VIAJE A CHINA DE FUERTES Y ROMERO: ¿PODRÍAN SER IMPUTADOS POR DÁDIVAS?

El viaje de Rosario Romero y Adrián Fuertes a China no puede analizarse como una simple postal institucional. Una cosa es una misión oficial encabezada por un gobernador, con agenda pública, expediente administrativo, representación diplomática y rendición concreta.

Otra muy distinta es que funcionarios municipales viajen durante casi quince días, con gastos cubiertos o facilitados por terceros, en una misión donde aparecen grupos privados, cooperativas, intereses económicos y una agenda que todavía no fue explicada con precisión. El punto central es jurídico y político: nadie paga pasajes, hoteles, traslados, traductores y logística internacional por generosidad.

En la función pública, los regalos, beneficios o ventajas patrimoniales recibidos por funcionarios no son una cuestión menor. El artículo 259 del Código Penal reprime al funcionario que “admitiere dádivas” dadas en consideración a su oficio. No hace falta imaginar un bolso con dinero: un viaje internacional pagado, si proviene de sectores con intereses ante el Estado, puede abrir una zona de sospecha que exige investigación. Argentina ya conoce este tipo de antecedentes.

El caso del camarista Francisco de las Carreras fue emblemático: se lo investigó por un viaje a Miami presuntamente pagado por el Grupo Clarín mientras tenía intervención en causas sensibles vinculadas a ese grupo. La discusión no era si viajó o no viajó, sino quién pagó, por qué lo pagó y si ese beneficio podía afectar la imparcialidad o independencia del funcionario.

También los grandes casos de corrupción muestran que muchas veces los vínculos indebidos no empiezan con una coima explícita, sino con beneficios, intermediaciones, viajes, favores, invitaciones o accesos privilegiados. En el caso Odebrecht, por ejemplo, las investigaciones en Argentina incluyeron sospechas de pagos, dádivas y vínculos con funcionarios en torno a contratos públicos. Por eso el viaje de Romero y Fuertes requiere una explicación completa.

Si lo paga el CFI, debe aparecer el expediente,o el CFI le da un credito (como suele hacer) a un privado que les paga el viaje. Si lo paga un grupo privado, debe informarse quién, cuánto, por qué y con qué interés. Si interviene el denominado Grupo CEDA o estructuras cooperativas, debe aclararse qué relación tienen con los municipios, qué negocios gestionan, qué pretenden obtener y qué tiene que ver todo eso con Paraná, Villaguay o con obras como la colectora, el agua, el saneamiento o la modernización urbana.

La pregunta no es menor: ¿qué hace una red de cooperativas, empresarios y operadores financiando o articulando viajes de intendentes al exterior? ¿Qué contraprestación esperan? ¿Qué convenios se van a firmar? ¿Qué empresas participan? ¿Qué beneficios concretos obtienen los vecinos?

La transparencia exige un pedido de informes urgente: agenda completa, costo total, fuente de financiamiento, nómina de la comitiva, licencia de Romero, si fue con o sin goce de sueldo, quién quedó a cargo de la Intendencia, qué gastos asumió el municipio y qué gastos fueron cubiertos por terceros. Porque si el viaje fue institucional, debe estar documentado.

Y si fue financiado por privados con intereses ante el Estado, la pregunta deja de ser turística y pasa a ser penal: ¿estamos frente a una misión oficial o frente a una posible dádiva encubierta? NOTA DEL EDITOR: Al haber fondos nacionales esta causa tramitaria bajo la orbita federal, en capital federal por ser el lugar de domicilio del CFI, y los tribunales que intervienen en controversias alli estan radicados.- Web: