Los problemas que la política decidió no discutir durante treinta años

Las reformas previsionales tienen una característica particular: prácticamente nunca son populares. Es lógico. Hablan de edad jubilatoria, aportes, movilidad de las prestaciones, haberes y derechos adquiridos. Tocan expectativas construidas durante décadas y generan preocupación en quienes sienten que las reglas del juego pueden modificarse a mitad de camino.

Sin embargo, más allá de las posiciones a favor o en contra del proyecto presentado por el gobierno provincial, hay dos preguntas previas que merecen ser formuladas: ¿cómo llegamos hasta acá? Y, sobre todo, ¿es posible seguir así? En un reciente encuentro virtual que compartimos varios concejales con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, me quedó resonando una reflexión: los problemas previsionales que hoy discutimos no aparecieron de un día para otro.

Son el resultado de décadas en las que la política evitó abordar reformas que sabía necesarias pero que políticamente siempre fueron incómodas y costosas. Ya en 1997, durante la gestión de Jorge Busti, se impulsó una reforma previsional que contenía varios elementos similares a los que hoy vuelven a debatirse. Aquella discusión no prosperó y, desde entonces, aspectos centrales del sistema permanecieron prácticamente inalterados.

Las edades jubilatorias, la fórmula de cálculo del haber inicial, los mecanismos de movilidad y gran parte de los parámetros centrales del régimen atravesaron décadas sin modificaciones sustanciales, mientras la realidad demográfica, económica y laboral cambiaba profundamente. Los números ayudan a entender la magnitud del fenómeno. En los últimos veinte años la cantidad de beneficiarios del sistema pasó de aproximadamente 32.000 a más de 66.000.

En el mismo período, los aportantes crecieron de alrededor de 85.000 a 125.000 trabajadores, incluyendo municipios adheridos. Dicho de otro modo: los beneficiarios crecieron más del doble, mientras que los aportantes aumentaron menos de un cincuenta por ciento. A ello se suma otro dato que invita a la reflexión: actualmente el haber promedio de los beneficiarios ronda los 1,6 millones de pesos mensuales, mientras que la remuneración promedio de los trabajadores activos se ubica en torno a los 1,3 millones.

Frente a estos números, la pregunta ya no parece ser si debemos discutir el sistema previsional. La verdadera discusión es cómo corregir sus desequilibrios, cómo distribuir los esfuerzos y cómo hacerlo preservando la mayor equidad posible entre trabajadores activos, jubilados y contribuyentes. Durante muchos años la inflación, las transferencias y distintas herramientas financieras permitieron disimular parte de estos desequilibrios. Pero los problemas estructurales no desaparecen por ignorarlos.

Simplemente se acumulan. La realidad es que el sistema no puede seguir funcionando indefinidamente bajo las mismas reglas sin trasladar cada vez más costos al resto de la sociedad. Los desequilibrios que durante años fueron postergados hoy son demasiado grandes para seguir siendo ignorados. La verdadera discusión no es si hay que actuar, sino cómo hacerlo preservando la sustentabilidad del sistema y la equidad entre generaciones. Hoy el déficit de la Caja de Jubilaciones ronda los 460.000 millones de pesos anuales.

Cuando un sistema previsional deficitario no corrige sus desequilibrios, alguien termina financiándolos. Y en última instancia ese costo recae sobre el conjunto de los contribuyentes, incluidos miles de trabajadores del sector privado que no forman parte del sistema estatal. Más aún, estamos hablando de recursos que la provincia deja de destinar a rutas, escuelas, hospitales, seguridad y otras políticas públicas porque deben utilizarse para cubrir un desequilibrio que fue creciendo durante décadas.

Por eso la discusión previsional no involucra solamente a activos y jubilados; involucra a toda la sociedad entrerriana. Existe además otro aspecto poco mencionado en el debate público. La Caja provincial administra actualmente una enorme diversidad de regímenes y escalafones. Hoy existen cerca de un centenar de escalafones diferentes, muchos de los cuales tienen dinámicas salariales que no dependen de decisiones provinciales.

Algunas negociaciones paritarias se desarrollan incluso fuera de Entre Ríos y terminan impactando sobre jubilaciones que debe afrontar el sistema previsional entrerriano. El caso de los jubilados del ex Banco de Entre Ríos es un ejemplo ilustrativo. Sus haberes evolucionan siguiendo acuerdos salariales definidos en negociaciones nacionales que responden a realidades económicas muchas veces muy distintas a las de nuestra provincia.

Situaciones similares se reproducen en otros sectores, generando tensiones financieras que no siempre guardan relación con la capacidad contributiva del sistema. Por supuesto, reconocer la existencia de un problema no implica aceptar sin cuestionamientos cualquier solución propuesta. Es razonable discutir el alcance de la reforma, sus plazos de implementación, el impacto sobre determinados sectores o la conveniencia de algunos cambios específicos.

La reforma propone modificaciones sobre varios de los principales parámetros del sistema previsional: edades jubilatorias, cálculo del haber inicial, movilidad de las prestaciones y financiamiento del régimen. Pero al mismo tiempo, incorpora mecanismos de transición gradual que procuran minimizar el impacto sobre los actuales jubilados y sobre quienes se encuentran próximos a acceder al beneficio, permitiendo una adaptación progresiva de las nuevas reglas. Naturalmente, estas medidas generan debate.

Y es bueno que así sea. Las reformas previsionales no deberían aprobarse entre gallos y medianoche ni sin escuchar a los sectores involucrados. Pero tampoco parece razonable que cualquier intento de actualización termine bloqueado por el simple hecho de afectar intereses o generar costos políticos. Las organizaciones sindicales cumplen su función cuando defienden los intereses de sus afiliados. Esa es precisamente su razón de ser. Pero la responsabilidad de la política es otra.

La política debe mirar el conjunto del sistema, evaluar su sostenibilidad futura y asumir decisiones que muchas veces resultan incómodas. También es legítimo preguntarse quién debe asumir el costo de los desequilibrios acumulados. Porque alguien siempre lo hace. Puede ser el trabajador activo mediante mayores aportes. Puede ser el jubilado a través de cambios en las reglas del sistema. Puede ser el Estado mediante mayores transferencias.

O puede ser el conjunto de la sociedad a través de impuestos cada vez más elevados. Lo que no existe es la gratuidad. Por eso la discusión de fondo no debería ser si nos gusta o no una reforma previsional. La verdadera discusión consiste en encontrar un equilibrio razonable entre sustentabilidad financiera, derechos previsionales, equidad entre generaciones y equidad entre quienes forman parte del sistema y quienes, desde el sector privado y el resto de la sociedad, contribuyen a financiarlo.

La discusión previsional que hoy se abre en Entre Ríos seguramente será incómoda. Como toda reforma que toca intereses, generará resistencias, críticas y tensiones. Pero después de tres décadas de postergaciones, alguien tenía que asumir la responsabilidad de abrir este debate y poner sobre la mesa un problema que la dirigencia política conocía, pero que sistemáticamente evitó abordar por sus costos electorales.

Se podrá discutir si esta es la reforma correcta, si algunos cambios deberían ser distintos o si existen alternativas mejores. Lo que resulta cada vez más difícil de sostener es que no hubiera que hacer nada. Cuando la política quiere quedar bien con todo el mundo, generalmente los problemas se acumulan. Gobernar implica asumir el rol que a cada uno le toca y tomar decisiones, aun cuando resulten incómodas.

Después de muchos años de mirar para otro lado, el gobierno de Rogelio Frigerio decidió ponerle el cascabel al gato. Ahora será responsabilidad de toda la dirigencia entrerriana debatir con seriedad cómo construir un sistema previsional más sostenible, más equitativo y capaz de perdurar en el tiempo. (*) Concejal y Economista