrados durante un período cercano a los cuatro años, mientras que el monto total a reclamar supera el millón de dólares.
Asimismo, Bernaudo afirmó que ninguno de los implicados continúa desempeñándose en el Ministerio de Desarrollo Económico y señaló que el único caso de continuidad laboral fue el de Pedro Gebhart>, quien posteriormente pasó al Senado provincial durante la gestión de Laura Stratta, fue desvinculado en el actual período y luego contratado por el bloque del peronismo.
Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que la causa se inició a partir de una investigación realizada por el Tribunal de Cuentas, que detectó irregularidades al analizar las rendiciones del programa. Según detalló, esos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía de Estado y a la Oficina Anticorrupción, desde donde se promovió la denuncia penal que dio inicio a la investigación del Ministerio Público Fiscal.
Rodríguez Signes destacó que el Estado provincial no se limitó a formular la denuncia, sino que además se presentó como actor civil con el objetivo de obtener el resarcimiento económico por los perjuicios ocasionados.
El funcionario aclaró que la normativa vigente impide que el Poder Ejecutivo y la Fiscalía de Estado actúen como querellantes en causas penales, por lo que la participación oficial se canaliza mediante la denuncia, la colaboración con la investigación y la acción civil destinada a recuperar los fondos presuntamente desviados.