Delta
Claves
- Foto: UNO/Liliana Bonarrigo El Estado nacional se retira y el aporte a la Tarifa Social del transporte se traslada a provincias, municipios, empresarios y usuarios.
- En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta.
- La Secretaría de Transporte de la Nación oficializó una decisión que tendrá consecuencias económicas concretas para el transporte público del interior del país.
El Estado nacional se retira y el aporte a la Tarifa Social del transporte se traslada a provincias, municipios, empresarios y usuarios. Foto: UNO/Liliana Bonarrigo El Estado nacional se retira y el aporte a la Tarifa Social del transporte se traslada a provincias, municipios, empresarios y usuarios. El Estado nacional se retira y el aporte a la Tarifa Social del transporte se traslada a provincias, municipios, empresarios y usuarios.
En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta. La Secretaría de Transporte de la Nación oficializó una decisión que tendrá consecuencias económicas concretas para el transporte público del interior del país. Según la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, se congela el subsidio federal al transporte público por lo que, a partir de la fecha, los aumentos no serán absorbidos por Nación.
La diferencia la pagarán los usuarios o los municipios que se hagan cargo. La Nación congela el aporte a la Tarifa Social del transporte y traslada más presión sobre provincias, municipios, empresarios y usuarios El aporte destinado a financiar la Tarifa Social Federal queda congelado en los valores actuales y deja de actualizarse automáticamente cada vez que aumente el precio del boleto.
Esto significa que, mientras las tarifas continúen ajustándose por el incremento de los costos de explotación —combustible, salarios, repuestos y mantenimiento— la asistencia nacional permanecerá fija y la diferencia deberá ser absorbida por las provincias, los municipios, las empresas prestatarias o, finalmente, por los propios usuarios.
Aunque el Gobierno sostiene que mantiene la asistencia focalizada en los sectores más vulnerables, en los hechos la decisión implica una reducción progresiva de la participación nacional en el financiamiento del sistema cada vez que se produzca una actualización tarifaria. Esto se suma a las demoras en las que incurre Nación para el traspaso de los fondos.