Ofrecen $20 millones de recompensa para capturar al acusado de matar a un policía federal Buscan a un prófugo por el crimen de un agente en Rosario y ofrecen una recom

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizar y detener a Eduardo Rodolfo Muñoz, señalado como uno de los principales investigados por el homicidio del agente de la Policía Federal Argentina Rodolfo Arnaldo Manfredi, ocurrido el pasado 11 de junio en la ciudad de Rosario.

La medida fue oficializada luego de un pedido formulado por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, encabezada por el fiscal Matías Mené, en conjunto con la sede regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Según la investigación, Muñoz estaría vinculado al asesinato del efectivo federal, quien murió durante una emboscada registrada en el marco de un presunto operativo en el barrio Villa Banana.

Tras el hecho, el juez Rodríguez Da Cruz ordenó su captura el 12 de junio. Además de estar prófugo, el sospechoso cuenta con antecedentes judiciales. A fines de 2023 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario a cuatro años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación organizada de tres o más personas.

La resolución que establece la recompensa fue firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y busca incentivar la colaboración ciudadana para avanzar en la investigación y lograr la detención del acusado. Las personas que posean información relevante y no hayan tenido participación en los hechos podrán comunicarse de manera confidencial con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134.

De acuerdo con la Resolución 543/2026, publicada en el Boletín Oficial, la identidad de quienes aporten datos será preservada y el pago de la recompensa quedará sujeto a la evaluación de la utilidad de la información por parte de las autoridades judiciales y de seguridad intervinientes.