Rodríguez Signes: "Las demandas contra el Estado comprometen $8.500 millones" - Plaza Web

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, informó que la Provincia enfrenta actualmente 3.006 demandas judiciales que comprometen un pasivo contingente de 8.500 millones de pesos. En ese contexto, señaló que ya comenzaron a aparecer acciones judiciales vinculadas a cuestiones previsionales, incluso antes de que se apruebe la reforma impulsada por el gobierno provincial.

En declaraciones al programa A quien corresponda (Radio Plaza 94.7), el funcionario explicó que uno de los temas que comenzará a ocupar un lugar central en la agenda pública es la reforma previsional que se encuentra en debate legislativo. En ese marco, confirmó que ya existen reclamos judiciales relacionados con la movilidad jubilatoria y con incrementos salariales otorgados a trabajadores activos.

“Está planteada la reforma previsional y ése es un tema que va a ser una cuestión importante de debate seguramente, pero respecto a la demanda conocida, sí, hay varias acciones que han aparecido ahora; hay una acción de inconstitucionalidad que plantean jubilados del Poder Legislativo porque otorgó algunos incrementos salariales no remunerativos y demás.

Y hay también planteos de tipo administrativo, es decir, estamos recibiendo planteos judiciales, acción de inconstitucionalidad, y por el otro lado requerimientos administrativos acerca de ese tema que en los últimos años no teníamos y ahora empiezan a surgir”, indicó. Al describir el panorama general de la litigiosidad provincial, precisó que actualmente existen 3.006 juicios contra el Estado entrerriano y 2.358 procesos en los que la Provincia actúa como demandante.

A ello se suman más de 16.000 expedientes administrativos en trámite. Según detalló, las demandas contra el Estado "comprometen 8.500 millones de pesos, ese es el pasivo contingente o las cifras en las que el Estado es demandado”, señaló. Rodríguez Signes explicó que una porción significativa de ese monto está vinculada a reclamos previsionales derivados de la privatización del Banco de Entre Ríos.

“De eso, la mayor proporción se la lleva una situación que pocas veces se discute, que emergió de la privatización del Banco de Entre Ríos, que es el fondo compensador y que son reclamos previsionales. Jubilados del Banco de Entre Ríos reclaman que la Caja de Jubilaciones les actualice el haber jubilatorio con relación a lo que gana en actividad el empleado del Banco de Entre Ríos. Eso nos lleva este año ya 3.900 millones de pesos sobre los 8.500 que hay en juicios donde estamos demandados”, explicó.

En ese sentido, observó que comenzaron a multiplicarse los planteos vinculados a la movilidad de los haberes jubilatorios. “Lo que apareció ahora es evidente que hay algunas organizaciones y algunas personas que ven el tema de la movilidad, que están atentos a si el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial otorgan aumentos a los activos y ven si esos aumentos los van a poder ver reflejados en su jubilación o no”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la Provincia también mantiene importantes reclamos judiciales a su favor, cuyo monto supera ampliamente el volumen de las demandas que enfrenta. “El Estado provincial tiene más por reclamar de lo que le reclaman. Nosotros tenemos en juicio a favor de la Provincia un número de un billón 558 mil, producto de los dos juicios más importantes que tenemos, que son la demanda por los excedentes de Salto Grande y la demanda contra el ANSES por lo que nos debe de la Caja de Jubilaciones”, afirmó.

Sobre este último expediente, destacó el trabajo realizado por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, para completar la información requerida por Nación y avanzar en acuerdos parciales homologados por la Corte Suprema. “Vamos teniendo conquistas parciales que las vamos logrando. Ahora estamos por hacer un acuerdo por el año 2020 y después vendrán el 2021, 2022 y 2023. Es probable que para el año que viene tengamos ya bastante reconocido el crédito de lo que nos adeuda la Nación”, señaló.

Aclaró, sin embargo, que esos recursos no alcanzarían para cubrir la totalidad del déficit previsional provincial. “Es importante para financiar parte del déficit previsional de la Provincia que son 43.000 millones de pesos por mes. No es que la Nación vaya a financiar todo el déficit, pero ayuda y acompaña”, explicó. Consultado sobre una eventual ola de demandas si se aprueba la reforma previsional, consideró que los litigios son una consecuencia habitual de este tipo de cambios.

“Toda reforma previsional de esa magnitud genera controversias, es natural que así sea”, expresó. No obstante, insistió en que los reclamos ya comenzaron a aparecer antes de la sanción de la iniciativa. “Sin que esté sancionada la reforma todavía, ya hay casos de juicios producto de los incrementos que se han dado y que todavía faltan los ajustes a la jubilación, el tema de la movilidad y demás. Hay que esperar, uno está para esto”, afirmó.

En otro orden, el fiscal de Estado señaló que continúan presentándose amparos contra la Obra Social de Entre Ríos (OSER), aunque aclaró que la mayoría son gestionados directamente por el equipo jurídico de la entidad. “Hay muchos amparos por la obra social OSER, pero eso siempre hubo y se mantiene”, indicó. Explicó que la Fiscalía sólo interviene en situaciones excepcionales, especialmente cuando se trata de medicamentos o tratamientos que no cuentan con autorización de los organismos competentes.

Finalmente, informó que durante la actual gestión se incrementó significativamente la cantidad de sumarios administrativos concluidos y sanciones efectivamente aplicadas. “Hemos resuelto a nivel de la comisión fiscalizadora más de 460. Lo que se ha incrementado es la resolución que adopta el Ejecutivo. Entre este año y el año pasado se han superado los 400 casos”, concluyó.