La jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, describió un sistema penitenciario atravesado por la sobrepoblación, la insuficiencia de recursos y las dificultades para ofrecer tratamientos que permitan una reinserción efectiva. Advirtió que las condenas cortas de cumplimiento efectivo pueden resultar contraproducentes, reconoció la falta de profesionales de salud mental y señaló que el Patronato de Liberados tampoco cuenta con estructura ni presupuesto suficientes.
En diálogo con el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), durante una entrevista conducida por Daniel Enz, la magistrada explicó los criterios para conceder beneficios, se refirió a las condiciones de alojamiento de Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, y sostuvo que la resocialización pierde sentido cuando las personas privadas de libertad pueden continuar cometiendo delitos desde las unidades penales.
La situación carcelaria de Entre Ríos expuso una tensión difícil de resolver: mientras crece la cantidad de personas privadas de libertad, las herramientas institucionales para atenderlas no avanzan al mismo ritmo. Cecilia Bértora, jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, tiene bajo su jurisdicción entre 1.400 y 1.500 internos, distribuidos en las ocho unidades penales provinciales y también en establecimientos de otras jurisdicciones como el caso de Córdoba o Buenos Aires, para citar dos ejemplos.
El volumen de esa población -explicó- obliga a revisar tanto el funcionamiento de la Justicia como las posibilidades reales de tratamiento dentro de las cárceles.
Uno de los factores que, según su análisis, incidió en el aumento de los encarcelamientos fue una Justicia que comenzó a imponer más condenas a partir de los cambios procesales y de la aplicación de los juicios abreviados. Pero, Bértora puso el acento en una consecuencia que consideró especialmente problemática: la cantidad de penas breves de cumplimiento efectivo. “Hay muchos (condenados) de 6 meses, 9 meses, 8 meses, mucha condena corta que realmente son iatrogénicas, es decir, no sirven para nada”, afirmó.
Y explicó que esas detenciones terminan por introducir a las personas en el contexto carcelario sin que el sistema pueda ofrecerles un tratamiento adecuado.
La falta de recursos atravesó buena parte de sus respuestas en la entrevista en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral). En materia de salud mental, reconoció que el abordaje psiquiátrico comenzó a desarrollarse, aunque la atención psicológica seguía limitada por la escasez de profesionales frente al número de internos. En la Unidad Penal número 1, precisó, hay alrededor de 1.070 personas alojadas, una cifra muy superior a la población de 200-300-400 internos que existía décadas atrás.
El crecimiento penitenciario -sostuvo- no tuvo una respuesta equivalente en la estructura de atención.
Tampoco el acceso al trabajo y a la educación alcanzan a todos. Bértora estimó que aproximadamente la mitad de quienes solicitan esas herramientas logra acceder a ellas. Sin embargo, aclaró que las audiencias para evaluar beneficios exigen determinados puntajes de concepto y conducta, vinculados con la participación en cursos, estudios o actividades laborales.
La demanda, por lo tanto, no puede confundirse con una cobertura efectiva ni con una política de tratamiento capaz de llegar al conjunto de la población carcelaria.
La situación de las mujeres privadas de libertad también apareció en la entrevista con Daniel Enz. La jueza señaló que la creación de un sector femenino en la Unidad Penal número 9 de Gualeguaychú permitió descomprimir problemas de convivencia, mediante traslados entre establecimientos según las condiciones de cada grupo.
Sin embargo, la respuesta no modifica el panorama general: “¡Pero la mayoría de las cárceles están así!”, contestó cuando Daniel Enz observó que la unidad de mujeres parecía conservar condiciones de otra época por su deterioro.
En cuanto a los controles penitenciarios, Bértora consideró que el ingreso de drogas y teléfonos celulares no podría explicarse sin irregularidades internas. “Hay funcionarios infieles, seguro”, advirtió, al señalar fallas en las requisas o la participación directa de agentes en el ingreso de elementos prohibidos. También mencionó una modalidad de presión entre internos y sus familias: grupos que exigen dinero mediante amenazas.
En cambio, defendió el funcionamiento del monitoreo electrónico para quienes cumplen medidas fuera de las unidades penales y explicó que el sistema detecta de inmediato cuando una persona se quita la pulsera.
La entrevista en el programa “Cuestión de Fondo” también abordó la ejecución de las condenas de Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Bértora indicó que, después de las audiencias de conocimiento y las entrevistas realizadas por videoconferencia, el Juzgado recibe los informes de los equipos técnicos, que luego quedan a disposición de las partes. Confirmó que Aguilera es el único de los tres que estudia y que Urribarri ha solicitado trabajar en el sector de panadería de la Unidad Penal 9.
Sobre el pedido de prisión domiciliaria por razones de salud presentado por la defensa del exgobernador, explicó que debía seguir el procedimiento administrativo correspondiente dentro de la unidad penitenciaria.
La jueza también justificó las restricciones a las visitas. Aunque reconoció que la reglamentación vigente provenía de otro contexto, consideró que ampliar el ingreso de personas a las cárceles resulta inviable por la cantidad de internos y el riesgo de colapso de los establecimientos. La posibilidad de autorizar visitas de personas que no fueran familiares directos -aclaró- ya existía para quienes carecen de vínculos familiares disponibles.
El diagnóstico más contundente llegó al referirse a las posibilidades de reinserción. Bértora admitió que quienes cumplen penas cortas sin acceso a tratamientos, educación o capacitación tienen escasas oportunidades de salir en mejores condiciones. “Creo que estas personas no pueden salir mejores”, admitió. Para otros internos, con acceso al estudio, al trabajo y a una atención psicológica -aunque sea cada quince días o una vez por mes-, consideró que sí podía abrirse un proceso de revisión personal.
La insuficiencia institucional alcanzaba también al Patronato de Liberados. “Les falta estructura, les falta presupuesto, como a todos”, reconoció. Esa carencia -explicó-, impide ampliar los tratamientos por consumo problemático de sustancias y los talleres destinados a personas condenadas por delitos vinculados con la violencia de género o contra la integridad sexual.
Con una experiencia de poco más de una década en la función, Bértora encontró una señal alentadora en los encuentros ocasionales con personas que han pasado por su Juzgado y lograron reconstruir sus vidas. Algunas incluso se acercaron para reprocharle que en su momento no les hubiera concedido una salida. Ella interpretó esos gestos como una forma de reconocimiento al trato recibido. Y dejó una reflexión que sintetizó su mirada sobre la tarea judicial: “No con dar salida, estas personas mejoran”.
A veces, sostuvo, un límite puede abrir la posibilidad de revisar lo que se hizo mal. Pero, esa responsabilidad individual difícilmente alcance si el sistema penitenciario no dispone de las herramientas necesarias para acompañar una verdadera reinserción.
- ¿Cuántas personas están hoy presas en las unidades que usted controla, y cuántas de ellas son de Paraná y zona de influencia?
-Bueno, la verdad es que las cárceles son de la provincia y yo tengo internos alojados en las ocho cárceles que tiene la provincia. No es que las cárceles dependan de mí.
-Hablamos de su jurisdicción. Está claro porque el caso de Sergio Uribarri, por ejemplo, está en Gualeguaychú, pero depende de su Juzgado.
-Claro, y también hay internos que dependen de mi Juzgado que están en Córdoba o en Santa Fe o en Buenos Aires también. Bien, ¿cuántos dependen del Juzgado? 1.400-1.500.
- ¿Qué estructura tiene usted? ¿Sigue teniendo la misma estructura de siempre? Ahora se ha hecho una división.
-Ha habido algunos cambios en cuanto a que se incorporó al doctor Jorge Sueldo como un segundo magistrado en el Juzgado. Y o que se ha cambiado es toda la gestión. Entonces, ya no tiene que ver con cantidad de empleados sino cómo se está llevando la gestión. Y, sobre todo, porque se está atendiendo a un acusatorio. Si bien no podemos todavía aplicar un sistema acusatorio en Ejecución Penal porque hacen falta más fiscales y defensores para que ellos aborden la cuestión desde sus posiciones participativas.
Entonces, es un sistema mixto donde todavía se sigue como un Juzgado de Transición, si se quiere o de Instrucción: se sigue llevando la causa en papel en el Juzgado, Pero, bueno, se hacen las audiencias y eso ha agilizado mucho el trámite. Los empleados ya no dependen más del Juzgado, dependen de la Sala Penal, porque corresponde a la OGA, es decir, a la Oficina de Gestión de Audiencias.
-Por qué hay más presos: ¿por más delitos, por penas más largas, menos libertades anticipadas o una justicia que condena más?
-Seguramente, que es una Justicia que condena más desde el cambio del Código, hasta el “adherir” de los abreviados. También hay una cantidad grande de condenas cortas que tienen que ser de prisión efectiva, porque es lo que se dispone desde la ley, una vez que uno ha tenido una condicional, probation, ha pasado por otras instancias que han fallado, no queda otra que una condena de ejecución efectiva. Entonces, sí o sí tienen que ir a la cárcel.
Hay muchos (condenas) de 6 meses, 9 meses, 8 meses, mucha condena corta que realmente son iatrogénicas, es decir, no sirven para nada. Es solamente inoculación, es decir, es guardar a las personas dentro del contexto carcelario y no se le puede brindar ningún tipo de tratamiento.
- ¿Y cómo se explica que, a pesar de las restricciones de visitas, con las requisas y controles que existen, con los centros de monitoreo con cámaras de vigilancia, siempre se encuentran drogas, celulares y hasta la organización de delitos desde dentro de los penales? ¿Cómo lo entienden ustedes?
-Hay funcionarios infieles, seguro. Porque de lo contrario no podría ingresar nada de lo que ingresa. Es decir, hay una requisa mal hecha, tanto respecto de las visitas como de los internos que están con salidas y regresan a la Unidad Penal luego de su salida, o tal vez simplemente sean funcionarios que ya de por sí ellos ingresan drogas o celulares.
-Cuando un preso con salida transitoria o libertad condicional vuelve delinquir, la sociedad lo primero que mira son a los jueces de Ejecución. ¿Usted cómo vive esas situaciones?
-Lo veo como una situación esperable porque son personas que han cometido delitos. Es una cosa que se da con una frecuencia bastante, digamos, con muy poca frecuencia. ¿Por qué? Porque están los equipos técnicos que están evaluando a los internos para ver si se les puede otorgar o no la salida. En la gran mayoría de los casos, todo funciona bien, en algunos casos no funciona.
- ¿Cuántos beneficios otorga y cuántos rechaza por mes? ¿Se tiene un dato así de específico?
-No.
-Pero más o menos, como para hacernos de alguna idea.
-De instituto debo tener cuatro audiencias por día, son 20 a la semana: sería 100. Así que se podría decir que un 30% es favorable y el resto no quiere decir que sea desfavorable. A veces necesitan mayor cantidad de informes o la intervención del Copnaf, algún otro pedido que está pendiente. Entonces, se hace otra audiencia para completar lo que falte.
- ¿Y cómo controla el cumplimiento de las reglas de conducta? ¿Funcionan las pulseras electrónicas o también tienen fallas que los presos van detectando y por ende resulta incontrolable?
-El sistema hasta ahora funciona perfectamente bien. Es decir, digo hasta ahora porque -como usted dice-, posiblemente los internos puedan encontrar la forma...
Delta