Las marchas y contramarchas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en Entre Ríos | Análisis

Un pedido de acceso a la información pública dejó a la vista tanto el estado real de la infraestructura de conectividad en Entre Ríos como el nivel de fragmentación con el que el Estado nacional gestiona -y a veces no gestiona- su información. Un pedido de acceso a la información pública dejó a la vista tanto el estado real de la infraestructura de conectividad en Entre Ríos como el nivel de fragmentación con el que el Estado nacional gestiona -y a veces no gestiona- su información.

La requisitoria desde ANÁLISIS fue presentada a fines de abril de este año ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) sobre el estado de los servicios de comunicación audiovisual, telecomunicaciones y postales en Entre Ríos terminó derivando en una cadena de ocho notas internas, firmadas por siete direcciones distintas del organismo, más una intervención adicional de la empresa estatal ARSAT.

El pedido original, presentado el 28 de abril, contenía catorce puntos: licencias audiovisuales, concursos de frecuencias, sanciones, prestadores de internet y telefonía, reclamos de usuarios, programas de conectividad rural, despliegue de fibra óptica, servicios postales, convenios institucionales y dotación de personal de la ex delegación provincial. La respuesta, lejos de ser unificada, llegó fragmentada en ocho documentos separados que, sumados, no alcanzan a cubrir la totalidad de lo requerido.

En principio, la Dirección General de Recursos Humanos de ENACOM confirmó que la ex Delegación Entre Ríos, con sede en Arturo Illia 193/195 de Paraná, tuvo su cierre operativo formalizado por la resolución del 27 de marzo de 2024. Al momento de esa decisión, la delegación entrerriana contaba con doce agentes: un jefe, dos analistas o asesores, un fiscalizador, dos técnicos y seis administrativos, todos con antigüedad que en algunos casos se remonta a 2001.

La planilla de dotación muestra que ocho de los doce ingresaron a trabajar para el organismo entre 2010 y 2014, durante la expansión de la por entonces Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y posterior ENACOM. O sea, los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Urribarri en la provincia.

El cierre de la delegación no es un dato menor para entender por qué el resto de las respuestas se vuelve, una y otra vez, sobre la misma frase: distintas direcciones de Buenos Aires explican que “los sistemas informáticos no permiten distinguir el origen (provincia) de ingreso del reclamo” desde que se cerraron las delegaciones provinciales, o que determinada información “no se encuentra disponible” en esa dependencia.

El punto más sensible del pedido –el estado de despliegue de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) en territorio entrerriano– no fue respondido por ENACOM sino derivado a Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), la empresa estatal a cargo de la traza. La compañía remitió un informe técnico que cita, con reserva sobre datos de terceros (invocando el artículo 8° inciso d de la Ley 27.275), un mapa de trazado y una planilla de 843 nodos a nivel nacional.

Del cruce de esa planilla surge que Entre Ríos cuenta con 92 nodos de la REFEFO, de los cuales 69 figuran “en servicio”. El resto, 21 nodos, no registra ningún dato de estado en la base de ARSAT –ni fecha de actualización ni condición operativa–, lo que impide saber si están activos, fuera de servicio o simplemente sin información cargada. Dos nodos figuran expresamente “inactivos”: el de Colonia Elía, dado de baja en septiembre de 2024, y el de Federal, marcado como “No operativo” desde julio de ese mismo año.

Pero el dato más llamativo aparece en el nodo de Colonia Alemana (departamento Federación): la planilla lo clasifica como “En servicio” pero, en la misma fila, la columna de estado operativo indica “No operativo”, con una actualización de marzo de 2026. Es decir, según el propio registro de ARSAT, el nodo está simultáneamente en servicio y fuera de servicio.

El mapa de traza, también aportado como archivo específico, muestra una red que conecta Paraná, La Paz, Concordia, Chajarí, Federación, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, con ramales hacia el interior productivo de la provincia, aunque con tramos visiblemente discontinuos en el centro-este entrerriano.

Concursos y licencias Sobre licencias y permisos de radio y televisión con asiento en Entre Ríos -uno de los ejes centrales del pedido- la Subdirección de Licencias, Autorizaciones y Registros de Servicios Audiovisuales y Postales no entregó un listado, sino que remitió al sitio web del organismo (registros-sca.enacom.gob.ar) para que el propio solicitante construya esa información.

En lo referido a concursos de frecuencias, la misma dependencia detalló seis resoluciones dictadas entre 2021 y 2022: un concurso público simplificado de FM para gran parte del territorio provincial (excluyendo Paraná y un radio de 30 kilómetros), un proceso en Villaguay para AM y FM que fue dejado sin efecto y luego reconvocado, un llamado en Federación y otro en La Paz, y un concurso de Televisión Digital Terrestre Abierta exclusivamente para la ciudad de Paraná, sobre el canal radioeléctrico 31.

La Dirección Nacional de Sanciones y Atención a Usuarios y Prestadores aportó un listado de once expedientes de sumarios contra licenciatarios de radio en Entre Ríos entre 2022 y 2025. Nueve de los once casos corresponden a la misma causa técnica: interferencia con frecuencias aeroportuarias, una falla que compromete directamente la seguridad de las comunicaciones aéreas.

De esos once expedientes, solo tres llegaron a una multa efectiva (los casos de FM Inolvidable de Carlos Caselli en Victoria, una FM en Crespo a nombre de Víctor González, y Radio Centenario en Federación). El resto, incluida una denuncia contra la propia Municipalidad de Concordia por la interferencia de su radio pública, permanece “en trámite”, algunos desde marzo de 2022, es decir, con más de cuatro años de demora administrativa.

Sobre sanciones a prestadores de internet, telefonía o servicios postales, la misma dirección fue terminante: no existe en sus registros una variable que permita identificar el domicilio o “asiento” de esas empresas, por lo que no puede informar si hubo sanciones específicas a operadores entrerrianos.

El dato más contundente de todo el expediente aparece en el informe de reclamos de usuarios: entre 2020 y la fecha de respuesta, ENACOM recibió 2.186 reclamos de usuarios entrerrianos, distribuidos en telefonía fija (1.292 casos), internet (592), telefonía móvil (237) y televisión por cable (65). El detalle por motivo expone un patrón: dentro de la telefonía fija, 840 reclamos -el 65% del total de esa categoría- corresponden lisa y llanamente a “sin servicio”.

Le siguen, muy por debajo, el incumplimiento de solicitudes de baja (63 casos) y la falta de descuento por días sin servicio (50). En internet, el mismo motivo -”sin servicio”- concentra 272 de los 592 reclamos.

Pese al volumen, la propia dirección advirtió que, desde el cierre de las delegaciones provinciales en 2024, “los sistemas informáticos no permiten distinguir el origen” geográfico de los reclamos nuevos, lo que sugiere que la cifra real correspondiente a Entre Ríos podría ser mayor a la informada, o simplemente dejar de poder medirse hacia adelante.

Prestadores, listado postal y conectividad La Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo (DNPyD) acompañó un listado de 99 personas físicas y jurídicas que, según sus declaraciones juradas presentadas hasta diciembre de 2025, prestan servicios de telefonía móvil, fija o internet en la provincia.

Conviven en esa nómina grandes operadores nacionales -Telecom Argentina, Telefónica Móviles, AMX (Claro), Starlink Argentina- con decenas de cooperativas eléctricas que diversificaron hacia internet, como las de La Paz y Concordia, y con un número considerable de personas físicas que operan como prestadores unipersonales en distintas localidades.

Sobre la cobertura por departamento, la calidad de servicio reportada y la evolución de la base de usuarios -tres variables explícitamente solicitadas- la DNPyD respondió que esa información está amparada por secreto estadístico (Ley 17.622) y remitió al sitio de indicadores públicos del organismo, sin desagregar los datos puntuales pedidos para Entre Ríos. Más llamativo es lo ocurrido con el punto postal.

La Subdirección de Licencias y Registros de Servicios Audiovisuales y Postales adjuntó, como respuesta sobre prestadores postales “con asiento en Entre Ríos”, un archivo que en rigor enumera la totalidad del registro nacional de empresas de correo, courier y logística del país -de Andreani a DHL, de OCA a decenas de pymes de cadetería y “última milla”-, sin ningún filtro geográfico visible en el documento.

El archivo entregado no permite, tal como fue remitido, identificar cuáles de esas firmas operan efectivamente en territorio entrerriano. En materia de convenios institucionales, ENACOM informó cuatro acuerdos vigentes entre 2021 y 2022 en el marco del programa “Conectando con Vos”: la entrega de 6.000 tablets al gobierno de Entre Ríos, 362 a la Municipalidad de General Galarza, 60 al Club Atlético Huracán y 29 al merendero “La Humildad”. Todos los convenios tenían una vigencia original de un año.

Sobre los programas de fomento más amplios -ANR 2.500, ANR 10.000, Pequeños Licenciatarios y el programa para conectividad de barrios populares (RENABAP)- la dirección a cargo informó que los beneficiarios entrerrianos fueron Cable Video Urdinarrain, los radiodifusores de Chajarí y Gualeguay, y un grupo de personas físicas, pero aclaró que mediante la Resolución ENACOM N° 1493/2025 el programa Conectividad y la convocatoria RENABAP fueron dados por finalizados.

Lo que el expediente termina mostrando, más allá de cada dato puntual, es la lógica con la que el Estado nacional procesa hoy un pedido de información sobre una provincia: un requerimiento ingresado por una persona y dirigido a un organismo se disuelve en al menos siete áreas internas distintas -Recursos Humanos, Administración, Licencias, Planificación, Convocatorias, Sanciones y, finalmente, una empresa estatal externa como ARSAT-, cada una de las cuales responde solo por su competencia específica, sin que exista una instancia que integre el resultado final.

El propio recorrido del expediente -con direcciones que se derivan responsabilidades entre sí, archivos embebidos dentro de archivos embebidos, y dependencias que reconocen no tener forma de saber qué ocurre puntualmente en territorio entrerriano desde que cerraron sus delegaciones- es, en sí mismo, una fotografía de cómo quedó la presencia del Estado nacional en materia de comunicaciones en el interior del país.

Un informe oficial revela cuánto recauda la Nación en Entre Ríos, quiénes reciben beneficios fiscales, qué controla en la frontera y qué causas penales impulsa ARCA. La información, obtenida por ANÁLISIS vía acceso público, combina datos inéditos y negativas por secreto fiscal, exponiendo tanto la actividad como las áreas que el organismo reserva.