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Claves
- Si bien las empresas continúan obligadas a otorgar los pasajes gratuitos, Bardisa advirtió que la eliminación de las compensaciones económicas podría dificultar aún más el acceso efectivo al beneficio.
- “Hace tiempo ya era difícil conseguir pasajes y ahora esto lo que hace es blanquearlo de alguna manera”, afirmó.
- Además, sostuvo que la situación forma parte de un proceso más amplio de desfinanciamiento del sistema de atención y cuidados para personas con discapacidad.
La licenciada en Ciencias Políticas e integrante del Consejo Asesor de Discapacidad de Concepción del Uruguay, Mariana Bardisa, expresó preocupación por la decisión del Gobierno nacional de eliminar el régimen de compensaciones económicas para empresas de transporte de larga distancia que otorgaban pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños y adolescentes con cáncer.
En diálogo con Un Martillo para darle forma por Radio Plaza, Bardisa sostuvo que “es un gesto más de esta política de crueldad del gobierno nacional hacia el colectivo de personas con discapacidad, una vez más retirándose de sus responsabilidades para garantizar el acceso al transporte”, señaló. Si bien las empresas continúan obligadas a otorgar los pasajes gratuitos, Bardisa advirtió que la eliminación de las compensaciones económicas podría dificultar aún más el acceso efectivo al beneficio.
“Hace tiempo ya era difícil conseguir pasajes y ahora esto lo que hace es blanquearlo de alguna manera”, afirmó. Además, sostuvo que la situación forma parte de un proceso más amplio de desfinanciamiento del sistema de atención y cuidados para personas con discapacidad. “Estamos viendo cómo se suspenden tratamientos, cierran instituciones, prestadores abandonan terapias por falta de pago y chicos se quedan sin transporte para asistir a las escuelas”, remarcó.
Bardisa también cuestionó el tratamiento que el Gobierno nacional le dio a la Ley de Emergencia en Discapacidad y al sistema de prestaciones básicas. “No se trata solamente de una cuestión presupuestaria, esto se trata de derechos humanos”, expresó. En ese sentido, afirmó que el Ejecutivo busca trasladar responsabilidades al sector privado y desligarse de su rol como garante de derechos. “El Estado dice que el derecho se tiene que garantizar, pero que se haga cargo el privado. Yo me retiro”, resumió.
La referente también se refirió a la situación de las instituciones y prestadores en Entre Ríos y aseguró que el interior del país atraviesa un escenario aún más complejo. “Para quienes estamos en el interior es mucho más duro sostener el sistema de cuidados ante este desfinanciamiento y desmantelamiento”, indicó. Bardisa cuestionó además las auditorías impulsadas por Nación sobre pensiones por discapacidad y denunció irregularidades en los procedimientos.
Según señaló, “primero suspenden y después verifican”, lo que derivó en miles de bajas que luego debieron ser revertidas por orden judicial. Finalmente, alertó sobre el impacto social y emocional que atraviesan las familias. “Cuando las terapias se interrumpen, cuando desaparecen los apoyos y el cuidado queda en soledad absoluta, lo que se rompe, no solamente es el sistema de cuidado, son las personas”, concluyó.