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Claves
- El planteo apunta al Decreto 537/2026 y a la serie de normas previas que, según sostiene, consolidaron un trato desigual entre activos y pasivos.
- El demandante se jubiló en agosto del año pasado y afirmó que desde su primer cobro, en septiembre de 2025, aparece en su recibo el código 1650 bajo el concepto “Suma no remunerativa”.
- Dijo que ese adicional fue de $25.000 entre septiembre de 2025 y enero de 2026, y que luego pasó a $75.000 desde febrero, marzo y abril de 2026, con continuidad según la redacción del último decreto.
Un jubilado del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) presentó una demanda contra el Gobierno de Entre Ríos y la Caja de Jubilaciones para que se declare inconstitucional el esquema de sumas no remunerativas que impacta en los haberes provinciales. El planteo apunta al Decreto 537/2026 y a la serie de normas previas que, según sostiene, consolidaron un trato desigual entre activos y pasivos.
El demandante se jubiló en agosto del año pasado y afirmó que desde su primer cobro, en septiembre de 2025, aparece en su recibo el código 1650 bajo el concepto “Suma no remunerativa”. Dijo que ese adicional fue de $25.000 entre septiembre de 2025 y enero de 2026, y que luego pasó a $75.000 desde febrero, marzo y abril de 2026, con continuidad según la redacción del último decreto.
En su presentación, el jubilado cuestionó que la provincia haya repetido aumentos bajo la forma de sumas fijas, no remunerativas, no bonificables y no acumulativas. Señaló que esa mecánica quedó plasmada en los decretos 1895/2025; 2833/2025; 3475/2025; 3921/2025; 119/2026; y 537/2026.
Según el texto judicial, el último decreto dispuso desde febrero de 2026 una suma fija extraordinaria equivalente al 15,8% de la remuneración de junio de 2025, con topes de $150.000 y $320.000 para los activos, y una suma de $75.000 para los pasivos provinciales. Para el demandante, ese diseño rompe la movilidad jubilatoria porque deja de lado la proporción entre lo que cobra un trabajador en actividad y lo que percibe un retirado.
“Desde el inicio existe trato desigual entre activos y pasivos”, sostuvo en la demanda, al remarcar que los jubilados primero cobraban el 50% de lo previsto para los activos y luego pasaron a percibir montos fijos sin relación con sus ingresos. También afirmó que el propio Gobierno habría reconocido la naturaleza salarial de esas sumas en una publicación oficial del 20 de febrero de 2026, cuando informó el cierre de la paritaria estatal.
En ese texto, según citó el escrito, se habló de una recomposición salarial para trabajadores activos y pasivos y se explicó que la modalidad elegida buscaba dar liquidez inmediata. El planteo judicial sostiene que el nombre asignado por la administración pública debe dejarse de lado porque, en los hechos, se trata de una mejora salarial que debería impactar en la seguridad social y en el cálculo de los haberes.
A criterio del demandante, el esquema vigente le hace cobrar menos de lo que correspondería si se respetara la proporcionalidad. “Al desconocerse que el rubro es de naturaleza salarial (…) yo debería cobrar el 82% móvil de lo que le corresponde a un activo”, planteó.
En el cierre de su presentación, insistió en que la lesión a sus derechos no nace solo con el Decreto 537/2026, sino con el primer decreto que fijó montos no remunerativos y abrió una secuencia que, según su mirada, consolidó una discriminación hacia los pasivos provinciales. La demanda quedó centrada en ese punto: si las sumas otorgadas por la provincia deben ser consideradas parte del salario y, por lo tanto, trasladarse a los haberes jubilatorios con el alcance que reclama el exagente del IAPV.