Delta
Claves
- En diálogo con Diario Río Uruguay, el letrado explicó que la resolución se dio en el marco de una acción iniciada contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) debido a demoras en la tramitación del beneficio.
- Según indicó, se trata de “un caso que está sentando jurisprudencia en el sentido del reconocimiento de otorgamiento de pensión no contributiva” luego de varios rechazos administrativos y demoras prolongadas.
- Velázquez Pens señaló que durante la gestión nacional anterior “directamente no otorgaban” determinadas pensiones, incluso en casos donde la documentación médica y clínica estaba acreditada.
El abogado Marcelo Velázquez Pens se refirió a un reciente fallo judicial favorable relacionado con el otorgamiento de una pensión no contributiva por discapacidad y sostuvo que el caso podría marcar un antecedente en la provincia. En diálogo con Diario Río Uruguay, el letrado explicó que la resolución se dio en el marco de una acción iniciada contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) debido a demoras en la tramitación del beneficio.
Según indicó, se trata de “un caso que está sentando jurisprudencia en el sentido del reconocimiento de otorgamiento de pensión no contributiva” luego de varios rechazos administrativos y demoras prolongadas. Velázquez Pens señaló que durante la gestión nacional anterior “directamente no otorgaban” determinadas pensiones, incluso en casos donde la documentación médica y clínica estaba acreditada.
“El argumento que usaban era que no tuvieron tiempo de cruzar los datos con registros de propiedad automotor o inmueble”, explicó. Asimismo, sostuvo que en muchos expedientes también se argumentaba la necesidad de volver a revisar historias clínicas, lo que derivaba en actos administrativos negativos y nuevas demoras judiciales. El abogado aclaró que el caso no correspondía a una pensión suspendida sino a una primera solicitud de otorgamiento.
“No estamos hablando de pensiones ya otorgadas, sino de una persona a la que directamente no se la otorgaban”, remarcó. En ese marco, explicó que el trámite se extendió durante años pese a que la situación médica de la persona ya había sido reconocida por la junta evaluadora correspondiente. Entre otras cosas, Velázquez Pens detalló que para lograr una resolución favorable debieron solicitar medidas judiciales más severas ante la falta de respuesta administrativa.
“Hicimos presentaciones apercibiendo que íbamos a iniciar acciones penales por incumplimiento de deberes de funcionario público o abandono de persona”, sostuvo. Además, explicó que la jueza interviniente dispuso sanciones económicas diarias por cada jornada de demora en el cumplimiento de la resolución. Consultado sobre el alcance del fallo, el letrado consideró que podría transformarse en un antecedente para otros casos similares dentro de la provincia.
“Muy humildemente estimamos que sí, que sienta jurisprudencia”, expresó. Asimismo, señaló que esperan que la resolución pueda servir “para otros colegas y para otras personas que están atravesando la misma situación”. Durante la entrevista, Velázquez Pens aseguró que actualmente existen numerosas personas que continúan aguardando definiciones sobre sus expedientes. “Hay muchos que están en la dulce espera”, afirmó al referirse a trámites que permanecen paralizados en las primeras instancias administrativas.
En ese sentido, indicó que muchas familias dependen de estas pensiones para afrontar gastos básicos y situaciones vinculadas a la salud y la subsistencia cotidiana. El abogado también cuestionó la falta de capacidad operativa para resolver los expedientes y vinculó esa situación con el desmantelamiento de estructuras administrativas. “Vacían la logística y después dicen que no tienen capacidad operativa para resolver”, sostuvo.