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Entre Rios

UIA y CAME alertaron por empleo y pidieron proveedores locales en el RIGI - Informe Digital

Advirtieron en Diputados por 75 mil puestos perdidos y reclamaron que el nuevo régimen impulse a la industria argentina.

Publicado Por Informe DigitalLectura 3 min
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Claves

  • La directora ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez, sostuvo que, aunque la economía mostró una leve mejora en el último mes, la industria sigue rezagada.
  • “Hoy estamos un 10% abajo del año 2022 o 2023”, afirmó.
  • Y agregó: “La caída de la actividad tiene correlato en la caída del empleo formal.

Representantes de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa expusieron este martes en la comisión de Industria de la Cámara de Diputados y dejaron una señal de alarma sobre el deterioro del empleo y la actividad fabril. La directora ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez, sostuvo que, aunque la economía mostró una leve mejora en el último mes, la industria sigue rezagada. “Hoy estamos un 10% abajo del año 2022 o 2023”, afirmó.

Y agregó: “La caída de la actividad tiene correlato en la caída del empleo formal. Desde agosto de 2023 hemos perdido 75 mil puestos de trabajo directos”. Bermúdez también cuestionó la carga impositiva sobre el sector. Según explicó, un informe de la UIA ubica la presión tributaria sobre la actividad formal en el 56% del PBI. “Tenemos una mochila de piedra en la espalda”, dijo, al remarcar que la industria compite con productos de Brasil o China sin la misma carga fiscal.

En ese marco, la central fabril pidió una reforma tributaria de fondo, más crédito y una articulación más profunda con el Super RIGI, el régimen que el Congreso debate para grandes inversiones. “Desde la UIA estamos a favor y acompañamos estos regímenes que promuevan las inversiones. Pero al otorgar estos beneficios se reconoce que las condiciones en las que nosotros competimos son desfavorables. Es importante que sirvan para traccionar al entramado productivo local”, planteó Bermúdez.

La propuesta concreta fue replicar el piso de inversión obligatoria del 20% del RIGI para bienes con valor agregado local, ampliar ese cupo de manera gradual durante la inversión y la operación, y fijar reglas claras para verificar que haya proveedores locales disponibles y en condiciones de mercado en precio y calidad. “No existe ningún país en el mundo que teniendo el entramado industrial que tiene Argentina no lo defienda”, concluyó la dirigente. Luego fue el turno de CAME.

Su secretaria general, Beatriz Tourn, coincidió con la idea de romper el aislamiento respecto del mundo, pero reclamó medidas compensatorias para las pequeñas industrias cada vez que se habilite el ingreso de importaciones. “Que tengamos el tiempo necesario para reconvertirnos y no quedarnos afuera del sistema”, pidió. En tanto, Juan Carlos Uboldi, director de Industria de CAME, abrió su exposición con un dato personal: contó que recientemente se vio obligado a cerrar su fábrica de ladrillos.

“Hoy la situación es gravísima. Muchas empresas están cerrando y se están perdiendo puestos de trabajo”, resumió. Por eso, reclamó declarar la emergencia productiva, fiscal, tarifaria y financiera. Entre las medidas urgentes incluyó frenar los aumentos de tarifas energéticas, abrir líneas de crédito blandas para pymes, disponer una moratoria para la cadena en cesación de pagos y promover a los proveedores locales para que ganen peso en el RIGI y el Super RIGI.

“Sin industria no hay posibilidades de desarrollo para la Argentina”, cerró. El Super RIGI apunta a incentivar inversiones superiores a los USD 1.000 millones en las llamadas “industrias del futuro”. La categoría abarca desde baterías de litio y autos eléctricos hasta inteligencia artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre sus beneficios, el régimen prevé una alícuota especial del 15% en Ganancias, amortización acelerada para bienes de capital y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades. Este miércoles se realizará el segundo plenario de comisiones en Diputados. El oficialismo confía en dictaminar la semana próxima para llevar el proyecto al recinto el 24 de junio, junto con el pago a los holdouts y otras iniciativas.