OPINAR NO PUEDE COSTAR AMENAZAS

La democracia se debilita cuando el miedo reemplaza al debate, y cuando la banalización le gana a la seriedad. EL DERECHO A OPINAR En democracia, las diferencias políticas se discuten. Las opiniones se responden. Las ideas se confrontan. Lo que nunca puede naturalizarse es la amenaza como mecanismo de intimidación. Quienes ocupamos responsabilidades institucionales estamos expuestos al debate público, a la crítica y al disenso. Y eso está bien. Forma parte de la vida democrática.

Pero existe un límite que ninguna sociedad sana debería permitir que se cruce: la violencia verbal destinada a generar miedo, disciplinamiento o silencio. Ante hechos de público y notorio conocimiento, correspondía recurrir a las instituciones y permitir que la Justicia investigue y determine responsabilidades conforme a derecho. En una democracia madura, los conflictos deben resolverse dentro del marco institucional y no mediante presiones, agravios o conductas intimidatorias.

No se trata solamente de una cuestión personal. Lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el derecho a opinar libremente y el resguardo institucional que la democracia otorga a quienes ejercen representación pública. La Constitución Nacional y las normas provinciales protegen especialmente la libertad de expresión de los legisladores porque entienden que una democracia no puede funcionar bajo amenazas o presiones.

La Ley Orgánica de Municipios de Entre Ríos establece expresamente que los concejales no pueden ser molestados por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. Esa protección no constituye un privilegio individual. Es una garantía para toda la sociedad. Porque cuando se intenta silenciar a un representante mediante intimidación, lo que en realidad se afecta es la libertad política colectiva. EL DIÁLOGO COMO FORTALEZA Vivimos una época donde la agresión parece muchas veces más rentable que la reflexión.

Las redes sociales, la lógica de la confrontación permanente y cierta degradación del debate público han instalado la idea de que gritar es más eficaz que escuchar. Sin embargo, el diálogo no puede interpretarse como debilidad. Muchas veces constituye el mayor acto de coraje político. Escuchar al otro, aceptar diferencias y sostener el respeto institucional incluso en medio del desacuerdo requiere mucha más fortaleza que el agravio fácil o la violencia verbal.

Las sociedades no se deterioran solamente por las crisis económicas. También se erosionan cuando se rompen los mínimos acuerdos de convivencia. Los cimientos de una comunidad sana no se construyen desde el odio ni desde la descalificación permanente, sino desde aquello que todavía nos une como sociedad. Por eso debemos defender una idea simple pero fundamental: ninguna diferencia política, institucional o personal habilita amenazas, agravios violentos ni conductas intimidatorias.

No podemos construir una convivencia democrática donde el miedo sustituya al debate. UNA CONVIVENCIA QUE DEBEMOS CUIDAR Aquí, en Concepción del Uruguay, somos testigos de una realidad que merece ser preservada. Como bien ha señalado Juan Carlos Lucio Godoy en cada oportunidad que puede, nuestra ciudad mantiene una sana armonía política e institucional que ha permitido sostener diálogo, convivencia y respeto entre distintos sectores. Esa convivencia no debe verse como una excepción ni como una casualidad.

Es un capital social y político construido durante muchos años que debemos cuidar entre todos. No podemos permitir que la crispación nacional termine contaminando la paz local. Nuestra ciudad ha demostrado que es posible disentir sin dividirse, debatir sin agredir y defender convicciones sin perder humanidad. Pero sostener esa armonía exige también compromiso ciudadano.

Hace falta una verdadera masa crítica de vecinos, instituciones y dirigentes capaces de defender los intereses colectivos de la comunidad y preservar los valores democráticos que nos identifican. Porque hay momentos donde el silencio social también termina debilitando la democracia. Debemos animarnos a alzar la voz, pero siempre con respeto, no desde la confrontación estéril, sino desde la convicción profunda de que nadie va a cuidar nuestra ciudad mejor que nosotros mismos.

Un pueblo comprometido con su destino es un pueblo imposible de ignorar. LOS LÍMITES QUE NO DEBEN CRUZARSE Hay una responsabilidad aún mayor cuando quien amenaza conoce el funcionamiento de las instituciones, el alcance de las normas y las consecuencias de sus actos. Allí la gravedad se multiplica, porque ya no hablamos de un exabrupto aislado, sino de una conducta consciente que busca generar amedrentamiento. La democracia necesita firmeza institucional, pero también límites éticos.

Necesita dirigentes capaces de sostener discusiones intensas sin perder el respeto por la ley ni por el otro. La patria puede ser un hecho accidental. Pero la comunidad es una construcción cotidiana. Y esa construcción exige abandonar la lógica del enemigo para volver a reconocernos como parte de un mismo destino colectivo. También debemos ser responsables en el uso de las instituciones y de las herramientas que la democracia ha construido para proteger derechos.

La Justicia no puede transformarse en un escenario de operaciones políticas ni en un mecanismo para mediatizar conflictos sin sustento. Mucho menos pueden banalizarse instrumentos fundamentales vinculados a la protección frente a situaciones de violencia de género o cualquier otro sistema de tutela de derechos, utilizándolos únicamente para obtener impacto mediático circunstancial. Cada denuncia exige seriedad, prudencia y responsabilidad.

Cuando se recurre a la Justicia debe hacerse con pruebas concretas, objetivas y verificables, permitiendo que las instituciones actúen con independencia y conforme a derecho. Esa diferencia no es menor.

También corresponde valorar el trabajo cotidiano de quienes sostienen el funcionamiento del sistema judicial: empleados, funcionarios, fiscales, defensores y jueces que diariamente afrontan situaciones complejas, muchas veces vinculadas a delitos graves, violencia, vulnerabilidad social y conflictos humanos profundos. Son personas que trabajan bajo enorme presión y con enorme responsabilidad institucional, garantizando derechos y sosteniendo uno de los pilares centrales de la convivencia democrática.

Por eso resulta especialmente reprochable utilizar el aparato judicial de manera irresponsable o especulativa, promoviendo denuncias o presentaciones sin sustento con la sola finalidad de instalar mediáticamente conflictos políticos o personales. Porque detrás de cada actuación judicial hay tiempo, recursos públicos y trabajo humano que deberían estar orientados prioritariamente a resolver los verdaderos problemas que afectan a la sociedad y a proteger a quienes realmente necesitan tutela institucional.

Cuando se frivolizan herramientas tan sensibles, lo que termina debilitándose es la confianza social en mecanismos que existen precisamente para proteger derechos, asistir a víctimas y garantizar convivencia democrática. Hay límites que nadie debe traspasar y amenazas que ninguna sociedad democrática debería naturalizar. Porque defender el derecho a opinar no es defender a una persona. Es defender una de las bases esenciales de la vida democrática. (*) Abogado y Concejal.

Vicepresidente 1° del HCD de Concepción del Uruguay. Presidente del Bloque “Juntos por Uruguay” – P J.