Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

La Causa Contratos Truchos fue elevada a juicio oral. La Fiscalía de Estado buscará el resarcimiento económico y el decomiso de bienes. En el marco de la Causa Contratos Truchos, el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral. La justicia de Entre Ríos marcó un hito fundamental en uno de los casos de corrupción más escandalosos de su historia reciente.

Tras años de dilaciones y planteos técnicos, la causa conocida como de los Contratos Truchos en la Legislatura provincial fue elevada a juicio oral. Esta decisión no solo implica que los responsables deberán enfrentar posibles penas de prisión, sino que abre la puerta a una ofensiva económica por parte del Estado para recuperar el patrimonio sustraído.

En este escenario, Gustavo Acosta, representante de la Fiscalía de Estado, detalló que la institución que representa actúa bajo la figura de actor civil, con un objetivo que va más allá de la condena penal: el resarcimiento económico por los fondos públicos desviados. Acosta explicó a UNO que, tras la resolución emitida por la jueza Marina Barbagelata, se destrabaron diversos obstáculos procesales interpuestos por las defensas.

Específicamente, se rechazaron los intentos de frenar la demanda civil mediante excepciones de falta de legitimación y de prescripción, lo que significa que la acción para reclamar la reparación del daño sigue plenamente vigente y con paso firme hacia el debate.

"Eventualmente, una vez terminado el debate, el tribunal emitirá una sentencia que va a tener un componente penal que seguramente van a ser en función de los pedidos y las postulaciones del Ministerio Público Fiscal y va a tener un componente económico, que es en función de las postulaciones nuestras como actor civil.

Si se hace lugar a nuestra petición, va a haber también una condena de índole patrimonial donde esperamos tener resarcimiento de los montos que han sido extraídos al Estado y que constituyen el perjuicio económico", ahondó. Para la Fiscalía de Estado, el juicio oral y público será la instancia plenaria donde se buscará alcanzar lo que Acosta denomina una "verdad forense".

Según el funcionario, esto consiste en una reconstrucción histórica de los hechos que permita al tribunal dictar una sentencia con dos componentes claros: uno penal, basado en las postulaciones del Ministerio Público Fiscal, y otro estrictamente patrimonial, que atienda al perjuicio irrogado al erario público. Una publicación compartida de Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios) La magnitud de la causa es impactante.

La investigación, liderada por los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, sostiene que entre los años 2008 y 2018 se montó un esquema de desvío de fondos públicos que alcanzó un monto estimado de 53 millones de dólares. En el desarrollo de las audiencias, el fiscal Aramberry fue tajante al calificar este proceso como un "saqueo" sistemático a la Legislatura entrerriana durante diez años.

El dinero sustraído no se quedó estanco, sino que, según la hipótesis fiscal, fue canalizado hacia inversiones inmobiliarias y actividades agroganaderas con el fin de ocultar su origen ilícito. Es precisamente sobre estos activos donde el Estado planea golpear con mayor fuerza. Acosta confirmó que la condena que buscan incluye el decomiso de bienes inmuebles, campos y departamentos como parte de la reparación.

"Es lo que nosotros peticionamos: la reposición de las cosas al estado anterior mediante el decomiso de bienes en función de la reparación del perjuicio irrogado", afirmó el representante legal. Mientras que un grupo menor de implicados accedió a la suspensión del juicio a prueba, el núcleo duro de los acusados deberá afrontar la elevación a juicio.

La reactivación del cronograma judicial se produjo luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara impugnaciones extraordinarias presentadas por las defensas, considerando que dichos recursos habían sido mal concedidos, lo que finalmente permitió destrabar el proceso. La lista de quienes deberán sentarse en el banquillo es extensa.

Entre los imputados se encuentran: Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Alfredo Bilbao, Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Alejandro Luis José Almada, Juan Pablo Aguilera, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Eduardo Opromolla, Juan Domingo Orabona, Jorge Enrique De Breuil, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.