Claves
- Un dirigente de Estudiantes fue suspendido y multado por agredir a un árbitro de básquet.
- La Asociación Paranaense de Básquetbol emitió un comunicado respecto a la decisión del Tribunal de Penas sobre los hechos de violencia ocurrido tras la primera final de la categoría U21 entre Sionista y Estudiantes.
- El ente que regula los destinos del baloncesto paranaense decidió aplicar una suspensión de cuatro años y multa económica al dirigente de Estudiantes que agredió al árbitro.
Un dirigente de Estudiantes fue suspendido y multado por agredir a un árbitro de básquet. La Asociación Paranaense de Básquetbol emitió un comunicado respecto a la decisión del Tribunal de Penas sobre los hechos de violencia ocurrido tras la primera final de la categoría U21 entre Sionista y Estudiantes. El ente que regula los destinos del baloncesto paranaense decidió aplicar una suspensión de cuatro años y multa económica al dirigente de Estudiantes que agredió al árbitro.
“La Asociación Paranaense de Básquet informa que el Tribunal de Penas dictó resolución en el marco del sumario iniciado por los hechos ocurridos al finalizar el encuentro correspondiente a la categoría U21 entre Centro Juventud Sionista y Club Atlético Estudiantes, disputado el pasado domingo 28 de junio”, expresa en el inicio.
Y continúa: “Luego de analizar el informe presentado por la terna arbitral, las pruebas fílmicas incorporadas al expediente y el descargo efectuado por el dirigente involucrado, el Tribunal consideró acreditada la agresión física contra uno de los árbitros del encuentro. En su presentación, el dirigente del Club Estudiantes reconoció el hecho, manifestó su arrepentimiento y expresó que su accionar posterior respondió a una reacción inmediata de vergüenza y a la intención de evitar que la situación se agravara.
Sin embargo, el Tribunal entendió que dicho arrepentimiento no reúne las condiciones exigidas por el Código de Penas de la Confederación Argentina de Básquet para ser considerado una circunstancia atenuante, por no haber sido exteriorizado de manera espontánea e inmediata tras ocurrido el hecho”.
Más adelante, la misiva enviada a los medios de comunicación manifiesta que “en función de ello, el Tribunal resolvió sancionar al dirigente del Club Estudiantes con cuatro (4) años de suspensión y una multa accesoria de treinta (30) Aranceles Juez la categoría (AJC), la cual deberá ser abonada dentro de los 10 días de notificada la resolución.
Mientras dure la sanción, no podrá participar, bajo ninguna modalidad, de partidos, competencias o eventos organizados y/o fiscalizados por la Asociación Paranaense de Básquet, ni asistir a los mismos en carácter de espectador”. Y sigue: “Asimismo, el Tribunal dispuso mantener las suspensiones provisorias que pesan sobre los demás involucrados en el sumario, mientras continúa la investigación.
En ese marco, también ordenó la continuidad de las actuaciones tendientes a recibir nuevos informes, identificar a otros participantes de los incidentes y garantizar el derecho de defensa de las personas alcanzadas por el proceso disciplinario”.
Ya en el tramo final señala: “Por otra parte, se resolvió mantener las medidas de seguridad oportunamente adoptadas, disponiendo que los próximos encuentros de la categoría U21 que dispute el Club Atlético Estudiantes cuenten con custodia policial, con el objetivo de preservar la integridad del cuerpo arbitral y de todos los protagonistas del espectáculo deportivo”.
En el final manifiesta: “La Asociación Paranaense de Básquet acompaña las decisiones adoptadas por su Tribunal de Penas y reafirma su absoluto repudio a cualquier hecho de violencia. La APB sostiene que el respeto por árbitros, jugadores, entrenadores, dirigentes, oficiales de mesa y público constituye un principio irrenunciable, por lo que continuará trabajando para que todas sus competencias se desarrollen en un ámbito de convivencia, seguridad y respeto.
La jueza de Garantías rechazó planteos de las defensas y decidió la apertura del juicio oral en la causa conocida como “contratos truchos” de la Legislatura. Se trata del mayor desfalco al Estado entrerriano, calculado en unos 53 millones de dólares.
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