La policía no registra la causa de muerte de sus agentes, no sabe cuántos tuvieron cáncer, no hace estudios de detección.
La Policía de Entre Ríos entregó la dotación año por año, los fallecimientos, los trámites de retiro, las denuncias ante la ART, el personal rural y un relevamiento de comisaría por comisaría. Y reconoció lo que no tiene: no registra la causa de muerte de sus agentes, no sabe cuántos tuvieron cáncer, no hace estudios de detección, suspendió los controles médicos durante cuatro años y no sabe si alguien notificó que sus comisarías rurales son áreas protegidas.
Una parte de esos datos policiales fueron consignados en el informe de tapa de la última revista ANALISIS.
El expediente es el RU N° 3473264, Registro Policial 54411/26. Lo firmó en las dos ocasiones la comisario general Fabiola Andrea Butala Farber, directora general de Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico. La primera respuesta, la Nota DGAPyDE N° 55, llegó el 22 de octubre. La segunda, la N° 672/26, el miércoles 18 de noviembre.
Entre una y otra la Policía cambió de tono, juntó información que no había mandado, mandó a sus jefaturas a revisar libros de guardia y, aun así, dejó sin contestar casi todo lo que tenía que ver con el cáncer.
La pregunta que nadie hizo
El pedido original, presentado el 18 de septiembre, era sencillo: cuántos agentes tuvieron un diagnóstico oncológico entre 2016 y 2025, cuántas licencias de largo tratamiento se otorgaron por cáncer, cuántos policías murieron y por qué causa, cuántos se retiraron por incapacidad. Datos estadísticos, agregados, sin nombres.
La Junta Médica Superior contestó que no tenía registro de personal bajo seguimiento por "patologías o enfermedades oncológicas originadas por la exposición a productos agroquímicos". La División Administración de Recursos Humanos dijo lo mismo con otras palabras: no contaba con datos sobre causas de fallecimiento o tumores "derivados de la exposición a agroquímicos". Nadie les había pedido que establecieran una causa.
Las dos áreas respondieron a una pregunta distinta de la formulada, y con esa respuesta los puntos sobre cáncer quedaron vacíos.
La ampliación lo aclaró por escrito: no se buscaba que la Policía probara un vínculo con los agroquímicos, sino que informara los números, cualquiera fuera su origen. La Junta Médica Superior volvió a contestar en la Nota 259/26. Esta vez no hubo condicional: "no obran registros, ni estadísticas en esta División sobre la cantidad de funcionarios con diagnósticos oncológicos o con licencias por largo tratamiento".
Es decir, el organismo que dictamina cada licencia larga y cada cambio de situación de revista de una fuerza de diez mil personas no puede decir cuántas de esas licencias fueron por cáncer. No porque el dato sea secreto, sino porque nadie lo junta.
Un control sin detección
El Servicio Médico Sanitario ya había reconocido en octubre que no tiene área de Oncología, que nunca hizo un estudio de morbilidad o mortalidad del personal y que la historia clínica digital, el sistema SADER, recién empezó a funcionar en 2025. En noviembre, la licenciada Marianela Borghello describió en qué consisten los controles médicos periódicos: signos vitales, tensión arterial, peso, talla, índice de masa corporal y una entrevista para detectar factores de riesgo como hipertensión, obesidad o diabetes.
"No se realizan estudios específicos de detección", escribió sobre el cáncer, "ni en el marco de los controles médicos habituales ni como parte de campañas de prevención".
Agregó un dato que no estaba en la primera respuesta. Entre 2017 y 2020 esos controles directamente no existieron: fueron suprimidos por la Resolución D.P. N° 2265/17 y se retomaron en 2021, ya no como requisito para los ascensos sino con fines de relevamiento preventivo. O sea, en la administración de Gustavo Bordet, y con el comisario general Gustavo Maslein como jefe de Policía. Tampoco hay un registro consolidado de cuántos controles se hicieron cada año.
Para dar una referencia, el Servicio Médico ofreció la cantidad de oficiales y suboficiales en condiciones de ascender, que remitió la Junta de Calificaciones. Es el universo convocado, no el de los efectivamente revisados.
La División Recursos Humanos mandó esta vez lo que antes no había mandado: la dotación año por año y la lista de fallecimientos de personal en actividad. La fuerza se mantuvo estable en la década: 10.537 agentes en 2016, 10.065 en 2017, 9.987 en 2021, 10.347 en 2025. En ese lapso murieron 153 policías en actividad: 19 en 2016, 14 en 2017, 18 en 2018, 7 en 2019, 16 en 2020, 24 en 2021, 16 en 2022, 18 en 2023, 11 en 2024 y 10 en 2025. Eran en su gran mayoría hombres, y la mayoría tenía entre 41 y 55 años.
Paraná, la jefatura más grande, concentra la mayor cantidad.
El promedio es de 1,5 muertes por cada mil agentes por año. El pico de 2021, con 24 fallecimientos, coincide con el año más duro de la pandemia. Pero esa es una coincidencia de calendario y no una explicación, porque la planilla no dice de qué murió nadie. Recursos Humanos lo aclaró: la causa de muerte no se registra. Sin esa columna no hay forma de saber si en una fuerza de diez mil personas el cáncer pesa más o menos que en el resto de la población.
La planilla de la División Bienestar Policial es la que aporta la novedad más llamativa. Registra los trámites de retiro obligatorio por invalidez iniciados desde 2018; de 2016 y 2017 no hay datos. Son 85 en total: 67 de hombres y 18 de mujeres. La curva no es pareja. Hubo uno en 2018, uno en 2019, tres en 2020, tres en 2021 y uno en 2022. En 2023 fueron ocho. En 2024 saltaron a 33. En 2025 hubo 23 y en lo que va de 2026, doce.
Más de la mitad de todos los trámites de la serie se iniciaron en los últimos dos años completos. La planilla no explica el salto, y puede responder tanto a un cambio en la salud del personal como a un cambio en la forma de registrar o de tramitar. Es una pregunta que la Policía todavía no contestó.
La mayoría de los agentes tenía entre 40 y 49 años al iniciar el trámite: 49 de los 85. La Jefatura Paraná reúne 32 casos; La Paz, 8; la Dirección de Operaciones y Seguridad Pública, 7; Concordia y Gualeguaychú, 6 cada una, y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, la de los policías que patrullan el campo, 5.
De los 85 trámites, sólo seis terminaron con un retiro o un decreto. En 28 la Caja de Jubilaciones emitió un dictamen denegatorio. Diez terminaron en baja por cesantía y varios agentes fueron reintegrados al servicio. La mayor parte figura todavía como "iniciado", sin resolución registrada.
Y un solo caso aparece con causa oncológica: una agente de 49 años de la Jefatura Paraná, con cáncer de mama en tratamiento, que inició el trámite en 2026 y todavía no tiene el retiro dispuesto. Es el único cáncer anotado en toda esa serie.
Ese número no significa que haya habido un solo policía con cáncer en diez años. Significa que, en la única planilla donde la causa quedó escrita, sólo una vez se escribió esa palabra. Los demás diagnósticos, si existieron, quedaron en las licencias, en las obras sociales o en las historias clínicas de los hospitales, fuera del alcance de la institución que los emplea.
Las denuncias ante la ART
En octubre, la División Higiene y Seguridad en el Trabajo había informado que desde abril de 2005, cuando se contrató la aseguradora, no hubo ninguna denuncia por enfermedad profesional vinculada a agroquímicos. En noviembre, la licenciada Luciana Taborda precisó que la ART es la de IAPSER, con contrato N° 4925 vigente desde el 1 de abril de 2005, y entregó el total de denuncias por enfermedad profesional, por cualquier causa, entre 2016 y 2025: fueron 167.
La distribución dice mucho. Hubo una en 2016, una en 2017, seis en 2018 y cuatro en 2019. En 2020 fueron 69 y en 2021, 53. Después la cifra volvió a bajar: siete, ocho, seis y doce. Los años de la pandemia concentran 122 de las 167 denuncias, en coincidencia con el decreto nacional 367/2020, que presumió el covid-19 como enfermedad profesional para los trabajadores de actividades esenciales.
La planilla, sin embargo, no indica de qué enfermedad se trata, así que esa lectura es una hipótesis que la propia Policía debería confirmar. Fuera de esos dos años quedan 45 denuncias en ocho años. Ninguna, según la respuesta de octubre, relacionada con agroquímicos.
En la primera respuesta había quedado expuesta una contradicción interna. Higiene y Seguridad sostenía que la Policía no tiene protocolo de exposición a agroquímicos porque no tiene "puestos de trabajo relacionados a la agricultura".
En el mismo expediente, la División Bomberos Zapadores recordaba que la Resolución Conjunta 1/2018 de los ministerios nacionales de Agroindustria y Ambiente considera a los puestos policiales "áreas sensibles con asentamientos de personas", con una franja de exclusión de 100 metros para la aplicación terrestre y de 200 para la aérea, y una zona de amortiguamiento donde sólo se admiten productos de menor toxicidad.
ANALISIS preguntó entonces si la Policía había comunicado a la autoridad de aplicación la ubicación de sus dependencias rurales como áreas sensibles. El inspector Pedro Sebastián González, de Bomberos, respondió que "se desconoce". Y agregó una interpretación: según la Ley provincial 11.178, de buenas prácticas en materia de fitosanitarios, ese requisito sería "sólo para los establecimientos educacionales".
Bomberos tampoco tiene registro de avisos previos de fumigación cerca de comisarías, ni sabe cuántas actuaciones se iniciaron por aplicaciones en las inmediaciones de un puesto policial.
La paradoja es que la propia Policía cita la norma nacional que protege sus edificios y, en el mismo papel, deja asentado que no sabe si alguien la aplicó.
Mil trescientos policías en el campo
El relevamiento de personal rural llegó esta vez con serie anual. La Dirección de Delitos Rurales informó 28 brigadas, que pasaron de 373 agentes en 2016 a 450 en 2025. Las comisarías de campaña de la costa del Paraná sumaron 531 en 2025, y las de la costa del Uruguay, 380. En total son unos 1.360 policías en dependencias rurales, más de los 1.170 que la misma institución había informado en octubre como dotación actual. La diferencia no está explicada.
Tampoco el dato de la Jefatura Paraná para 2016, que figura en cero, ni el error en la numeración de las brigadas, que la Policía atribuyó a "un error de tipeo".
Hay jefaturas que crecieron, como La Paz, que pasó de 30 a 46 agentes rurales, y otras con saltos difíciles de entender, como Victoria, que va de 25 a 43, vuelve a 24, sube a 47 y termina 2025 con 22.
En octubre, el cruce de esa nómina con las recetas agronómicas de la Dirección de Agricultura mostraba que varias comisarías están en las localidades con más fumigaciones recetadas de la provincia: Isleta, en Diamante; Don Cristóbal Primero y Algarrobitos, en Nogoyá; Basavilbaso y Colonia Elía, en Uruguay; Urdinarrain, en Gualeguaychú. En cinco localidades con recetas de clorpirifos posteriores a su prohibición hay un puesto policial.
Que esos agentes estén expuestos es una inferencia razonable a partir de la geografía. Que esa exposición los haya enfermado es algo que nadie puede afirmar con estos datos, entre otras razones porque la Policía no registra de qué se enferman.
En octubre, la División Finanzas había entregado la única serie que permitía una primera mirada sobre las familias: los agentes que cobran la asignación por hijo con discapacidad, que pasaron de 342 en 2016 a 374 en 2025. Divididos por la dotación de cada jefatura, Islas del Ibicuy, Victoria, Uruguay, Concordia y Gualeguaychú quedaban muy por encima del promedio provincial.
Ese cálculo tenía un problema: se hacía con la dotación de un solo año y con el lugar donde el agente presta servicio, no donde vive su familia. La ampliación pidió los hijos con Certificado Único de Discapacidad, su edad, el tipo de discapacidad y el departamento de domicilio. El comisario inspect...
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