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Becas en caída y obras frenadas: la radiografía de la UNER que el gobierno entregó a medias | Análisis

El Ministerio de Capital Humano respondió un pedido de acceso a la información pública sobre la Universidad Nacional de Entre Ríos. Las planillas oficiales muestran que las becas Progresar se redujeron a la mitad y que…

Publicado Por Analisis DigitalLectura 10 min
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Claves

  • Las becas Progresar se derrumbaron en la UNER desde 2023.
  • El Ministerio de Capital Humano respondió un pedido de acceso a la información pública sobre la Universidad Nacional de Entre Ríos.
  • Las planillas oficiales muestran que las becas Progresar se redujeron a la mitad y que no hubo obras nuevas desde 2023.

Las becas Progresar se derrumbaron en la UNER desde 2023. El Ministerio de Capital Humano respondió un pedido de acceso a la información pública sobre la Universidad Nacional de Entre Ríos. Las planillas oficiales muestran que las becas Progresar se redujeron a la mitad y que no hubo obras nuevas desde 2023. El resto de las preguntas quedó sin responder, escudado en citas legales. Un pedido de acceso a la información pública es, en teoría, un instrumento sencillo. El ciudadano pregunta, el Estado responde.

La Ley 27.275, sancionada en 2016, parte de un principio que no admite demasiadas interpretaciones: toda la información en poder del Estado se presume pública, y el organismo requerido está obligado a entregarla. La respuesta que el Ministerio de Capital Humano acaba de remitir a esta redacción, en torno a la Universidad Nacional de Entre Ríos, cumple con esa obligación a medias.

Y lo hace de un modo revelador: los datos que sí entregó dibujan un panorama mucho más crudo de lo que el propio gobierno parece advertir, mientras que las preguntas más incómodas quedaron sin respuesta detrás de un muro de citas legales. Conviene leer ambas caras juntas, porque cuentan la misma historia desde dos ángulos.

El expediente lleva el número EX-2026-48800376 y tramitó ante la Dirección General de Despacho del Ministerio de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello y que desde diciembre de 2023 absorbió las funciones del antiguo Ministerio de Educación.

La consulta abarcaba un abanico amplio de cuestiones vinculadas a la UNER: asignación y movimientos presupuestarios, datos de programas y beneficiarios, becas, acreditación de carreras, auditorías, personal destinado a la articulación con la universidad, aplicación de acuerdos paritarios y la posición institucional del Ministerio frente a las medidas de fuerza del sector.

La respuesta llegó fragmentada en dos documentos, firmados con casi tres semanas de diferencia, acompañados de tres planillas de cálculo anexadas en los propios archivos oficiales. En esas planillas está, sin que nadie lo subraye, la parte más dura del informe. El primer documento es una providencia de la Dirección Nacional de Políticas de Fortalecimiento Educativo, identificada como PV-2026-57601466 y firmada el 10 de junio por su director nacional, Octavio Tesone.

Responde de manera concreta al punto referido a las becas Progresar en la UNER y adjunta una planilla con la cantidad de becarios de la universidad entre 2020 y 2025, discriminada por línea de beca y por carrera. La única limitación que reconoce es atendible: respecto de 2026, el proceso de adjudicación todavía no había finalizado, de modo que no era posible informar las becas otorgadas en el año en curso. Hasta acá, el Estado funciona como debe.

Pero esa misma planilla, cuando se la suma y se la ordena, contiene el dato más contundente de toda la respuesta: las becas Progresar en la Universidad Nacional de Entre Ríos se derrumbaron. En 2020 había 3.875 becarios; la cifra trepó a 4.952 en 2021, a 5.310 en 2022 y alcanzó su pico en 2023, con 5.519 estudiantes becados. A partir de allí, la caída es vertical: 4.112 en 2024 y apenas 2.501 en 2025.

En dos años, el programa perdió más de la mitad de sus beneficiarios en la universidad entrerriana: una baja del 54,7 por ciento respecto del pico de 2023. Dicho de otro modo, de cada cien estudiantes de la UNER que tenían una beca Progresar en 2023, hoy la conservan menos de cuarenta y seis. El desplome se reparte por todas las carreras, pero golpea con especial dureza en las de mayor matrícula.

La carrera de Medicina, que en 2023 reunía 810 becarios Progresar, quedó en 333 en 2025: una pérdida de casi el 59 por ciento. Contador Público pasó de 711 a 254 becados, una caída superior al 64 por ciento. Kinesiología y Fisiatría bajó de 495 a 219; Trabajo Social, de 235 a 90; Licenciatura en Sistemas, de 181 a 101. La línea de Enfermería, que el Estado contabiliza por separado, siguió la misma curva descendente: de 283 becarios en 2023 a 123 en 2025.

La planilla oficial menciona, además, una tercera línea, la de Progresar Trabajo, que en los hechos no registra volumen significativo en la universidad. El grueso del programa siempre fue la línea de nivel superior, y es justamente la que se contrajo. El dato adquiere todavía más peso al cruzarlo con una decisión política reciente.

Cuando el 10 de junio de 2026 -el mismo día en que se firmó esta providencia- el gobierno y los rectores acordaron destrabar parcialmente el conflicto universitario, el entendimiento incluyó una recomposición del 50 por ciento para las becas Manuel Belgrano, pero dejó expresamente afuera a las Progresar, que cubren un universo mucho más amplio de estudiantes. Es decir: el programa de becas que más beneficiarios perdió en la UNER es, también, el que quedó sin aumento en la negociación.

Los números de la planilla y la letra del acuerdo apuntan en la misma dirección. El segundo documento es el informe elaborado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias y fechado el 30 de junio. Es el corazón de la respuesta y, a la vez, su zona más opaca. Allí donde la providencia entregó datos, este informe despliega un catálogo de fórmulas administrativas cuyo efecto práctico es no contestar.

Pero también trae adjuntas dos planillas más, sobre becas Manuel Belgrano y sobre obras y equipamiento, que merecen el mismo tratamiento que las anteriores: leerlas hasta el final. Las becas Manuel Belgrano -creadas en 2021 para impulsar carreras consideradas estratégicas, como ingenierías, sistemas, ciencia de datos o alimentos— siguieron en la UNER una trayectoria parecida a la de Progresar, aunque algo más amortiguada.

Arrancaron con 356 becarios en 2021, treparon a 696 en 2022 y a 734 en 2023, su punto más alto. Después comenzaron a achicarse: 648 en 2024 y 592 en 2025. Para 2026 la proyección oficial es más sombría todavía. La propia planilla aclara que la UNER tenía adjudicados 219 becarios y otros 202 cupos a la espera de aceptación, lo que arrojaría un total de 421 para el año en curso. Si esa estimación se cumple, las Manuel Belgrano habrán caído un 42,6 por ciento respecto de 2023.

A esto se agrega un dato que no figura en la planilla pero que define su contexto: el monto de cada beca permaneció congelado en 81.685 pesos desde 2024, licuado por la inflación, hasta la recomposición acordada en junio de 2026. Carreras que el discurso oficial define como prioritarias para el desarrollo del país perdieron, en los hechos, cobertura y poder de compra al mismo tiempo. La tercera planilla es, quizás, la más elocuente de todas, y lo es por una ausencia.

Bajo el título de Plan de obras universitarias y de proyectos de equipamiento científico, tecnológico e informático, el Estado nacional detalla lo que financió en la UNER.

En materia de obras figura una única resolución, de 2021, por algo más de 55,7 millones de pesos, que cubrió tres trabajos: la adecuación eléctrica de la planta piloto y mejoras en la Facultad de Ciencias de la Alimentación, con sede en Concordia; obras de accesibilidad en el campus de Oro Verde y obras de accesibilidad en la Facultad de Ciencias de la Salud, en Concepción del Uruguay. Las tres figuran como terminadas en 2023.

En equipamiento, la planilla enumera doce proyectos por un total cercano a los 261,9 millones de pesos: planes de virtualización de la enseñanza, despliegue de años de las carreras de Medicina y Veterinaria, fortalecimiento de la biosimulación, escuelas de educación profesional, gastos en ciencia y tecnología. En conjunto, obras y equipamiento suman unos 317,7 millones de pesos transferidos a la universidad. El detalle decisivo es la fecha.

Absolutamente todos esos proyectos -las tres obras y los doce equipamientos- corresponden al período que va de 2020 a 2023. El último de la lista es el PlanVES IV, un programa de virtualización con resolución de 2023. No hay una sola obra ni un solo proyecto de equipamiento posterior a diciembre de 2023, que es exactamente el mes en que asumió la actual gestión nacional.

Cuando el informe aclara que entrega la información “por el período disponible”, está diciendo, sin decirlo, que el período disponible se terminó cuando cambió el gobierno. La UNER no recibió del Estado nacional, según sus propios registros, ninguna obra nueva ni equipamiento nuevo en todo lo que va de la administración de Javier Milei. Es el mismo patrón que esta redacción ya documentó en el área vial de la provincia: la inversión no se reduce, se interrumpe. Hasta aquí, lo que las planillas dicen.

A partir de acá, lo que el informe se niega a decir, que es la otra mitad de la historia. Porque junto a esos datos duros, la Subsecretaría de Políticas Universitarias desplegó un repertorio de fórmulas que conviene desarmar una por una, porque cada una representa una variante distinta del mismo mecanismo de elusión. Frente a la consulta sobre las auditorías realizadas a la UNER, el organismo respondió con cinco palabras: “no constan datos en nuestros registros”.

La fórmula es impecable desde lo jurídico y desconcertante desde lo institucional. No dice que no hubo auditorías; dice que el Ministerio no tiene registro de ellas. El control sobre el uso de los fondos públicos que el Estado transfiere a una universidad debería dejar rastro en algún expediente. Que la cartera responsable de la política universitaria declare no tener constancia de auditorías sobre una casa de altos estudios es, en sí mismo, una respuesta que abre más preguntas de las que cierra.

El segundo esquive aparece al preguntar por el personal del Ministerio asignado a la articulación con la UNER: dotación, modalidad de contratación, áreas operativas. La respuesta primero recuerda que el Ministerio de Capital Humano fue creado por el Decreto 8 de diciembre de 2023 y luego informa que la Subsecretaría no cuenta con personal asignado de manera exclusiva a la vinculación con la universidad.

Las tareas de coordinación, sostiene, las desarrollan los distintos agentes de las áreas competentes según la distribución interna de cada momento, de modo que no existe una dotación específica ni áreas operativas exclusivas. La respuesta es probablemente cierta, pero también es una manera elegante de no informar quién, dentro del Estado nacional, tiene efectivamente a su cargo la relación con la UNER.

Si la pregunta era cómo se gestiona ese vínculo, la contestación es que se gestiona de manera difusa, sin responsables identificables. El tercer punto es el más revelador desde lo político, y es donde el Ministerio decide trazar una frontera explícita. Ante la consulta sobre la posición institucional asumida frente a las medidas de fuerza, paros y manifestaciones del personal docente, no docente y estudiantil de la UNER, la Subsecretaría directamente se niega a contestar.

El argumento es técnico: sostiene que lo requerido no se refiere a información pública preexistente contenida en documentos o registros, sino que implicaría “la elaboración de apreciaciones, valoraciones o juicios” sobre hechos determinados, algo que excedería el alcance de la Ley 27.275 en sus artículos 2 y 3. En lo estrictamente jurídico, el planteo no es descabellado: la ley no obliga a un organismo a producir opiniones. Pero el contexto vuelve la respuesta elocuente.

Un gobierno que durante 2026 mantuvo un conflicto abierto con las universidades, que en abril intimó formalmente a los rectores a informar qué medidas adoptaban para garantizar las clases frente a los paros, y que hizo de la pérdida de días de clase un eje de su discurso público, difícilmente carezca de una posición sobre las medidas de fuerza. Lo que el informe declara no tener por escrito es, en los hechos, una de las posturas más explícitas que la gestión sostuvo durante el año.

El cuarto esquive tiene que ver con las paritarias. Consultado sobre la aplicación de los acuerdos paritarios nacionales a la planta docente y no docente de la UNER, el organismo respondió en dos tiempos...