Precscripción y nulidad: los Etchevehere buscan hacer caer denuncia en su contra

La denuncia penal que presentó en 2013 Dolores Etchevehere contra su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere por supuestas maniobras de vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de “El Diario” y poseedora de una innumerable cantidad de propiedades de alto valor económico tropieza, trece años después, con dos planteos que podrían hacer naufragar la investigación judicial.

El abogado Rubén Pagliotto, que representa los intereses de los Etchevehere en la Justicia, acudió con dos planteos. El primero apunta a que se declare la nulidad de todo lo actuado. “La denuncia que origina la presente causa se formula en contra de toda la normativa procesal pertinente.

También es contraria a la ley sustantiva relacionada, y expresa un sentido institucional lesivo del marco normativo general de nuestro sistema constitucional”, dice el escrito que se presentó ante el juez de Garantías Pablo Nicolás Zoff. Y arguye: “En primer lugar, la denuncia se presenta por la hija de la imputada (Dolores Etchevehere), quien no es lesionada por el supuesto delito (..), toda vez que no tiene ninguna participación societaria en la firma cuya administración fraudulenta denuncia (SAER)”.

Y agrega: “Por lo demás, la denuncia es presentada por una hija contra su madre y sus hermanos, en flagrante lesión del art. 181° del Código de Procedimiento que expresamente prohíbe ese comportamiento”. Dice Pagliotto: “La denunciante es hija de la denunciada como autora y hermana de los señalados como partícipes, y como es conocido, no posee ninguna participación societaria en la firma en cuestión”.

“Así –agrega-, puede sostenerse sin hesitación que: a) la persecución penal careció de una vía legítima de iniciación; b) el Ministerio Público Fiscal actuó sin un presupuesto habilitante válido; c) y ello ha vulnerado de manera insanable el principio de legalidad procesal como garantía derivada del art. 18° de la Constitución Nacional”.

Además el defensor de los Etchevehere planteó la prescripción de la acción penal, tal como lo han hecho los hermanos Walter y Viviana Grenón, también imputados en la causa por el delito de administración fraudulenta, y que está a resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Estafa Etchevehere: piden remisión de la causa a juicio “Conforme el auto de procesamiento, el integral suceso de fraudulenta administración de la Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER) se habría perpetrado en la forma del ´vaciamiento´ de la sociedad a consecuencia de la enajenación de bienes de la misma ´durante el período comprendido entre los años 2011 a 2015´ (…), ventas que se autorizan en el acta de Directorio del día 16/03/2012.

Más allá de las precisiones dogmáticas que correspondería formular, pero que nos detraerían de la cuestión central y convencidos de que V.S. las conoce mejor que estos curiales, si tomáramos aquél 16 de marzo de 2012 como ´tiempo de comisión´, en consideración a que el delito tiene un término de prescripción de seis años, puesto que ese es el máximo de pena que tiene previsto (…), la acción penal habría prescripto día 16 de marzo de 2018”, sostiene el defensor.

Pero toma otro dato: la fecha de citación a indagatoria de los Etchevehere, el 20 de diciembre de 2.016. “Así las cosas, el día 20 de diciembre de 2022 ha cesado definitivamente la pretensión legítima del estado de someter a juzgamiento y a pena a la Sra. Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y a sus hijos Luis Miguel, Sebastián Arturo y Juan Diego Etchevehere”, subraya.

La historia de la denuncia El 6 de diciembre de 2013, el fiscal Ignacio Aramberry elevó al entonces juez de Instrucción Alejandro Grippo la “denuncia presentada por la ciudadana Dolores Etchevehere ante esta Fiscalía a mi cargo”: 20 carillas de mucha información que ponía contra las cuerdas a sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.

El 20 de diciembre de ese año, Dolores Etchevehere ratificó ante el juez Grippo los términos de la denuncia formulada por escrito. Contó de qué modo, con qué maniobras, bajo qué paraguas su familia pretendió cometer una serie de hechos ilícitos en las empresas familiares que tendrían alto impacto social: en 2018, una de las firmas del holding familiar, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, dejó en la calle a 80 trabajadores sin pagarles indemnización, e ingresó en concurso preventivo.

Bajo el paraguas del urribarrismo, en 2010 había ingresado a SAER el empresario santafesino Walter Greón, que estuvo hasta 2012 cuando fue la incursión de otro santafesino, Ramiro Nieto: en la última década, el negocio periodístico de los Etchevehere y sus socios circunstanciales viró de tal forma que convirtieron a un medio clave en la Provincia en un libelo con ideario negociable. Pero en el génesis de la causa por estafa que involucra a los Etchevehere ocurrió lo impensado.

Extrañamente, el 6 de febrero de 2014, la agente fiscal Evangelina Santana dictaminó lo que sigue: “Atento a la entidad del hecho que diera inicio a las presentes y siendo factible que el conflicto suscitado en autos pueda ser resuelto mediante el proceso de mediación, ante la pronta implementación en nuestra jurisdicción del nuevo ordenamiento adjetivo, remítase las presentes actuaciones a la Delegada Judicial del Ministerio Público Fiscal, Dra.

Paola Farinó, a fin de que consulte a las partes y en caso de que presten su consentimiento, celebre la mediación”. El 24 de febrero, y tras entrevistarse con Dolores Etchevehere, Farinó informa que la mediación resulta inviable. El 6 de marzo, la agente fiscal Santana anoticia al juez Grippo de la continuación de la causa penal.

La primera medida que dicta el magistrado es pedir a la Dirección de Personas Jurídicas de Entre Ríos información sobre la composición societaria de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, y de Construcciones del Paraná SA. También, a los bancos Itaú y de Entre Ríos para que informen sobre líneas de crédito otorgadas a la firma Las Margaritas, también del holding de los Etchevehere.

Dolores Etchevehere dice en un segundo escrito, presentado el 10 de abril de 2014: ”Básicamente he denunciado la forma en la que abusivamente se ha obligado a la sociedad en beneficio de un grupo de accionistas (mis hermanos y mi madre) lo que posibilitó la extracción de fondos líquidos para ser aplicados a otra maniobra también de una tercera: Construcciones del Paraná, de la cual naturalmente no soy accionista (sí lo soy de SAER y Las Margaritas, como oportunamente explicara)”.

De ese modo, la menor del clan Etchevehere contaba de qué modo se había «vaciado» a Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) En la primera denuncia, la mujer habló de la “toma fraudulenta de un crédito del Banco Itaú por la suma de $1.066.000 equivalentes a u$s 250.000 al cambio de entonces (año 2011, aproximadamente $4,24242 por dólar) cuyo importe fue retirado por los denunciados según así surge de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de aquel año”.

Los denunciados son, claro, sus tres hermanos y su madre. Después, abundó en las cifras y detalló que el fraude bancario fue mayor a los u$s 250.000. Hubo otros dos montos de u$s 360.000 y u$s50.000 que los denunciados tomaron de préstamos bancarios y se repartieron en provecho personal.

Por eso, en 2014 Dolores Etchevehere pidió el allanamiento de la sede de la sociedad Las Margaritas SA, en Urquiza 1123, tercer piso, el mismo edificio donde funcionó la Redacción de El Diario, con el propósito de secuestrar los libros contables “y toda otra documentación que tenga que ver con el hecho que se denuncia”.

También pidió allanamientos a las sedes de SAER, en la misma dirección, Urquiza 1123, tercer piso , dirección que corresponde a otra firma, Construcciones del Paraná, cuyo allanamiento también solicitó. Los préstamos, después se supo, fueron pedido por los Etchevehere a los bancos Itaú y Nación, a tasa subsidiada, en teoría para fines productivos, pero que en la práctica fueron a dar al bolsillo de la familia.

Con su denuncia, Dolores Etchevehere procuraba establecer “la ruta del dinero” y la “posible utilización de los fondos (o parte de ellos) de los préstamos tomados por Las Margaritas SA en la transferencia de los inmuebles” propiedad de SAER. Desvío de fondos, vaciamiento, estafa: delitos gravísimos que una fiscal, más adelante, entendería como una simple peleíta familiar.

Efectivamente ello todo fue como lo denunció Dolores Etchevehere, según un sesudo dictamen de los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra, que más tarde intervendrían en el caso tras la desafortunada intervención de la fiscal Santana y, más tarde, de su colega Laura Irene Cattáneo. Nada que ver Todo lo tramitado hasta entonces en la causa Etchevehere fue nada ante un dictamen que firmó el 3 de noviembre de 2014 la fiscal Laura Irene Cattáneo, tercera fiscal que interviene en la causa en menos de un año.

Después de analizar la denuncia, Cattáneo concluyó que el caso “no reviste gravedad y es de escasa trascendencia o impacto social por cuanto se trata de un conflicto económico intrafamiliar, sin afectación de intereses colectivos”.

La fiscal dijo que el tema denunciado “escapa a la órbita del Derecho Penal”, y, oh sorpresa, apeló a “una dosis de prudencia en la aplicación del sistema penal, justificándose su intervención sólo cuando medie una afectación de un bien jurídico importante o porque no existan otros canales para resolverlos”. En base a esos argumentos, la fiscal Cattáneo pidió a la segunda jueza de la causa, Susana María Paola Firpo, que la denuncia de Dolores Etchevehere “sea desestimada y se disponga el archivo” .

Firpo catalogó como un “enjundioso dictamen” el de la fiscal, y “siendo la representante del Ministerio Público Fiscal la titular del ejercicio de la acción penal pública, entiendo que no puedo adoptar una decisión diferente a la propugnada”. En ese marco –“amén de compartir en su totalidad lo dictaminado por la señora Agente Fiscal», aclaró- corresponde, dictaminó, «dictar sin más el archivo de las presentes actuaciones”.

Eso dispuso la jueza Firpo el 14 de noviembre de 2014, Contragolpe Dolores Etchevehere apeló el archivo de la causa con artillería pesada, y dijo en su escrito que “bajo el ropaje que le otorgan los arbitrarios y antojadizos argumentos señalados en el pedido de desistimiento fiscal de fecha 3 de noviembre pasado, se esconde un enorme temor de investigar hechos que ostensiblemente exceden la órbita familiar y que derivan en irregularidades”.

Y habló del “temor reverencial que muchos aquí en la ciudad de Paraná le tienen a mi familia en general y a mi madre y hermano Luis Miguel en particular: ahora lo confirmo”. El 26 de noviembre la jueza Firpo le concedió el recurso de apelación. Desde el vamos, la causa se caratuló como “Estafa”.

Los camaristas José María Chemez, Elvio Garzón y Miguel Giorgio tomaron intervención el 3 de marzo de 2015 y consideraron que el archivo de la causa resultó “prematuro y desacertado, toda vez que advertimos que se trata de un caso que reviste gravedad, con importantes sumas de dinero en juego, que excede el marco de un simple conflicto de familia y merece al menos que se produzcan algunas de las medidas de prueba interesadas por la denunciante a los fines de dilucidar la posible existencia o no de delito”.

De ese modo, los camaristas resolvieron revocar el archivo de la causa. El 31 de marzo de 2015 emite dictamen el entonces fiscal de Cámara Rafael Martín Cotorruelo –hoy juez de juicio-: analizó la causa, releyó el dictamen de la fiscal Cattáneo, que había pedido el archivo y también había desestimado la denuncia, y concluyó que “corresponde en este estado ordenar la continuidad de la investigación”. El 1° de abril de 2015 Cotorruelo devuelve el expediente de la causa Etcheveher...