Trump evalúa nuevos aranceles y Argentina figura entre los países alcanzados

La administración del presidente Donald Trump volvió a impulsar una ofensiva comercial que podría afectar a decenas de países, entre ellos la Argentina. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso aplicar nuevos aranceles a las importaciones provenientes de 60 economías por considerar insuficientes sus medidas para impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

La iniciativa forma parte de un intento de reconstruir parte de la política arancelaria impulsada por Trump, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos limitara el alcance de varias de las medidas adoptadas durante su gestión.

Según informó el organismo encabezado por Jamieson Greer, la propuesta surge de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta utilizada por Washington para responder a prácticas comerciales consideradas perjudiciales para la economía estadounidense, publicó La Nación. Dentro de la lista de países alcanzados aparece la Argentina, que podría quedar sujeta a un arancel adicional del 10 por ciento sobre determinadas importaciones hacia Estados Unidos.

La propuesta distingue entre países que cuentan con mecanismos para restringir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso y aquellos que no poseen ese tipo de regulaciones. Para los primeros se plantea una tasa del 10 por ciento y para los segundos un gravamen del 12,5 por ciento. La Argentina integra el grupo que recibiría el porcentaje menor debido a los compromisos asumidos en acuerdos comerciales recientes firmados con Estados Unidos.

Desde la USTR sostuvieron que la falta de controles efectivos sobre bienes producidos con trabajo forzoso genera una competencia desigual para los trabajadores estadounidenses. “La omisión por parte de nuestros socios comerciales más importantes a la hora de abordar la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso es inaceptable. Esto genera una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad“, declaró Greer al explicar el anuncio.

“Ya no toleraremos esta disparidad. Algunos socios comerciales han adoptado medidas iniciales para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, incluso en el marco del T-MEC [entre Estados Unidos, México y Canadá] y mediante compromisos adquiridos en Acuerdos de Comercio Recíproco.

No obstante, cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni consolide de manera perversa el trabajo forzoso a escala mundial“, agregó el representante comercial de Estados Unidos.

El USTR había iniciado el 12 de marzo pasado investigaciones en los 60 países para determinar si los “actos, políticas y prácticas” de diversas economías relacionados con la" falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso” debían ser objeto de medidas bajo la Sección 301.

Tras la investigación, el USTR determinó que esos actos resultan “irrazonables” y que “constituyen una carga o restricción para el comercio estadounidense”, y que por consiguiente son “objeto de medidas correctivas conforme a la Sección 301″.

“El USTR elaboró un informe exhaustivo titulado ‘Actos, políticas y prácticas de diversas economías relacionados con la omisión de imponer y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso”, el cual "respalda las conclusiones de cada una de las investigaciones realizadas“, añadió la nota.

Allí se señala que los acuerdos bilaterales y plurilaterales también reconocen cada vez más la necesidad de prevenir el comercio de bienes producidos mediante trabajo forzoso. “Más recientemente, los Acuerdos de Comercio Recíproco con la Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia y Taiwán han incluido compromisos para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso", remarca el USTR. La propuesta todavía no fue aprobada.

Los gobiernos, empresas y sectores interesados podrán presentar observaciones hasta el 6 de julio, mientras que el 7 de julio se realizará una audiencia pública en el marco del proceso administrativo previsto por la legislación estadounidense. De avanzar la iniciativa, Estados Unidos podría imponer nuevos gravámenes a productos procedentes de economías de América Latina, Europa, Asia y Medio Oriente.

Entre los países incluidos figuran Argentina, Brasil, Canadá, México, Uruguay, China, India, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Australia y la Unión Europea, entre otros. La medida también se inscribe en la estrategia de Trump para recuperar instrumentos de presión comercial luego de que la Corte Suprema estadounidense limitara parte de los aranceles globales que había impulsado durante su mandato.

“La iniciativa pondrá a prueba la tolerancia de sus socios económicos, quienes, en gran medida, se han abstenido de tomar represalias, optando en su lugar por negociar acuerdos con Estados Unidos para reducir los impuestos a la importación y garantizar el acceso a los mercados", explicó la agencia especializada Bloomberg.

En febrero pasado, Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo recíproco de comercio e inversiones, documento que ahora es mencionado por la USTR como uno de los antecedentes considerados para establecer el tratamiento arancelario diferencial. Por el momento, no se precisó qué productos podrían verse alcanzados por los nuevos gravámenes ni cuál sería el impacto concreto sobre las exportaciones argentinas.

La definición quedará supeditada al resultado del proceso administrativo que se desarrollará durante las próximas semanas.