Procesaron al jefe de la PSA en Paraná por violencia de género y abuso de autoridad | Análisis

Los hechos investigados ocurrieron en el aeropuerto de Paraná. Foto: Gentileza aeropuertos.net. El juez Federal N.º 1 de Paraná, Leandro Ríos resolvió procesar a Víctor Hernán Arrieta, Jefe de la Unidad Operacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la capital provincial, bajo los cargos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, amenazas y coacciones.

La resolución judicial, que incluye un embargo, expone no solo hechos recientes de violencia, sino una matriz de violencia institucional que la fuerza no habría logrado frenar durante años. Según consta en la causa y en las declaraciones de la Oficial Mayor S.A.D, el calvario comenzó en 2016.

En aquel entonces, la funcionaria puso en conocimiento de sus superiores un incidente violento en el interior del aeropuerto de Paraná: Arrieta había interceptado y agredido verbalmente a un controlador aéreo de la empresa EANA. S.A.D. cumplió con su deber de informar el hecho por escrito, lo que derivó en un sumario administrativo contra Arrieta.

Sin embargo, de acuerdo a lo revelado por Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) y ratificado en sede judicial, ese acto de honestidad marcó el inicio de una persecución sistemática. Mientras que la denunciante comenzó a sufrir desplazamientos y sanciones encubiertas, su superior —lejos de ser apartado de forma definitiva— fue eventualmente “premiado” con el ascensos, posición desde la cual profundizó el hostigamiento.

La investigación judicial acreditó que Arrieta utilizaba su jerarquía para proferir insultos de corte sexista, diciéndole a S.A.D. que debía “dedicarse a lavar los platos” y cuestionando su capacidad profesional por ser mujer. El punto más crítico ocurrió en diciembre de 2024, cuando Arrieta se abalanzó violentamente sobre ella en su oficina tras llamarla “inútil” y “maleducada”. Además, el procesamiento alcanza las maniobras de Arrieta para encubrir sus actos.

Se comprobó que amenazó a un Oficial de la PSA con una “lista negra” y traslados punitivos si no modificaba su testimonio sobre los maltratos hacia S.A.D. El jefe se jactaba de tener "contactos poderosos" políticos y jerárquicos para lograr la exoneración de cualquier subordinado que no se "alineara" con su gestión. Es más en sus agresiones se jactaba de tener muy buena relación con un funcionario de primera línea del gobierno de Entre Ríos.

La distinta vara institucional El fallo pone de relieve la asimetría y la falta de resguardo para las víctimas dentro de la PSA. Tras la denuncia, S.A.D. afirmá que sufrió un “vacío institucional”: fue removida de su cargo de Jefa de Turno sin motivos formales y se le impuso un horario reducido de solo tres horas diarias, además de retirársele el armamento reglamentario.

Por el contrario, Arrieta permaneció en su cargo de máxima autoridad en la unidad de Paraná, obligando a su propia denunciante a tener que pedirle autorización para sus tareas cotidianas. A pesar de que el procesamiento es sin prisión preventiva, la Justicia ha mantenido medidas de restricción perimetral para proteger a los denunciantes y evitar que el imputado continúe ejerciendo actos de perturbación sobre el personal que se atrevió a romper el silencio.

La denunciante a lo largo de los años viene sosteniendo su temor, ya que se siente totalmente desprotegida por la PSA. En la actualidad, Arrieta está de licencia en Paraná, pero con la prohibición de acercarse a los testigos, algo que no cumplió, y a la denunciante. La reglamentación de la Ley 11.210 marca el inicio operativo de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos, un organismo que centralizará la gestión de tierras y propiedades estatales.

El decreto dispone el traspaso de recursos, patrimonio y personal, con el objetivo de ordenar la administración inmobiliaria provincial.