Solicitan la detención de Manuel Adorni bajo la doctrina Irurzun

La diputada nacional Marcela Pagano interpuso este lunes una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitando su detención inmediata. La legisladora acusa a Adorni de haber ejercido presión sobre un testigo clave antes de que este prestara declaración en una causa judicial. El fundamento de la denuncia se apoya en la doctrina Irurzun, un marco legal que permite dictar prisión preventiva a funcionarios en ejercicio cuando se identifica un riesgo de entorpecimiento de la investigación debido a su influencia o poder. Esta presentación se produjo pocas horas después de que un contratista revelara que las obras realizadas en la vivienda de Adorni, ubicada en el country Indio Cuá, costaron 245.000 dólares, una suma que supera considerablemente el valor de compra del inmueble, estimado en 120.000 dólares. Según los informes, la diputada Pagano sostiene que Adorni intentó influir en el testimonio del contratista, identificado como Matías Tabar, a través de mensajes de WhatsApp. En sus declaraciones, Pagano aseveró: “Acabo de solicitar la detención de Manuel Adorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina Irurzun”. La solicitud de detención presentada por Pagano se basa en los artículos del Código Procesal Penal que regulan las medidas cautelares, con énfasis en la aplicación “por analogía agravada” de la doctrina Irurzun. Según el texto de la denuncia, el hecho que provocaría un riesgo procesal se habría concretado el 4 de mayo, cuando Adorni contactó a Tabar justo antes de su testimonio, ofreciéndole ayuda y sugiriendo el borrado de los mensajes intercambiados. La doctrina Irurzun, nombrada así en honor al fallo de octubre de 2017 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, establece que a la hora de evaluar el riesgo procesal en el caso de ex funcionarios de alto rango o de aquellos con poder actual, no solo se debe considerar el peligro de fuga, sino también la capacidad del imputado para influir sobre testigos o procedimientos administrativos. Desde su creación, esta doctrina ha sido motivo de controversia, considerada por algunos sectores del derecho penal como una flexibilización excesiva del principio de inocencia. Aunque su aplicación ha sido restringida y revisada por tribunales superiores a lo largo de los años, sigue vigente y no ha sido anulada como criterio jurisprudencial. La diputada Pagano destaca que el caso de Adorni presenta una situación más grave que las que contemplaba la doctrina inicial, ya que implica una acción real y actual de contacto con un testigo por parte de un funcionario activo, lo que podría alterar significativamente el desarrollo de la investigación. Además, el supuesto ofrecimiento de beneficios y la tentativa de borrar mensajes podrían intensificar el riesgo procesal, dado que podrían comprometer pruebas centrales en la causa que investiga el patrimonio y la rehabilitación de la vivienda del jefe de Gabinete.