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Claves
- Se cumplió un mes desde que la comunidad educativa de la Escuela Normal Rural Almafuerte se vio privada de su principal medio de transporte.
- La interrupción del servicio ferroviario impactó directamente en la presencialidad, afectando el derecho a la educación de jóvenes que dependen del tren para llegar al establecimiento.
- Las familias se acercan y nos comentan que no tienen los recursos económicos para pagar el pasaje de colectivo".
Se cumplió un mes desde que la comunidad educativa de la Escuela Normal Rural Almafuerte se vio privada de su principal medio de transporte. La interrupción del servicio ferroviario impactó directamente en la presencialidad, afectando el derecho a la educación de jóvenes que dependen del tren para llegar al establecimiento.
La directora de la escuela, Daniela Burkhard, expresó a APF su profunda preocupación ante esta situación: “Hace un mes que no tenemos el servicio de tren a la escuela y esto hace que los estudiantes no puedan tener una continuidad pedagógica. Las familias se acercan y nos comentan que no tienen los recursos económicos para pagar el pasaje de colectivo". Según detalló la directiva, mientras que el tren tenía un costo máximo de 100 pesos, el boleto de colectivo en la zona ronda desde los 3500 hasta los 4500 pesos.
"Esto hace que la asistencia de las y los estudiantes se vea dificultada", señaló Burkhard, quien además agregó que, si bien las familias se organizaron y la escuela habilitó su servicio de residencia como medida paliativa, estas acciones "no son suficientes" para una situación que se sigue agravando. Respecto a las gestiones para retomar el servicio, Burkhard indicó que el conflicto parece estar trabado en la burocracia administrativa nacional.
Según las consultas realizadas a nivel provincial, las mejoras y arreglos necesarios en las vías y unidades ya finalizaron. Sin embargo, Burkhard explicó que "es Nación quien no envía la revisión técnica para tener la habilitación de poder hacerlo nuevamente". Finalmente, la directora hizo un llamado a las autoridades para que brinden una solución urgente, enfatizando que "las familias tienen el derecho de elegir la propuesta formativa que sus hijas e hijos van a recorrer en términos de educación secundaria".
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