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Claves
- En declaraciones en Puro Cuento por Radio Plaza, el letrado afirmó que se trata de una práctica de “vieja data” dentro de la fuerza y destacó el valor de los efectivos que decidieron denunciar a sus superiores.
- “En una organización jerárquica y verticalista como es la policía, que se hayan animado un grupo de funcionarios y funcionarias a denunciar a sus superiores es realmente un logro y un mérito”, expresó.
- Según explicó, la maniobra consistía en retirar policías de sus funciones ordinarias para enviarlos a cubrir adicionales, mientras que el pago era percibido por otras personas que prestaban sus cuentas bancarias.
El abogado Rubén Pagliotto, representante de un grupo de policías que denunció irregularidades en el manejo de fondos de adicionales en la Policía de Entre Ríos, sostuvo que existía una estructura organizada para desviar dinero público mediante el cobro de servicios que no eran realizados por quienes figuraban oficialmente.
En declaraciones en Puro Cuento por Radio Plaza, el letrado afirmó que se trata de una práctica de “vieja data” dentro de la fuerza y destacó el valor de los efectivos que decidieron denunciar a sus superiores. “En una organización jerárquica y verticalista como es la policía, que se hayan animado un grupo de funcionarios y funcionarias a denunciar a sus superiores es realmente un logro y un mérito”, expresó.
Según explicó, la maniobra consistía en retirar policías de sus funciones ordinarias para enviarlos a cubrir adicionales, mientras que el pago era percibido por otras personas que prestaban sus cuentas bancarias. “El servicio se hacía, pero el que lo hacía era sacado de un objetivo de custodia”, detalló. Pagliotto señaló que parte de esos fondos luego eran retirados en efectivo y distribuidos entre distintos niveles de la estructura policial.
“Estamos hablando que los dos últimos años se esfumaron de una manera ilegítima e irregular más de cinco millones de dólares”, denunció. El abogado aseguró además que existían funcionarios obligados a prestar sus cuentas y otros que participaban creyendo que se trataba de un mecanismo legal de financiamiento para mejorar dependencias policiales. También afirmó que algunos registros documentales habrían sido destruidos.
“Los libros que no van a aparecer, que fueron necesariamente pedidos por los fiscales, fueron mandados a quemar”, sostuvo. En ese marco, apuntó contra la conducción de la fuerza y el Ministerio de Seguridad provincial. “Esto incluso era sabido por el ministro Roncaglia”, afirmó, y consideró que hubo responsabilidades “por acción u omisión”.
Respecto al avance judicial, Pagliotto destacó el trabajo de la Fiscalía y la resolución del juez Julián Vergara, quien hizo lugar a una medida cautelar de protección para los denunciantes. La disposición ordena a la Jefatura de Policía abstenerse de tomar represalias directas o indirectas contra quienes impulsaron la denuncia. “Lo que denunciamos son literalmente delitos”, remarcó el abogado, quien sostuvo que la investigación busca depurar responsabilidades dentro de la fuerza.
Finalmente, señaló que hasta el momento solo se registraron algunas sanciones administrativas menores, aunque insistió en que la gravedad de los hechos denunciados requiere respuestas judiciales y políticas de mayor profundidad.