Reconocieron que se aprovecharon de un programa social y de personas vulnerables para sustraer millonarias sumas del Estado

Pedro Gebhart, Cristian Klein, Claudio Rosas Vico y Alejandro Usatinsky, reconocieron este lunes en un juicio abreviado su responsabilidad en la causa que se conoció como Jóvenes Emprendedores, que investigó la sustracción de 100.886.972 pesos del erario público aprovechándose, a partir de los cargos que ocupaban entre el 31 de enero de 2018 y el 10 de diciembre de 2022, del programa social destinado a incentivar el emprendedurismo en una franja etaria muy necesitada de apoyo.

A los cuatro se les formularon cargos por el delito de Peculado reiterado por 319 créditos irregulares. El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, dará a conocer su resolución del acuerdo que le presentaron las partes en el plazo que determina la Ley.

En la audiencia, los imputados escucharon la evidencia de cargo que refirió que el dinero sustraído iba a parar a sus bolsillos, que para hacerlo se valieron de sus cargos usando un programa de ayuda social importante y que se reclutaba a personas en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo Gebhart, de 38 años, abogado y escribano, era subsecretario de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social y posteriormente, a partir de una modificación, secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor que quedó bajo la órbita del Ministerio de Producción. Kein, de 44 años, con estudios terciarios incompletos, se desempeñaba como Director de Evaluación y Seguimiento de Proyectos.

Rosas Vico, de 38 años, licenciado en Trabajo Social, era Director de Políticas y luego Director General de Desarrollo Económico Emprendedor. El único que no tenía funciones en el Estado es Usatinsky, y respondió como partícipe necesario. Los cuatro aceptaron la pena de tres años de prisión condicional que acordaron el fiscal, Gonzalo Badano, y los defensores, Miguel Cullen, que asistió a Gebhart y Kelin, Tomás vírgala, que representó a Usatinsky, y Mariano Legascue, que acompañó a Rosas Vico.

También aceptaron la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y se comprometieron a depositar entre todos y antes de 60 días, la suma de 100.886.792 pesos. La cifra surgió de la pericia que realizó el Ministerio Público Fiscal (MPF). No obstante, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, adelantó que el monto es “una parte”, puesto que la cifra está en valores históricos y podrían aparecer nuevos damnificados.

La investigación se cerró con 319 créditos que presentaban distintas irregularidades.

El hecho En la audiencia, los cuatro imputados reconocieron que "durante el período comprendido entre los años 2018 a 2022 Pedro Gebhart (organizador), Cristian Klein, Tomás Osorio, Claudio Rosas Vico, Alejandro Usatinsky, Matías Balbuena, Lucila Magallanes, Aranzazú Acosta, Paula Yonas, Pablo Frutos, entre otras personas no identificadas, tomaron parte en una organización destinada a sustraer sumas de dinero millonarias del patrimonio de la Provincia de Entre Ríos, a través de cientos de créditos correspondientes al Programa Jóvenes Emprendedores (ley 10.394 y su modificatoria 10.814) tramitados desde Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social, posteriormente denominada Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor ubicada dentro del Ministerio de Producción”.

En dicho contexto, se acusó que “quienes se desempeñaban como autoridades del programa —Pedro Gebhart, en su carácter de Subsecretario y posteriormente Secretario; Cristian Klein, como Director de Evaluación y Seguimiento de Proyectos; Tomás Osorio, como Director de Políticas de Apoyo Emprendedor; y Claudio Rosas Vico, como Director de Políticas y luego Director General de Desarrollo Económico Emprendedor— habrían intervenido de manera funcional en la tramitación, aprobación y control de créditos otorgados en el marco del referido programa, aprovechándose del cargo que ocupaban, facilitando la ejecución del plan delictivo”.

La acusación sostuvo que para lograr el objetivo “la organización habría instrumentado un conjunto sistemático de maniobras dirigidas a simular la existencia de emprendimientos y justificar el otorgamiento y posterior falta de recupero de los fondos, entre las que se destacan: a) la elaboración e incorporación a expedientes administrativos de proyectos de emprendimientos inexistentes o ficticios, que no habrían sido confeccionados por las personas que figuraban como solicitantes, incluyendo la utilización de datos personales falsos; b) la falsificación y utilización de firmas y aclaraciones atribuidas a los beneficiarios en diversos instrumentos, tales como solicitudes de crédito, contratos, constancias de recepción de fondos, pedidos de prórroga y demás documentación incorporada a los expedientes…”.

También que se instrumentó “… c) la incorporación de rendiciones de cuentas apócrifas, mediante la utilización de facturas falsas, facturas sin objeto real o que no fueron aportadas por los beneficiarios, así como certificaciones de emprendimientos inexistentes, simulación y puesta en escena de emprendimiento que no eran reales, y declaraciones juradas falsas destinadas a aparentar la inversión de los fondos; d) la simulación de comunicaciones e intimaciones de pago dirigidas a direcciones de correo electrónico inexistentes al solo efecto de aparentar gestiones de recupero…”.

Asimismo se imputó que se organizó “… e) la generación de documentación suscripta con firmas falsas de beneficiarios en la que se justificaba el supuesto fracaso de los emprendimientos, con el objeto de habilitar la tramitación y otorgamiento de un segundo crédito, y con la misma finalidad se elaboraron informes en los que se asentaba falsamente que los emprendedores no registraban deudas; f) la omisión de controles sustanciales sobre la ejecución de los proyectos, la rendición de los fondos y el recupero de los créditos otorgados, así como el incumplimiento de los recaudos administrativos necesarios para asegurar su cobro…”.

Finalmente se endilgó: “… g) la simulación ante el Tribunal de Cuentas del cumplimiento de procedimientos de recupero, incluyendo el supuesto envío de créditos a la Fiscalía de Estado para lograr su recupero, acompañando documentación adulterada con el fin de ocultar las irregularidades (certificaciones, facturas, recibos, contratos)…”.

La acusación sostuvo, y fue reconocido por los imputados, que “asimismo, para la concreción del circuito de extracción de fondos, las autoridades se valieron de los integrantes del grupo —entre ellos Alejandro Usatinsky, Matías Balbuena, Lucila Magallanes, Aranzazú Acosta, Paula Yonas y Pablo Frutos, y otras personas— quienes habrían intervenido en la captación de personas, en muchos casos en situación de vulnerabilidad económica, sin trabajo o en situaciones apremiantes, a quienes aprovechándose de la situación de necesidad se les solicitaban sus datos personales con el objeto de tramitar créditos a su nombre”.

Los acusados reconocieron que “en numerosos casos, dichas personas eran inducidas a participar bajo diferentes tipo de engaños, haciéndoles creer que se trataba de ayudas estatales no reintegrables u otros beneficios, o solicitándoles el uso de sus cuentas bancarias para cobrar cuestiones personales. En otros supuestos, los datos personales habrían sido utilizados sin conocimiento de sus titulares”.

También reconocieron que “una vez acreditados los fondos, los beneficiarios eran acompañados a entidades bancarias para su extracción, debiendo entregar posteriormente el dinero a integrantes de la organización, recibiendo sumas de dinero significativamente menores entre $6.000 y $50.000. En otros casos, en los que se cobraba mediante cheque los fondos eran directamente canalizados hacia cuentas vinculadas a los imputados.

En dicho rol se destacó el aporte imprescindible de Alejandro Usatinsky y Matías Balbuena por su labor de coordinadores en las tareas de los reclutadores y la cantidad de créditos en los que intervinieron”.

Para la acusación y las defensas, que arribaron al acuerdo tras numerosos encuentros en los que se fue acercando posiciones respecto de la calificación legal escogida, “el dinero así obtenido era finalmente apropiado por los integrantes de la organización, en perjuicio del patrimonio de la Provincia de Entre Ríos”.

Para las acusaciones el entramado que se logró determinar a partir de las intimaciones que comenzó a enviar el Tribunal de Cuentas (TC) a supuestos beneficiarios de los créditos para que devuelvan los montos, reveló que “el Programa Jóvenes Emprendedores fue utilizado como una estructura institucional para orquestar una asociación ilícita orientada a la sustracción de sumas de dinero públicas”.

En aquel contexto, se señaló que “las ‘Figuras Clave’ operaban bajo un sistema jerárquico y piramidal, dividiendo sus roles entre la autorización política, la logística del dinero y el reclutamiento territorial”. La acusación sostuvo que “las ‘Figuras Clave’ eran los organizadores y funcionarios. Eran la cúpula de la organización, manejaban los hilos administrativos y políticos del programa, garantizando que los expedientes falsos fueran aprobados y que el grueso del dinero llegara a sus manos.

Los cuatro imputados recurrentes se encuentran en esta área”.