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Claves
- La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del ex gobernador Gustavo Bordet sigue avanzando y cada nueva medida judicial abre interrogantes que exceden el patrimonio del ex mandatario.
- Los allanamientos realizados en las últimas horas vuelven a poner bajo la lupa una trama de relaciones empresariales, familiares e institucionales que atraviesa a buena parte del poder entrerriano.
- Si la información termina siendo confirmada formalmente dentro del expediente, el hecho adquiere una dimensión institucional que trasciende la propia situación procesal de Bordet.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del ex gobernador Gustavo Bordet sigue avanzando y cada nueva medida judicial abre interrogantes que exceden el patrimonio del ex mandatario. Los allanamientos realizados en las últimas horas vuelven a poner bajo la lupa una trama de relaciones empresariales, familiares e institucionales que atraviesa a buena parte del poder entrerriano.
Mientras los fiscales profundizan el análisis de documentación, movimientos patrimoniales, operaciones inmobiliarias y dispositivos electrónicos secuestrados en distintos procedimientos, comenzó a circular un dato que generó fuerte repercusión en ámbitos políticos y judiciales: uno de los empresarios alcanzados por las medidas de investigación tendría vínculos familiares directos con el vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Daniel Omar Carubia, actual integrante de la Sala Penal del máximo tribunal provincial.
Si la información termina siendo confirmada formalmente dentro del expediente, el hecho adquiere una dimensión institucional que trasciende la propia situación procesal de Bordet.
No porque el parentesco implique responsabilidad alguna, sino porque vuelve a exponer una realidad que en Entre Ríos aparece una y otra vez cuando se investigan causas de corrupción, enriquecimiento ilícito, contrataciones públicas o negocios vinculados al Estado: los mismos apellidos, los mismos círculos de relaciones y los mismos sectores de poder reaparecen permanentemente alrededor de los expedientes más sensibles.
La causa que impulsa el fiscal José Emiliano Arias investiga la evolución patrimonial de Gustavo Bordet durante el período comprendido entre 2007 y 2023, etapa en la que ejerció funciones como intendente de Concordia y posteriormente como gobernador de Entre Ríos. Los investigadores buscan determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible con los ingresos declarados oficialmente.
Los procedimientos realizados en Concordia incluyeron la residencia familiar del ex mandatario, propiedades vinculadas a su entorno y una quinta ubicada en el exclusivo complejo Village Termal. Durante los operativos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, documentación comercial, escrituras, registros contables y diversos elementos considerados de interés para la investigación. Sin embargo, el foco político ya no está solamente puesto en los bienes investigados.
La aparición de nombres vinculados al entramado empresarial que rodeó durante años al poder provincial reavivó cuestionamientos históricos sobre la independencia real de las estructuras de control institucional. La situación resulta particularmente delicada porque Daniel Carubia no ocupa cualquier cargo dentro del Poder Judicial.
Se trata de uno de los integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, órgano que interviene en recursos extraordinarios, planteos de nulidad y causas de enorme trascendencia institucional. Su figura ha sido objeto de cuestionamientos y pedidos de apartamiento en expedientes de alto impacto vinculados a corrupción pública, precisamente por las dudas que diversos sectores han planteado respecto de la imparcialidad del sistema judicial entrerriano.
Durante años, Entre Ríos acumuló investigaciones resonantes: contratos truchos, IOSPER, causas vinculadas a ENERSA, la causa Securitas y múltiples expedientes sobre contratación pública. En prácticamente todos esos escenarios aparecieron empresarios, funcionarios, operadores políticos y estructuras que se repetían una y otra vez alrededor del Estado provincial. Por eso el dato que emerge ahora no es menor.
Porque más allá de lo que finalmente determine la Justicia sobre Bordet o sobre cualquier empresario involucrado, la sociedad vuelve a encontrarse frente a una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llegan los vínculos entre quienes deben ser investigados y quienes forman parte de las estructuras encargadas de controlar, juzgar o revisar esas investigaciones? La respuesta no la darán los comunicados partidarios ni las operaciones mediáticas.
La respuesta deberá surgir de la propia investigación judicial, de las pruebas que se incorporen al expediente y de la transparencia con la que actúen los organismos encargados de llevar adelante el proceso. Lo cierto es que los allanamientos continúan, la documentación secuestrada comienza a ser analizada y la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Gustavo Bordet ingresa en una etapa que podría convertirse en una de las investigaciones patrimoniales más importantes de los últimos años en Entre Ríos.
Y mientras eso ocurre, los nombres que empiezan a aparecer alrededor del expediente vuelven a demostrar que, cuando se rasca apenas la superficie del poder provincial, siempre terminan apareciendo las mismas familias, los mismos negocios y los mismos círculos de influencia. Web: