Rectores de escuelas secundarias del departamento Concordia mostraron preocupación ante la “ola de violencia” | Análisis

Rectores de Escuelas Secundarias del Departamento Concordia, a través de una carta, manifestaron preocupación frente a la escalada de violencia presente en sus instituciones, en el último tiempo. “La escuela siempre es caja de resonancia de lo mejor y lo peor de nuestra sociedad, y en estas últimas semanas se ha hecho eco de numerosas situaciones de peleas entre estudiantes, dentro y fuera de las aulas, que nos preocupan y nos ocupan”, reflexionaron en el texto.

A continuación, la manifestación pública completa, firmada por casi una veintena de directivos del departamento Concordia: “Dentro de nuestro estudiantado, se presentan distintas situaciones vinculadas a la convivencia escolar, a la violencia, a dificultades en el sostenimiento de acuerdos escolares y al desarrollo de las tareas que se solicitan en función de los mismos.

Asimismo, se observan episodios de maltrato entre pares, situaciones de amenazas o agresiones, tanto dentro como fuera del ámbito escolar, que impactan en el clima institucional y en las trayectorias educativas. A su vez, se identifican estudiantes que atraviesan situaciones complejas vinculadas a su bienestar integral, requiriendo en algunos casos acompañamiento, seguimiento o intervenciones específicas de salud que exceden las posibilidades de abordaje de la institución escolar por no contar recursos específicos.

En la convocatoria de las familias, en reiteradas oportunidades, se nos manifiesta la preocupación y las dificultades que tienen para acompañar y no saber qué hacer con ‘la rebeldía’ de sus hijos e hijas. Frente a estas situaciones nos preguntamos también sobre las funciones de la escuela hoy.

Explicamos la necesidad de cumplir con el Acuerdo Escolar de Convivencia, organizamos talleres con los alumnos, realizamos actas con los que incumplen, llamamos a sus padres o tutores y les pedimos acompañamiento, firmamos compromisos de no agresión y de respeto, solicitamos a los tutores que busquen la asistencia profesional de salud necesaria, damos aviso a otras instituciones (Copnaf, Fiscalía, Policía, etc), organizamos reuniones con padres/tutores, con alumnos, con el colectivo docente; pedimos el pase de los estudiantes que reinciden en sus acciones contra terceros por entender que el estudiante se niega a permanecer en la institución.

Sin embargo, estas acciones hoy parecen insuficientes. Las situaciones de violencia se acumulan y se agravan. Los equipos institucionales (directivos/tutores/docentes /administrativos/ordenanzas), se hallan fuertemente atravesados por una sensación de orfandad, producto de lo que pareciera reflejar la ausencia de una red de contención, de la que tanto se habla.

Es prioridad fortalecer la articulación entre CGE, Copnaf, Servicios de Fortalecimiento Social de la Municipalidad/Provincia y otros para atender estas cuestiones de nuestros estudiantes. Consideramos importante y urgente que se brinde abordaje para los estudiantes y sus familias a través de acciones alineadas con otras instituciones: Copnaf, Fiscalía, Comisaría del Menor, etc.

Nuestros niños y jóvenes, están inmersos, en la incertidumbre de un mundo y una sociedad, que se disputa espacios materiales y simbólicos, entre peleas e insultos. Donde la idea de las certezas propias de nuestra generación (y de otras) se han diluido frente a la inmediatez de la imagen, o del tik tok y frente a esto, la escuela sigue siendo el único sostén o refugio de muchos de ellos en la búsqueda de seguridad, afecto y futuro, pero nos preguntamos ¿hasta cuándo?

La violencia que atraviesa a las instituciones educativas, no es sólo un síntoma, es la demostración más concreta de un tejido social lesionado, de las condiciones socioeconómicas de las familias de nuestros estudiantes, del cansancio y desasosiego del colectivo docente/directivo frente a múltiples atropellos.

Como Rectores/as asumimos un compromiso, que se consolida en la formación continua, en procesos de oposición, en una ética aplicada al trabajo, pero la arquitectura educativa necesita también de las referencias políticas que definen acciones concretas en el territorio y hoy nos sentimos solos. Además, necesitamos advertir que este malestar nos impide (o distrae) de nuestra tarea fundamental: la enseñanza.

Tanto los directivos como los docentes nos vemos obligados a priorizar tareas que no reflejan directamente lo pedagógico, lo que impide u obstaculiza la acción en sí de dar clases o gestionar las instituciones educativas cuando se presenta un riesgo a la integridad física (psíquica) de los jóvenes a nuestro cargo.

Nos sentimos, también, víctimas de violencia institucional: se nos imponen resultados, que la escuela funcione, que los chicos aprendan; mientras se nos niegan los recursos necesarios (o el personal) para hacer frente a la tarea. Nos delegan la gestión de crisis múltiples, familiares, de salud mental y de carencias básicas, pero sin el respaldo efectivo de equipos interdisciplinarios, sin asesoramiento legal, sin capacitación en resolución de conflictos, sin presupuesto.

Y ahí entramos en un juego de simulación donde cada uno busca ‘cuidarse la espalda’ para no terminar sumariado o denunciado, pero nadie atiende los problemas de fondo, no hay respuestas reales para los estudiantes que quieren y necesitan formarse, ni para los docentes que quieren y necesitan enseñar. Instamos a un compromiso serio de nuestras autoridades departamentales con nuestro trabajo y necesidades para seguir fortaleciendo una educación pública de calidad y en condiciones de equidad y justicia.

Esperamos que, esto sea un llamado de atención a la sociedad y a sus representantes sobre estas problemáticas, juntos construyamos nuevas respuestas antes de que tengamos que lamentar una pérdida irreparable. No queremos seguir jugando al ‘como si’, no podemos mirar para otro lado: la juventud está en peligro y entonces el futuro está en peligro”.

Firmantes: (Fuente: El Entre Ríos) El intendente de Concepción del Uruguay negó amenazas a la concejal Karina Percara (JxER) tras la denuncia por intimidación y sostuvo que el conflicto fue “potenciado” desde el gobierno de Rogelio Frigerio. Admitió un “entredicho político”, pero rechazó haber agraviado o amenazado a la edil.