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Claves
- “Estamos ante una situación que genera una competencia claramente desigual.
- La propuesta plantea elevar las percepciones actualmente aplicadas a ambos casos.
- Para los operadores no inscriptos en ninguna jurisdicción, la alícuota pasaría del 3% al 5%, el máximo previsto por el propio sistema.
La diputada provincial Lorena Arrozogaray presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) la adecuación de las alícuotas de percepción aplicadas dentro del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (SIRTAC), con el objetivo de corregir las asimetrías que hoy existen entre los comercios entrerrianos formalmente radicados y quienes venden en la provincia a través de plataformas digitales sin encontrarse debidamente inscriptos.
“Estamos ante una situación que genera una competencia claramente desigual. Mientras nuestros comerciantes sostienen locales, generan empleo, pagan Ingresos Brutos, tasas municipales y contribuyen al desarrollo de sus comunidades, existen operadores que venden en Entre Ríos sin cumplir con las mismas obligaciones tributarias”, explicó Arrozogaray. La propuesta plantea elevar las percepciones actualmente aplicadas a ambos casos.
Para los operadores no inscriptos en ninguna jurisdicción, la alícuota pasaría del 3% al 5%, el máximo previsto por el propio sistema. Para quienes se encuentran inscriptos en otras jurisdicciones pero no en Entre Ríos, la percepción pasaría del 1,5% al 3%. “Se trata de una medida correctiva, no recaudatoria. Quien regulariza su situación recupera automáticamente las condiciones ordinarias.
Lo que buscamos es incentivar la inscripción y garantizar que quienes realizan actividad económica en Entre Ríos contribuyan en igualdad de condiciones”, sostuvo la diputada. Arrozogaray señaló además que el impacto de esta situación excede al sector comercial y alcanza directamente a los municipios y comunas entrerrianas.
“Cuando una venta se realiza desde fuera de la provincia sin radicación local, los municipios dejan de percibir recursos vinculados a la actividad económica que efectivamente se desarrolla en su territorio. A eso se suma la pérdida de ventas del comercio local, que afecta el empleo y debilita la economía de nuestras ciudades”, explicó. “No hay desarrollo provincial posible si permitimos que desaparezcan nuestros comercios.
Cada persiana que baja significa menos empleo, menos actividad económica y menos oportunidades para los entrerrianos. Proteger lo nuestro es defender trabajo, producción y arraigo entrerriano”, afirmó.