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Claves
- El dirigente explicó que la audiencia originalmente había sido convocada de manera presencial en Paraná, pero la noche anterior fue modificada a modalidad virtual, a pedido de la empresa.
- Según relató, esa decisión dificultó las negociaciones.
- "La pusieron virtual sabiendo que las audiencias virtuales son muy complicadas para hacer porque no tenés el contacto como para hablar fuera de la audiencia y destrabar un conflicto", afirmó.
La conducción del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate buscará concretar una reunión con los propietarios de Unión Bat antes de la nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos para el próximo 15 de julio, en el marco del conflicto que mantiene paralizada la planta de Gualeguaychú y que involucra a 101 trabajadores despedidos.
Así lo confirmó el delegado sindical Martín Gómez, quien explicó que el objetivo es mantener un encuentro "cara a cara" con el directorio para conocer cuál es el futuro de la empresa y destrabar un conflicto que, según sostuvo, se encuentra estancado por la falta de interlocutores con poder de decisión.
En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, Gómez cuestionó el desarrollo de la audiencia de conciliación realizada este jueves, criticó el accionar de la Secretaría de Trabajo y aseguró que los abogados enviados por la empresa "no sabían nada de cómo funcionaba la fábrica" y carecían de facultades para resolver el conflicto.
El dirigente explicó que la audiencia originalmente había sido convocada de manera presencial en Paraná, pero la noche anterior fue modificada a modalidad virtual, a pedido de la empresa. Según relató, esa decisión dificultó las negociaciones. "La pusieron virtual sabiendo que las audiencias virtuales son muy complicadas para hacer porque no tenés el contacto como para hablar fuera de la audiencia y destrabar un conflicto", afirmó.
Como resultado del encuentro, el gremio solicitó un cuarto intermedio y propuso una reunión informal con integrantes del directorio de Unión Bat, preferentemente entre el lunes y el martes próximos, en un lugar neutral. "Necesitamos hablar con esta gente y saber cuál es la realidad de la empresa y qué es lo que quieren hacer", sostuvo Gómez. El delegado también aclaró que la firma no comunicó formalmente un cierre definitivo de la planta, sino un "cese de actividades", una diferencia que consideró significativa.
"La empresa no anunció el cierre, anunció el cese de actividades. A los trabajadores fuera de convenio no los despidieron; despidieron a todos los convencionados, que son los operarios de producción", señaló. Actualmente son 101 los trabajadores alcanzados por los despidos, aunque esa medida quedó suspendida por la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, que retrotrajo la situación al 26 de junio.
En ese marco, explicó que la empresa se comprometió a abonar los días comprendidos por la conciliación, pero mantiene la decisión de impedir el ingreso del personal a la planta. "Dicen que no tienen materia prima para producir y que por cuestiones de seguridad no quieren que ingrese nadie", indicó. Mientras tanto, los trabajadores continúan acampando frente a la fábrica.
Gómez aseguró que los representantes legales de la empresa argumentaron que Unión Bat dejó de producir porque no puede competir con las importaciones, además de atravesar problemas financieros. "No pueden seguir compitiendo con las importaciones, no tienen más crédito, se les acabó la plata", resumió sobre los argumentos expuestos durante la audiencia. Frente a esa situación, reclamó una participación más activa del Estado. "Acá tiene que intervenir el Gobierno también.
Si la empresa dice que no puede competir y tiene que dejar de producir hasta que cambie la política económica, ¿la gente qué va a hacer?", planteó. Además, advirtió que la pérdida de esos puestos de trabajo implica la salida de personal altamente especializado. "Son trabajadores calificados. ¿Después quieren volver a capacitar a cien trabajadores para arrancar otra vez dentro de seis meses o un año?", cuestionó.
Uno de los aspectos que más desconcierta al sindicato es que, apenas días antes de los despidos, la empresa transmitía un panorama positivo respecto de la producción. Gómez recordó que el martes previo mantuvieron una reunión periódica con gerentes de Recursos Humanos y Producción, quienes aseguraron que las ventas venían creciendo y que la temporada alta del sector ofrecía buenas perspectivas. "Nos dijeron que estaba levantando la venta, que venían buenos meses porque esta es la temporada alta de ellos.
Nos fuimos todos contentos", relató. Sin embargo, tres días después llegaron los despidos masivos. "Por eso no entendemos qué está pasando. Seguramente lo vamos a entender cuando nos juntemos con los dueños de la fábrica, que son los que nos van a decir la verdad", afirmó. También indicó que desde que comenzó el conflicto el directorio interrumpió todo contacto con el sindicato. Según precisó, el secretario general intentó comunicarse con uno de los accionistas, Roberto Landi, sin obtener respuesta.
El gremio espera ahora concretar esa reunión con el directorio antes de la audiencia prevista para el 15 de julio, instancia en la que intentará avanzar en una solución para preservar las fuentes laborales y definir el futuro de la histórica planta de Gualeguaychú. En Perú las restricciones para inyectar pesos al Tesoro se establecieron a través de la Constitución hace ya más de 30 años. El Gobierno apunta a cambiar la Carta Orgánica del Central, reformada durante el kirchnerismo.