Perfume de depredador: recuerdos y por qué el abuso no debe prescribir | Análisis

Tras las pésimas noticias procedentes de Chile, donde un importante caso documentado de abuso sexual clerical fue declarado prescrito por los tribunales, asunto que se consideró en la entrega previa de esta serie, las noticias desde Argentina ofrecen un rayo de esperanza para las víctimas de abuso sexual, clerical o de otro tipo, cuyos delitos han seguido patrones similares en toda América Latina.

El caso es promovido por las víctimas de Justo José Ilarraz, un ahora exsacerdote católico que ofrecía sus servicios y perpetraba sus abusos en la arquidiócesis de Paraná, a 370 kilómetros al norte de Buenos Aires. El caso es uno de los capítulos más dolorosos, institucionalmente dañinos y legalmente paradójicos en la historia del abuso sexual a manos de clérigos en la Iglesia Católica.

Lo que hace que el caso de Ilarraz sea particularmente doloroso para la Iglesia Católica, más allá de otros fallos sistémicos de rendición de cuentas, es cómo representa la intersección entre la autoridad religiosa, el trauma generacional y el complejo legado de la última dictadura militar de Argentina (1976-83).

El deterioro institucional expuesto por el caso se agravó porque ocurrió en la arquidiócesis de Paraná bajo el liderazgo de Estanislao Esteban Karlic, una figura por lo demás reverenciada por su consistente defensa de los derechos humanos. De 1985 a 1993, Ilarraz se desempeñó como tutor, profesor y director espiritual en el Seminario Menor de Paraná.

Dos años antes, Juan Pablo II había nombrado a Karlic coadjutor de Paraná, entonces gobernada con mano de hierro por Adolfo Servando Tortolo, quien además de su papel en Paraná era el todopoderoso obispo de la diócesis militar. Sería imposible ofrecer una evaluación exhaustiva de lo que ocurría en Paraná en aquel momento; baste decir que el papa Pablo VI nombró a Tortolo jefe de la diócesis militar el 7 de julio de 1975, con la aprobación de Estela Martínez de Perón.

Ella había asumido la presidencia tras la muerte de Juan Domingo Perón el 1 de julio de 1974. Tortolo se convirtió en vicario militar menos de nueve meses antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Paraná era, a todas luces, un bastión católico en aquella época.

La Iglesia Católica mantenía una amplia presencia en la provincia de Entre Ríos, al norte de la pampa húmeda, en pleno corazón de la Mesopotamia argentina, una región con una fertilidad agrícola similar a la vecina pampa húmeda, considerada entre las mejores del mundo. Tortolo usó este entorno aislado y conservador para refugiar a un grupo de clérigos oportunistas y problemáticos.

Sacerdotes como Justo José Ilarraz y Carlos Miguel Buela (fundador del Instituto del Verbo Encarnado) habían chocado con los jerarcas de Buenos Aires y Córdoba, o habían sido expulsados discretamente de ahí. Tortolo, que ejercía simultáneamente como el todopoderoso obispo de la diócesis militar, los acogió en Paraná y ofreció refugio a clérigos de línea dura.

Aunque Tortolo era demasiado tradicionalista para desafiar al papa Pablo VI, el caos estructural y los escándalos que nacieron bajo su gestión no pasaron desapercibidos para Roma. Buela se iría de Paraná hacia el poniente, cerca de la frontera con Chile, para “refugiarse” en la diócesis de San Rafael. Esa entidad aún trata de recuperarse de la devastadora influencia del fundador del Instituto del Verbo Encarnado y de otros profesores de Paraná que le declararon la guerra al papa Francisco.

El propio papa Bergoglio lo explicó en una carta que da cuenta de por qué cerró ese seminario, una crisis que recuerda en más de un aspecto la experiencia previa en Paraná donde Ilarraz tomó como rehenes a adolescentes para satisfacer sus apetitos. Invitar a los problemas Al llevar a estas figuras al seminario local, Tortolo invitaba a un desastre institucional a largo plazo, no solo para Paraná, sino para la Iglesia Católica global.

Al reconocer el creciente deterioro administrativo y moral, el papa Juan Pablo II acabó por eludir la autoridad de Tortolo mediante una precisa maniobra canónica. En 1983, en lugar de conceder a Tortolo un obispo auxiliar que se mantendría bajo el control del arzobispo, Roma nombró a Estanislao Karlic como obispo coadjutor.

Esta distinción era vital: como coadjutor, Karlic poseía el derecho automático de sucesión y un peso administrativo inmediato, lo que indicaba que Roma le había tomado la medida a Tortolo y gestionaba activamente la transición del poder lejos del prelado favorito de la dictadura. Bajo esta jerarquía tensa y de transición fue donde Ilarraz operó su pervertido sistema de reclutamiento de víctimas.

Como profesor en Paraná, tenía un acceso absoluto y directo a varones vulnerables de entre 12 y 15 años, muchos de quienes procedían de familias rurales humildes y tradicionales, incluidas las colonias locales de descendientes de alemanes y polacos, que veían el sacerdocio como la más alta vocación moral.

Lejos de ofrecer orientación pastoral, Ilarraz utilizó su autoridad religiosa y un repertorio seleccionado de trucos conductistas psicológicos de la época para construir un perverso sistema de abuso, lo que ahora se llamaría grooming.

Con patrones similares observados antes en la Legión de Cristo en México y después en el Sodalicio peruano y el mencionado Instituto del Verbo Encarnado, silenció a sus víctimas mediante una teología distorsionada de la obediencia, que presentaba el abuso grave, incluida la violación sexual, como parte de pactos privados y espirituales.

Esto ocurría en Paraná cuando Karlic, que ya en 1986 era el arzobispo, había hecho todo lo posible para distanciarse de Tortolo, caracterizado por sus relaciones cercanas, incluso de complicidad, con la dictadura militar. Hubo casos en los que sacerdotes de la diócesis militar llegaban a violar el secreto de confesión para ofrecer a la cúpula militar datos con los que perpetrar ataques contra grupos que la Junta Militar había declarado sus enemigos.

Uno de esos casos, documentado y juzgado en Argentina, es el de Christian von Wernich, capellán de la diócesis militar. Durante los años más oscuros de la dictadura militar, cuando amplios sectores de la jerarquía católica condonaron, ignoraron o facilitaron explícitamente el terrorismo de Estado, como en el caso de Tortolo, Karlic y otros prelados se destacaron como defensores de los derechos humanos.

Cuando surgieron los primeros informes internos en el seminario a principios de los noventa, el aparato eclesiástico optó por la preservación institucional en lugar de la denuncia penal. Una investigación diocesana secreta de mediados de los noventa declaró a Ilarraz culpable de abusos, pero el remedio canónico aplicado no fue otra cosa que un encubrimiento sistémico. En lugar de laicizarlo y reportar a los fiscales penales, Ilarraz fue enviado a Roma para cursar estudios teológicos avanzados.

Más tarde ocupó importantes cargos administrativos en Europa antes de regresar a Argentina, donde reanudó discretamente su ministerio sacerdotal público en otras jurisdicciones bajo el estricto mandato de evitar únicamente la zona de Paraná. Profunda ironía La profunda ironía de esta estrategia de contención radica en la identidad de la jerarquía local. Paraná había sido moldeada por el legado de figuras como Karlic, a menudo clasificadas entre los pocos "buenos obispos" de la historia argentina reciente.

Este capital histórico en derechos humanos hizo que la posterior revelación de lo que ocurría en el seminario fuera una traición exponencialmente más devastadora. Las instituciones, la autoridad moral y las redes de confianza forjadas para combatir la opresión se usaron para suprimir los testimonios de los sobrevivientes de abuso.

La trágica paradoja implicó que una jerarquía universalmente celebrada por enfrentarse al poder de la junta militar careció, en última instancia, del valor institucional para confrontar a un sacerdote depredador en sus propios claustros. Para las víctimas, esto creó una barrera psicológica agonizante: denunciar implicaba exponer un sistema dirigido por figuras que simbolizaban la conciencia moral de la nación. Callar significaba convertirse en cómplice de otra forma de abuso sistemático de los derechos humanos.

El muro de silencio se fracturó finalmente en 2012, cuando un grupo de sobrevivientes, para entonces ya adultos, presentaron denuncias penales en tribunales. Lo que siguió fue una batalla legal prolongada y desgastante que expuso las profundas limitaciones y contradicciones tanto del poder judicial argentino como de la Iglesia Católica. En 2018, un tribunal provincial condenó a Ilarraz a 25 años de prisión por abuso sexual agravado.

Sin embargo, la defensa utilizó inmediatamente como arma la prescripción, argumentando que habían transcurrido décadas desde la comisión de los delitos. La batalla legal culminó en una controvertida decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que efectivamente se lavó las manos en el asunto. El tribunal emitió una resolución superficial y técnicamente rígida que dejó libre a Ilarraz mediante el sobreseimiento por prescripción.

Una entrega previa de esta serie ofreció otros detalles del caso de Ilarraz y el de Raúl Sidders. El texto aparece vinculado después de este párrafo. Crucialmente, el sobreseimiento no probó su inocencia; simplemente declaró que el tiempo se había agotado. Esto generó una enorme crisis de credibilidad, pues envió una señal clara al clero depredador de que si lograban suprimir los testimonios el tiempo suficiente, el Estado garantizaba su impunidad.

Un archivo PDF con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina está disponible después de este párrafo. En una nueva muestra de disonancia institucional, el Vaticano, ya con Francisco como papa, reabrió oficialmente un juicio interno tras la condena secular y laicizó por completo a Ilarraz, expulsándolo definitivamente del estado clerical en 2024.

Así surgió una paradoja sorprendente: mientras la Iglesia Católica declaraba formalmente que no quería tener nada más que ver con Ilarraz, el Estado argentino recurría a un vacío técnico para negar el acceso a la justicia. Continuar la batalla Negándose a aceptar esta bofetada institucional, un núcleo de cuatro sobrevivientes trasladó la batalla al ámbito internacional.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió oficialmente su denuncia, abriendo la puerta para que el caso sea litigado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al enmarcar la falta de enjuiciamiento por parte del Estado como una violación estructural de los marcos internacionales de protección de la infancia y de los derechos humanos, los sobrevivientes de Paraná han transformado su trauma local en un precedente internacional histórico, desafiando directamente la impunidad amparada por el Estado que protege el abuso institucional en toda América Latina.

Lo que sigue es una transcripción editada de la conversación que Los Ángeles Press mantuvo con Hernán René Rausch, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, víctima de Justo José Ilarraz, cuyo caso será revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la expectativa de forzar un cambio en la resolución de la Corte Suprema argentina que, como tal, tiene el potencial de repercutir en toda América Latina, donde casos similares han tenido resultados idénticos, como la resolución de la semana pasada respecto a José Francisco Cox Huneeus y, antes de eso, el caso del exjesuita pero aún sacerdote Felipe Berríos, ambos de Chile.

"Hechos gravísimos que ameritaron la expulsión del Estado clerical" haber manifestado y aplicado la sanción el mismo papa Francisco, al reducirlo al estado laical, es un indicativo de las circunstancias eh graves que han transcurrido en el seminario en esa época. Cabe destacar que ya existió una primera investigación en los años 90 donde se lo encontró culpable y se y se lo envió al destierro, es decir, se lo saca del seminario, luego se...