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El encuentro se llevó adelante en la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Fue conducido por los integrantes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Ignacio Journé y María Ema Bargagna, quienes representan a las organizaciones de la sociedad civil y el Poder Ejecutivo provincial, respectivamente, y el secretario ejecutivo, José Morales.
También estuvieron presentes la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora; la fiscal Fernanda Ruffatti e integrantes de la Policía, el Servicio Penitenciario, organizaciones de la sociedad civil y universidades.Durante la reunión se compartieron los informes de situación remitidos por distintas autoridades públicas, solicitados en diciembre de 2025, sobre acceso a la salud y educación de personas privadas de su libertad en Entre Ríos, tanto en establecimientos penitenciarios como en dependencias policiales de detención transitoria.
A partir de dichos informes, se realizó un intercambio de experiencias sobre las condiciones del ejercicio de ambos derechos en la actualidad y se instó a la conformación de mesas de trabajo por cada uno de los temas, con facultades para convocar a las autoridades que se consideren pertinentes.A su vez, se hizo referencia al estado edilicio y de cupos de las unidades penales, el régimen de visitas y, en general, la situación presupuestaria.
Por el MPD estuvieron presentes Ignacio Mullor, defensor de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná; Martín Cabrera, secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos, y Lucía Tejera, responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional de la Defensoría Penal.Sobre el Consejo El Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es un órgano interministerial e interinstitucional de consulta y asesoramiento permanente del Mecanismo Provincial, que debe reunirse dos veces a año.
Pueden participar de este ámbito todas aquellas personas e instituciones, públicas o privadas, que acrediten antecedentes en el trabajo, estudio e investigación con personas privadas de la libertad, prevención de la tortura y los malos tratosLa Ley Nº 10.563 establece que este organismo tiene por función conocer los informes del Comité Provincial, dialogar acerca de las situaciones constatadas, establecer acuerdos acerca de la existencia de situaciones que resulten efectiva o potencialmente violatorias de las normas, colaborar con el Comité en el diseño, implementación y monitoreo de recomendaciones generales y específicas de prevención de la tortura y los malos tratos y en la construcción de consensos y acuerdos interinstitucionales para su efectiva implementación.
(APFDigital)