Delta
Gobierno nacional avanzó en el último paso del proceso de licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal con la adjudicación a la firma Jan de Nul – Servimagnus, que presentó la mejor oferta, de acuerdo a lo informado oficialmente. Mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó el cierre de las evaluaciones, lo que completa una licitación histórica para el país, considerada por sus volúmenes la privatización más grande.
Desde Nación aseguraron que el cierre del proceso licitatorio no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes, que de esta manera convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora en cada una de las etapas de la licitación pública.
La firma del contrato, prevista para dentro de un máximo de 30 días, activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y “servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.
Las obras previstas permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación, valoraron oficialmente.
Todo el proceso licitatorio contó con un amplio respaldo de usuarios privados (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales, Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, entre otros) así como de gobiernos provinciales (Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones ) que se manifestaron satisfechos ante la conclusión del mismo, destacando que mantuvo estrictos criterios de transparencia pública y cumpliendo con el más alto estándar de calidad técnica dispuesto por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo de la ONU que auditó cada una de las etapas para asegurar la aplicación de las buenas prácticas internacionales en la gestión de infraestructuras soberanas.