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Claves
- Sobre esa base solicita que la Justicia investigue una eventual incompatibilidad funcional y posibles conflictos de interés.
- La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal y remitida a diversos organismos e instituciones.
- En ella se solicita la apertura de una investigación penal para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder por los hechos denunciados.
El abogado Carlos Guillermo Reggiardo presentó una denuncia penal contra el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel; la secretaria de la institución, Analía Beatriz Coria; y demás autoridades que pudieran haber intervenido en la ejecución de una sanción disciplinaria que, según sostiene, ya había sido cumplida y cuya primera declaración de ejecutoriedad fue posteriormente cuestionada en sede judicial.
Según la presentación, las autoridades del Colegio habrían utilizado las facultades disciplinarias de la institución para volver a ejecutar una suspensión de matrícula profesional de sesenta días correspondiente al mismo expediente, lo que Reggiardo considera una doble ejecución de la sanción y un mecanismo de persecución institucional aplicándole 2 veces la misma sanción.
La denuncia también cuestiona la actuación de la secretaria del Colegio, Analía Coria, por su intervención simultánea como autoridad de la institución y como patrocinante del CAER en el litigio judicial derivado del proceso disciplinario, donde además obtuvo regulación de honorarios. Sobre esa base solicita que la Justicia investigue una eventual incompatibilidad funcional y posibles conflictos de interés.
Entre las medidas requeridas, Reggiardo pidió el secuestro y resguardo de registros digitales, actas del Consejo Directivo, comunicaciones internas, antecedentes administrativos y toda la documentación vinculada con las resoluciones cuestionadas, además de la certificación urgente del estado de su matrícula profesional. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal y remitida a diversos organismos e instituciones.
En ella se solicita la apertura de una investigación penal para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder por los hechos denunciados.