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El régimen provincial reúne 180 proyectos y busca impulsar la producción, ampliar empresas y generar trabajo privado. La industria concentra más de la mitad de las iniciativas, con inversiones que van desde pymes locales hasta grandes emprendimientos avícolas.
El crecimiento económico no se mide solamente por el volumen de las inversiones, sino también por su capacidad de traducirse en más producción, empleo y oportunidades. Con ese objetivo, el Gobierno de Entre Ríos impulsa el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), una herramienta que busca generar condiciones favorables para el desarrollo del sector privado.
A octubre de 2026, el programa reúne 180 proyectos elegibles, una inversión comprometida de US$ 266,75 millones y 2.930 puestos de trabajo directos. Su implementación está a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico, que conduce Guillermo «Willy» Bernaudo, a través de la Secretaría de Industria, encabezada por Catriel Tonutti.
Al evaluar la marcha de la iniciativa, el gobernador Rogelio Frigerio sostuvo que el Estado debe facilitar las decisiones empresariales y generar previsibilidad para quienes apuestan por ampliar su actividad en la provincia.
La dimensión del programa no se limita al volumen de recursos comprometidos. El 77 por ciento de los proyectos corresponde a ampliaciones de empresas existentes, mientras que el 23 por ciento restante está asociado a nuevos emprendimientos. El dato refleja que una parte importante de las inversiones apunta a fortalecer unidades productivas que ya funcionan en Entre Ríos, con posibilidades de incorporar equipamiento, ampliar instalaciones y aumentar su capacidad operativa.
De la inversión a la producción
La industria concentra el 58,3 por ciento de los proyectos elegibles, seguida por el turismo, con el 9,2 por ciento. La cría de aves y el transporte representan el 7,4 por ciento cada uno, mientras que la fibra óptica reúne el 5,5 por ciento. También participan actividades como salud, logística, economía circular y producción láctea.
Esta distribución permite observar la apuesta por una matriz productiva con protagonismo industrial y presencia de distintas actividades. Una ampliación puede generar demanda de maquinaria, infraestructura, transporte y servicios, además de abrir oportunidades para proveedores y trabajadores de cada localidad.
Empresas que apuestan a crecer
Dos casos recientes muestran cómo el régimen alcanza proyectos de escalas y actividades diferentes.
En Seguí, la empresa Nogopaint recibió la certificación de adhesión al RINI para una inversión superior a los 255 millones de pesos, destinada a ampliar su capacidad productiva mediante infraestructura, maquinaria industrial y vehículos utilitarios. La firma, que fabrica pinturas y revestimientos y comercializa sus productos en 14 provincias, busca desarrollar nuevos productos y avanzar en sus perspectivas de crecimiento.
Diego Pietroboni destacó que la certificación representa un paso importante para trasladar beneficios a la producción e impulsar los objetivos de expansión de la empresa. Su hermano Carlos, por su parte, explicó el desarrollo de Nogo Caucho, un producto que incorpora material recuperado de neumáticos: cada balde de 20 litros contiene el equivalente aproximado a dos cubiertas recicladas.
Otro caso es el de Calisa 2, perteneciente al Grupo Motta, en General Racedo. El proyecto contempla una inversión de US$ 45 millones para ampliar la capacidad productiva y fortalecer la inserción de la compañía en los mercados internacionales. La iniciativa se vincula con una de las actividades centrales de la economía entrerriana: la cadena avícola.
Ambos ejemplos muestran que el incentivo puede acompañar tanto el crecimiento de empresas industriales locales como inversiones de mayor escala vinculadas a sectores estratégicos.
Previsibilidad para invertir
El RINI ofrece exenciones de hasta el 100 por ciento en determinados impuestos provinciales, con condiciones que varían según el tipo de proyecto. Incluye beneficios en Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos, además de reintegros energéticos, acceso prioritario a garantías del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) y exclusión de regímenes de retención y percepción.
Los beneficios tienen una vigencia de 15 años, prorrogable por otros cinco. El objetivo es ofrecer previsibilidad a empresas que deben planificar inversiones cuyos resultados se desarrollan a lo largo del tiempo.
«El Estado tiene que ser un facilitador de todo este proceso y estas decisiones de inversión», afirmó Frigerio. La definición sintetiza el fundamento de la política: reducir obstáculos y generar condiciones para que el sector privado invierta, produzca y amplíe sus oportunidades de negocio.
Con 180 proyectos en marcha dentro del régimen, el desafío será transformar los compromisos en inversiones ejecutadas, mayor capacidad productiva y nuevos puestos de trabajo. La evolución de esas variables permitirá medir el alcance del RINI y su aporte concreto al desarrollo económico de Entre Ríos.
