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Claves
- La iniciativa incluye un mecanismo de control público, participación de organismos provinciales, seguimiento legislativo y reformas procesales para que los grandes casos de corrupción sean juzgados por jurados populares.
- Lejos de plantear una cacería política, Rossi fue explícito al sostener que él mismo debe ser sometido a la misma investigación.
- “Que me investiguen a mí también”, es el mensaje que viene sosteniendo.
El intendente de Santa Elena y ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi lanzó una propuesta que promete sacudir a la política entrerriana: convocar a una agencia internacional especializada en auditoría forense y rastreo patrimonial para investigar la evolución económica de quienes ocuparon cargos públicos durante las últimas décadas.
La iniciativa incluye un mecanismo de control público, participación de organismos provinciales, seguimiento legislativo y reformas procesales para que los grandes casos de corrupción sean juzgados por jurados populares. Lejos de plantear una cacería política, Rossi fue explícito al sostener que él mismo debe ser sometido a la misma investigación.
Según manifestó, después de años de denuncias, operaciones mediáticas y causas judiciales cruzadas, resulta necesario que una auditoría independiente determine con precisión qué patrimonio tenía cada dirigente antes de ingresar a la función pública y cuál posee actualmente. “Que me investiguen a mí también”, es el mensaje que viene sosteniendo.
La propuesta apunta a terminar con las acusaciones cruzadas y reemplazarlas por datos verificables.La iniciativa toma como antecedente la experiencia impulsada por Sergio Montiel a principios de los años 2000, cuando intentó incorporar a la firma internacional Kroll para rastrear maniobras de corrupción y movimientos patrimoniales sospechosos. Aquel proyecto quedó enterrado tras el regreso de Jorge Busti a la Gobernación en 2003 y nunca volvió a discutirse seriamente.
Más de veinte años después, Rossi entiende que las circunstancias son incluso más graves que entonces. Los argumentos no faltan. Entre Ríos fue escenario de algunas de las investigaciones de corrupción más importantes de su historia. La causa de los Contratos Truchos reveló una estructura que funcionó durante años dentro de la Legislatura provincial moviendo cifras millonarias.
A ello se suman los escándalos vinculados al IOSPER, denuncias sobre créditos irregulares, contrataciones observadas, subsidios cuestionados y numerosas investigaciones que involucraron a distintos organismos estatales.
En paralelo, una parte significativa de la dirigencia política construyó importantes patrimonios personales mientras la provincia acumulaba crisis financieras recurrentes.La propuesta de Rossi apunta justamente a responder una pregunta que gran parte de la sociedad formula desde hace años: ¿cómo evolucionó el patrimonio de quienes administraron los recursos públicos? No se trata solamente de ex gobernadores.
También alcanza a ministros, legisladores, funcionarios, directores de organismos descentralizados y responsables de empresas estatales. Nombres como Sergio Urribarri, Gustavo Bordet, Adán Bahl, José Cáceres, Adrian Fuertes, Laura Stratta, Jose Allende,Juan Bahilo, Diego Lara, Angel Giano, José Lauritto, Rosario Romero, Guillermo Michel y numerosos integrantes de la estructura política provincial deberían, según esta iniciativa, someterse a una revisión patrimonial integral bajo reglas iguales para todos.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la investigación no quedaría encerrada en despachos judiciales. Rossi plantea que todo el procedimiento se realice de cara a la sociedad, con intervención de organismos de control provinciales, universidades, colegios profesionales y seguimiento permanente de la Legislatura. Los informes producidos deberían ser públicos, accesibles y debatidos abiertamente para evitar sospechas de manipulación política.
La premisa es simple: si los funcionarios administran dinero de los contribuyentes, los ciudadanos tienen derecho a conocer el origen y evolución de sus patrimonios. Pero la iniciativa no termina allí. Rossi también impulsa una profunda modificación del Código Procesal Penal de Entre Ríos para que los grandes delitos contra la administración pública sean sometidos a juicio por jurados populares.
Según esta visión, después de décadas de escándalos, la sociedad perdió confianza en los mecanismos tradicionales de investigación y juzgamiento. Por eso propone que, una vez concluida la auditoría patrimonial y reunida la prueba correspondiente, sean ciudadanos comunes quienes participen directamente en la decisión sobre la responsabilidad de los acusados. La discusión recién comienza. Habrá quienes consideren la propuesta excesiva y quienes la consideren indispensable.
Sin embargo, resulta difícil negar que Entre Ríos enfrenta una deuda pendiente con la transparencia. Durante años la provincia fue escenario de causas millonarias, denuncias resonantes y sospechas permanentes sobre el manejo de fondos públicos.
Frente a ese panorama, Rossi plantea una pregunta incómoda pero inevitable: si no hay nada que ocultar, ¿por qué no abrir definitivamente los libros y permitir que una investigación independiente determine, de una vez por todas, quiénes se enriquecieron legítimamente y quiénes deberán explicar ante la sociedad el origen de su fortuna? Web: