lunes, 22 de junio de 2026
Tu amigo en la noticia
Logo DeltaDelta
En vivo
Volver a portada
Entre Rios

Un jurado juzgará a un hombre por presunto abuso sexual infantil

Nogoyá.– Desde el martes y hasta el 1° de julio, según el cronograma fijado por las autoridades judiciales, se llevará a cabo en nuestra ciudad el jui...

Publicado Por Paralelo 32Lectura 3 min
Un jurado juzgará a un hombre por presunto abuso sexual infantil - imagen de origen
Ver fuente original ↗

Claves

  • César Roberto Cepeda está acusado de cometer los delitos en perjuicio de sus dos sobrinas menores de edad • El proceso penal acumula seis años de espera.
  • Nogoyá.– Desde el martes y hasta el 1° de julio, según el cronograma fijado por las autoridades judiciales, se llevará a cabo en nuestra ciudad el juicio oral y público contra César Roberto Cepeda.
  • En esta oportunidad, nuevamente bajo la modalidad de juicio por jurados, como sucedió con el caso del crimen de Beatriz Fernández en agosto del año pasado.

César Roberto Cepeda está acusado de cometer los delitos en perjuicio de sus dos sobrinas menores de edad • El proceso penal acumula seis años de espera. Nogoyá.– Desde el martes y hasta el 1° de julio, según el cronograma fijado por las autoridades judiciales, se llevará a cabo en nuestra ciudad el juicio oral y público contra César Roberto Cepeda.

El imputado, oriundo de la localidad de Lucas González y quien se desempeñó como empleado de una empresa vinculada al gobierno provincial, deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por una denuncia gravísima. En esta oportunidad, nuevamente bajo la modalidad de juicio por jurados, como sucedió con el caso del crimen de Beatriz Fernández en agosto del año pasado.

Ahora un cuerpo de ciudadanos seleccionados previamente, será el encargado de evaluar las hipótesis de la acusación y de la defensa, determinando la culpabilidad o inocencia del encausado respecto de los cargos por presunto abuso sexual en perjuicio de sus dos pequeñas sobrinas. La investigación penal preparatoria sitúa los hechos en el contexto del ámbito familiar, señalando que las presuntas agresiones ocurrieron cuando las víctimas tenían apenas 3 y 6 años de edad.

De acuerdo a las constancias del expediente, los abusos habrían tenido lugar en la vivienda del acusado y su esposa —hermana de la madre de las damnificadas— durante el período de restricciones por la pandemia, oportunidad en que las niñas quedaban al cuidado de sus tíos maternos mientras sus progenitores cumplían con sus respectivas jornadas laborales.

La causa tomó estado público a partir de las denuncias formuladas por el padre de las menores, quien expuso las severas dilaciones que venía sufriendo el trámite en las oficinas judiciales. El laberinto procesal del caso sumó idas y vueltas que retrasaron significativamente el inicio del debate. En el año 2022, el entonces juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, dispuso la elevación de la causa a un juicio oral de tipo común, resolución que fue confirmada en las instancias ordinarias de revisión.

No obstante, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos terminó revirtiendo dicha medida tras un planteo articulado por el abogado defensor de Cepeda, Walter Martínez. El máximo tribunal provincial ordenó retrotraer las actuaciones para que el caso fuera encuadrado bajo la Ley de Juicio por Jurados.

Dicha estrategia de la defensa técnica significó una postergación de cuatro años en el avance del expediente, hasta que el año pasado la jueza de Garantías subrogante, María Gabriela Tepsich, remitió finalmente la causa a juicio bajo los nuevos parámetros requeridos. A partir de esta semana, las audiencias de debate ciudadano contarán con la coordinación y dirección técnica del magistrado Dardo Tórtul.

En la antesala del juicio, el padre de las menores, expresó la expectativa de la familia de concluir un proceso que el próximo 1 de julio cumplirá exactamente seis años desde la presentación de la primera denuncia formal.

Asimismo, el progenitor recordó que Cepeda se encuentra actualmente bajo medidas de restricción de acercamiento hacia las niñas y sus padres, luego de haber transitado una etapa previa de prisión domiciliaria que el imputado habría incumplido, manifestando el anhelo familiar de que el tribunal popular dicte una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo en una unidad penal.