Caza VIP: las preguntas que la política todavía le debe responder a los entrerrianos

¿”Hubo posibles conexiones políticas que permitieron el funcionamiento de este circuito ilegal”? NO LO DUDO. Cada vez que sale a la luz un caso de caza ilegal de alto nivel, con campos exclusivos, armas costosas, trofeos valuados en miles de dólares y visitantes de gran poder adquisitivo, surge una pregunta que gran parte de la sociedad se hace: ¿cómo puede funcionar una actividad de semejante magnitud sin que nadie dentro del Estado lo sepa?

Mientras la sociedad avanza hacia una mayor conciencia sobre el bienestar animal, la conservación de la biodiversidad y el respeto por todas las formas de vida, todavía subsisten prácticas que generan un profundo rechazo social. Entre ellas se encuentran los cotos de caza ilegales y las actividades clandestinas llevadas adelante por personas que, ignorando las leyes y los principios más básicos de respeto hacia la naturaleza, continúan persiguiendo y matando animales por diversión, entretenimiento o lucro.

"Matar por deporte: la muerte del cazador mexicano y las preguntas que nadie respondió, el silencio que rodea a los cotos de caza”. Un hecho ocurrido en el departamento Gualeguaychú volvió a poner este debate en el centro de la escena. El 7 de octubre de 2022 falleció en Costa Uruguay Sur el ciudadano mexicano Mario Alberto Canales Najjar, de 64 años, presidente de la Federación Mexicana de Caza, durante una excursión cinegética en un establecimiento rural de la zona.

Según trascendió durante la investigación, Canales se encontraba participando de una jornada de caza mayor cuando localizó un búfalo asiático de gran porte. Tras dispararle a corta distancia con un fusil de gran calibre, el animal, gravemente herido, logró reincorporarse y embistió al cazador, provocándole múltiples fracturas y lesiones internas que finalmente causaron su muerte. Para detener el ataque, uno de sus acompañantes abatió al búfalo. La muerte de una persona nunca debe ser motivo de celebración.

Sin embargo, el episodio obliga a reflexionar sobre un modelo de entretenimiento basado en la persecución, el sufrimiento y la muerte de animales. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Martina Cedrés, quien resolvió archivar la causa al considerar que no existía responsabilidad penal de terceros y que la víctima había asumido voluntariamente los riesgos inherentes a la actividad que desarrollaba.

No obstante, durante la investigación surgieron interrogantes que aún generan debate público: • ¿El establecimiento contaba con todas las habilitaciones correspondientes? • ¿Funcionaba como coto de caza autorizado? • ¿Existían permisos oficiales para desarrollar actividades de caza mayor? Más allá de las respuestas judiciales, la discusión social continúa abierta.

Allanamientos millonarios y un presunto circuito clandestino de caza VIP Las recientes investigaciones judiciales volvieron a colocar a los cotos de caza de la región bajo la lupa. En el marco de una causa federal, la Justicia asestó un nuevo golpe a una presunta red vinculada a la caza furtiva de alta gama que operaba en Entre Ríos.

Tras un segundo allanamiento realizado en un galpón ubicado sobre Urquiza al Oeste, en Gualeguaychú, personal de Prefectura Naval Argentina y de la Brigada de Control Ambiental de la Nación secuestró un importante arsenal, miles de municiones, dispositivos electrónicos y numerosos trofeos de fauna silvestre. Según trascendió, el valor total de los bienes incautados en la investigación superaría los 1.300 millones de pesos.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por una organización ambientalista contra el establecimiento “Médano Salvaje”, ubicado en Costa Uruguay Sur, Uno de los hechos que despertó mayor preocupación fue la caza de un ejemplar de ciervo colorado con una cornamenta de 72 puntas, considerado por especialistas como un posible récord sudamericano. De acuerdo con la investigación, un empresario brasileño habría abonado cerca de 40.000 dólares para participar de la actividad cinegética.

Durante los procedimientos también se detectó la presencia de otro ejemplar vivo y más de medio centenar de trofeos compuestos por cráneos y astas. En el último operativo fue identificado un hombre mayor de edad y se secuestraron 29 escopetas de distintos calibres, un revólver, más de 15.000 cartuchos, teléfonos celulares y equipos informáticos que serán sometidos a pericias.

Uno de los aspectos más sensibles de la investigación gira en torno al ciervo colorado (Cervus elaphus), una especie exótica invasora cuya introducción y manejo se encuentra estrictamente regulada en Entre Ríos. Según la información conocida, los animales tendrían origen genético en un criadero ubicado en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, y habrían sido trasladados a territorio entrerriano bajo autorizaciones que hoy forman parte de la investigación judicial.

Los especialistas advierten que el ciervo colorado representa una amenaza para los ecosistemas nativos debido a que compite por alimento y territorio con especies autóctonas, altera la vegetación natural, degrada los suelos y puede transmitir enfermedades y parásitos tanto a la fauna silvestre como al ganado. La magnitud de los secuestros y las irregularidades investigadas vuelven a plantear una pregunta de fondo: ¿existieron controles suficientes sobre estas actividades?

Y, sobre todo, ¿qué mecanismos deben fortalecerse para evitar que el negocio de la caza comercial continúe avanzando sobre la fauna y los ecosistemas de Entre Ríos? Durante décadas los animales fueron considerados simples recursos al servicio del ser humano. Sin embargo, la evolución social y científica ha demostrado que los animales son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, miedo, estrés y sufrimiento.

En el nuevo caso surgido en Gualeguaychú, se analiza la infracción a la Ley Nacional 22421 de conservación de la fauna silvestre, el posible contrabando de especies, actos de crueldad a los animales y la financiación de la estructura. En Argentina, la Ley Nacional Nº 14.346 sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales, estableciendo penas para quienes les provoquen sufrimientos innecesarios o los sometan a situaciones de abuso.

Cada vez más sectores de la sociedad sostienen que la protección animal no debe limitarse únicamente a evitar el maltrato doméstico, sino que también debe abarcar aquellas prácticas que convierten la vida de un animal en un trofeo o en un simple objeto de entretenimiento. La fauna silvestre constituye un patrimonio natural de todos los ciudadanos. Su preservación no responde únicamente a razones ecológicas, sino también a principios éticos que reconocen el valor intrínseco de la vida animal.

La Ley Provincial N.º 4.841 regula toda actividad vinculada a la captura, crianza, explotación, comercialización y tránsito de animales silvestres, así como cualquier acción que altere las condiciones naturales en que se desarrollan estas especies. Algunos artículos de la norma jurídica. Entre otros aspectos, establece que: Artículo 18: Las licencias de caza deben solicitarse ante la Dirección General de Fiscalización y tienen una validez de dos años.

Artículo 20: La Dirección General de Fiscalización puede otorgar permisos provisorios a socios de entidades deportivas de otras provincias, conforme a los requisitos establecidos por la reglamentación. Asimismo, ante denuncias por caza ilegal, especies protegidas, falta de permisos o irregularidades en establecimientos dedicados a estas actividades, intervienen organismos provinciales y fuerzas especializadas en delitos rurales.

La muerte ocurrida en Costa Uruguay Sur debería haber servido como un punto de inflexión para revisar controles, habilitaciones y mecanismos de fiscalización. Sin embargo, años después, la sociedad sigue preguntándose qué medidas concretas se adoptaron para evitar situaciones similares. La pregunta es inevitable: ¿qué aprendieron las autoridades de aquella tragedia? Si una muerte no alcanza para generar cambios profundos, entonces el sistema de prevención está fallando.

Los controles no pueden llegar después de los hechos consumados; deben existir antes. La falta de inspecciones rigurosas y de sanciones ejemplares favorece la continuidad de prácticas que ponen en riesgo tanto a los animales como a las personas que participan de ellas. Los cotos de caza ilegales y la caza furtiva representan una amenaza para la biodiversidad, el equilibrio ambiental y los valores de una sociedad moderna.

La naturaleza no es un parque temático y los animales no son blancos móviles destinados a satisfacer el deseo de obtener trofeos. Proteger la fauna silvestre no es una cuestión ideológica ni una moda pasajera. Es una obligación moral, ética y legal. Una sociedad verdaderamente civilizada se mide también por la forma en que trata a los seres más vulnerables y por el respeto que demuestra hacia toda forma de vida. La política ya no puede mirar hacia otro lado.

El respeto por la vida animal debe prevalecer por encima de cualquier interés recreativo o económico. Porque cuando una muerte no alcanza para generar cambios, el silencio también se vuelve parte del problema.