Delta
Claves
- El pacto compra el silencio del escribano Pedro Gebhart, cuyos celulares periciados comprometen al diputado Juan José Bahillo y a la diputada Laura Stratta.
- Las versiones indican que los jefes políticos aportarán el dinero de la multa para evitar el juicio oral.
- El blindaje es perfecto: para activar un Jury contra los fiscales se necesitan dos tercios en Diputados, bloque opositor comandado por los propios Stratta y Bahillo.
El pacto compra el silencio del escribano Pedro Gebhart, cuyos celulares periciados comprometen al diputado Juan José Bahillo y a la diputada Laura Stratta. Las versiones indican que los jefes políticos aportarán el dinero de la multa para evitar el juicio oral. El blindaje es perfecto: para activar un Jury contra los fiscales se necesitan dos tercios en Diputados, bloque opositor comandado por los propios Stratta y Bahillo.
Aprovechando la distracción de la particiáción de Argentina en el Mundial, se reprogramó para el lunes 29 de junio la audiencia para consagrar el juicio abreviado exprés de Gebhart.
El fiscal Alejandro Badano aplica la teoría del encapsulamiento: ofrece pena condicional (sin cárcel) a cambio de confesar el desvío del programa Jóvenes Emprendedores y devolver apenas 100 millones de pesos (65.000 dólares) de un desfalco comprobado de 2.000 millones de pesos (1.5 millones de dólares), sobre un fraude real proyectado en más de 3 millones de dólares mediante 500 créditos truchos peritados hasta ahora (PERO HAY MAS SIN PERITAR).
Lo de Gebhart es similar al fallido intento de juicio abreviado de José Allende en 2020: «pagar para zafar». La creatividad de la corporación política y judicial de Entre Ríos para diseñar impunidades no deja de sorprender. Cuando parecía que el burdo intento de consagrar un juicio abreviado express para el exsecretario de Desarrollo Económico, Pedro Gebhart, había naufragado por la previsible indignación social, los operadores de pasillo ya encontraron el fixture perfecto para el contraataque.
La escandalosa audiencia de homologación que se suspendió a las apuradas ante el repudio público; fue estratégicamente reprogramada. La nueva cita tiene una precisión quirúrgica: el lunes 29 de junio. ¿La razón de semejante fecha? El cálculo es tan perverso como efectivo. Ese fin de semana, la Selección Argentina disputa su trascendental partido de fase de grupos en el Mundial frente a Jordania.
Mientras todo un país esté anestesiado frente a la pantalla, devorando el minuto a minuto de la Scaloneta y palpitando el casi inminente clásico de la semana contra Uruguay, una Cámara Judicial intentará pasar de contrabando el cerrojo definitivo a la causa de los «Créditos Truchos». Un verdadero gol en contra para la transparencia institucional de la provincia, ejecutado en el momento de mayor distracción masiva.
La causa que timonea el fiscal Alejandro Badano expone una matriz delictiva calcada de la megacausa de los «Contratos Truchos» de la Legislatura: la archiconocida teoría del encapsulamiento. Cortar el hilo por lo más delgado, sacrificara los alfiles administrativos y garantizar que los jefes políticos queden completamente indemnes.
Además, lo de Gebhart se entrelaza de manera notable con un viejo conocido de la Justicia entrerriana, José Allende, constituyendo una misma matriz de impunidad económica, donde exfuncionarios y legisladores pretenden saldar con sumas verdaderamente ínfimas e irrisorias las millonarias fortunas que rapiñaron de las arcas del Estado.
Mientras en la causa de los «Créditos Truchos» Pedro Gebhart y su banda se disponían a cerrar un pacto exprés para confesar el desvío sistemático de fondos públicos a cambio del pago de una multa insignificante en pesos y penas de ejecución condicional para salvar a los diputados Laura Stratta y Juan José Bahillo, la historia se repite de forma casi idéntica con el precedente de Allende en 2020.
El exdiputado y líder de UPCN, procesado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles tras 20 años en la función pública, pretendía eludir la cárcel acordando una pena de apenas 2 años y 8 meses de prisión condicional, una multa de 3 millones de pesos y la devolución de menos de un millón de dólares que ni siquiera iba a pagar en efectivo, sino entregando un puñado de bienes; entre ellos una casa en el parque Urquiza frente al Centro de Convenciones, y un polémico inmueble en calle Laprida con un usufructo vitalicio a favor de una mujer de apellido Longhi que ya estaba alquilado al propio gremio del imputado, burlando la libre disponibilidad del Estado sobre lo decomisado.
En ambas maniobras, la estrategia de la corporación política y judicial consistió en «devolver dos monedas» de todo lo recaudado ilegalmente para clausurar las investigaciones de raíz y evitar los estrados.
Sin embargo, este esquema no logró consumarse: el escandaloso arreglo de Allende fue declarado unánimemente inadmisible por el Tribunal de los jueces Chemez, Castagno y Canepa, enviándolo a juicio oral, en un contexto donde, a diferencia de lo que se intenta tejer hoy en los pasillos judiciales con Gebhart, el trámite de Allende no contaba con el fenomenal factor distractor de un Mundial de Fútbol para adormecer a la opinión pública.
Así, ambas componendas terminaron desmoronándose porque la Justicia se vio acorralada y obligada a dar un paso atrás ante la intensa reprobación de una ciudadanía harta del saqueo impune y la feroz crítica de la prensa que desnudó el verdadero trasfondo del acuerdo.
El trasfondo de los números de la Causa Créditos Truchos desnuda la obscenidad del acuerdo que pretenden homologar: La estafa real proyectada: Al inicio de las investigaciones se hablaba de un fraude al Estado que superaba holgadamente los 3 o 4 millones de dólares. Lo que la Fiscalía «quiso» comprobar: El Ministerio Público Fiscal plantó bandera tras constatar apenas unos 500 contratos truchos. Una porción que representa 1.5 millones de dólares (unos 2.000 millones de pesos actuales).
El freno de mano: Al encontrarse con un escenario delictivo que fuentes tribunalicias califican como «abrumador«, la fiscalía decidió suspender los motores. Decidieron no seguir investigando, no citar a más damnificados y no profundizar en el tendal de identidades robadas a personas vulnerables para cobrar créditos productivos que jamás llegaron a destino. El mensaje de la Justicia es claro y peligroso: robar a mansalva es un negocio redondo si sabés con quién negociar el cierre.
Lo verdaderamente vergonzoso, y que debería sepultar en el descrédito total tanto al Ministerio Público Fiscal como a la política, son las condiciones del pacto de silencio que ahora debe revisar la Cámara. A Gebhart y sus secuaces administrativos se les ofrece una pena de ejecucióncondicional(es decir, ninguno pisará la cárcel) a cambio de confesar el desvío millonario del programa Jóvenes Emprendedores y devolver la irrisoria suma de 100 millones de pesos. Hagamos matemática básica y dolorosa.
Mientras la propia fiscalía dictamina que el robo comprobado hasta acá supera los 2.000 millones de pesos, les permiten saldarla cuenta devolviendo apenas 100 millones. Trasladado a la moneda dura en la que se calcula el desfalco original, les exigen devolver escasos 65.000 dólares de un botín mínimo de 1.5 millones de dólares. Un «descuento» criminal del que no goza ningún ciudadano de a pie. Sería como un descuento del 95% para corruptos: «devuelvan 65 lucas verdes y aquí no ha pasado nada».
EL REPARTO DE LA IMPUNIDAD El botín detectado por la fiscalía: $2.000.000.000 [████████████████████████████████████████] 100% El vuelto que aceptan para cerrar el pacto: $100.000.000 [██] 5% La porción que se queda en el colchón (blanqueado): $1.900.000.000 [██████████████████████████████████████] 95% En los mentideros de la mafia que montó este esquema de recaudación, el aire está espeso. Trascendió con fuerza que convencer al escribano Pedro Gebhart de firmar el juicio abreviado no fue tarea sencilla.
En un principio, el principal imputado se plantó y amenazó con prender el ventilador: «Si a mí me llevan puesto, yo canto y hablo«, repetía a quien quisiera escucharlo. El pánico se instaló de inmediato en algunas terminales del poder entrerriano.
No es para menos: tras el secuestro de los teléfonos celulares, las pericias técnicas arrojaron la existencia de audios y mensajes de texto cruzados que comprometerían de manera directa y severa tanto al exministro y actual diputado Juan José Bahillo, como a la exvicegobernadora y actual diputada Laura Stratta, mentora política, protectora y amiga de Gebhart.
Ante la amenaza de Gebhart de no poner un solo peso de su bolsillo y arrastrar a sus jefes al barro, se activó el operativo de salvataje para «La Reina (de los Contratos) y el Príncipe Helado«. Según las versiones que circulan en el submundo político, los 100 millones de pesos de la multa no saldrán del patrimonio de los imputados firmantes, sino que serán aportados desde arriba.
Los mismos jefes políticos que hoy necesitan comprar el silencio de sus mandos medios para evitar un juicio oral y público que exponga quiénes eran los verdaderos destinatarios de la caja negra. El cinismo del sistema se retroalimenta a la perfección en Entre Ríos.
Si la ciudadanía disconforme pretende exigir explicaciones o activar un juicio políticocontra los fiscales que diseñaron esta parodia de justicia, choca contra una pared institucional diseñada con malicia: Para avanzar con un Jury de Enjuiciamiento en la Cámara de Diputados se necesitan dos tercios de los votos. El oficialismo actual no cuenta con ese número por sí solo. ¿Quién preside el bloque opositor de diputados que debería habilitar esos votos?
La mismísima Laura Stratta, secundada en la banca porJuan José Bahillo. El acusado cuida al fiscal, el fiscal cuida al acusado y el círculo se cierra con una impunidad hermética que da asco.
Resta ver si los integrantes de la Cámara que fijaron la audiencia para el 29 de junio tendrán el coraje de mirar hacia arriba y exigir que la investigación continúe hasta las últimas consecuencias, o si preferirán prenderse al televisor, gritar un gol de la Selección y firmar, entre el ruido de las vuvuzelas y la euforia mundialista, el acta de defunción de la justicia entrerriana.