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Claves
- En la sentencia, la magistrada dispuso el cese inmediato de fumigaciones, pulverizaciones y aplicaciones de productos agroquímicos o fitosanitarios dentro de determinadas distancias de resguardo.
- Para las aplicaciones terrestres se estableció una prohibición mínima de 1.095 metros, mientras que para las aplicaciones aéreas la restricción será de 3.000 metros.
- En el caso del amparo colectivo, las distancias deberán medirse desde los límites de los loteos Tierra Alta I, II y III, ubicados en Colonia Ensayo.
La decisión fue tomada por la vocal María Fernanda Miotti, quien actuó como jueza unipersonal, y alcanza tanto a un amparo colectivo como a una acción individual impulsada por vecinos que reclamaban protección para la salud y el ambiente. En la sentencia, la magistrada dispuso el cese inmediato de fumigaciones, pulverizaciones y aplicaciones de productos agroquímicos o fitosanitarios dentro de determinadas distancias de resguardo.
Para las aplicaciones terrestres se estableció una prohibición mínima de 1.095 metros, mientras que para las aplicaciones aéreas la restricción será de 3.000 metros. En el caso del amparo colectivo, las distancias deberán medirse desde los límites de los loteos Tierra Alta I, II y III, ubicados en Colonia Ensayo. En tanto, en el amparo individual, la protección alcanza a una vivienda familiar situada en Aldea Brasilera.
La resolución se basó en la necesidad de garantizar una tutela prioritaria de la salud humana y del ambiente, considerados derechos de máxima relevancia constitucional y convencional. Durante el proceso judicial ya se habían dictado medidas cautelares preventivas.
No obstante, la jueza rechazó el planteo de inconstitucionalidad contra la Ley Provincial de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios N.º 11.178 y su decreto reglamentario, al considerar que la normativa vigente desde enero de 2025 no presenta violaciones manifiestas a derechos constitucionales.
Además, Miotti exhortó al Estado provincial a avanzar en medidas de prevención, control y fiscalización vinculadas al uso de agroquímicos, tomando en consideración aportes realizados por el Ministerio Público Fiscal durante la causa. El fallo representa una resolución relevante en materia ambiental en Entre Ríos, al priorizar la prevención de posibles daños a la salud y establecer límites concretos para las aplicaciones de fitosanitarios cerca de zonas habitadas.