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Claves
- La discusión se da en la audiencia de remisión a debate y ya dejó varios cruces con Fiscalía.
- Parte de esa evidencia fue aceptada por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry y admitida por la jueza de Garantías Marina Barbagelata.
- También reclamaron datos sobre ampliaciones presupuestarias destinadas a cubrir el gasto de esos contratos.
En la causa por los contratos truchos de la Legislatura entrerriana, las defensas empezaron a mover prueba propia para llegar al juicio con una hipótesis más ambiciosa: que hubo un desfalco, pero que la responsabilidad no recae en los imputados que hoy siguen en el expediente. La discusión se da en la audiencia de remisión a debate y ya dejó varios cruces con Fiscalía.
Según lo expuesto en la audiencia, los abogados de distintos imputados pidieron incorporar documentación y testimonios que no forman parte del requerimiento de elevación a juicio sostenido por el Ministerio Público Fiscal. Parte de esa evidencia fue aceptada por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry y admitida por la jueza de Garantías Marina Barbagelata.
Desde el martes, los planteos de los defensores se concentraron en tres ejes: la oposición al requerimiento fiscal, el pedido para unificar las dos causas por los presuntos contratos truchos y la incorporación de información sobre los contratos celebrados entre 2008 y 2018 que, según dijeron, la Legislatura nunca remitió pese a haber sido requerida por el MPF. También reclamaron datos sobre ampliaciones presupuestarias destinadas a cubrir el gasto de esos contratos. No todo pasó el filtro.
Una nueva pericia informática, impulsada por el abogado Miguel Ángel Cullen, fue rechazada por la acusación pública. Los fiscales sostuvieron que ya se había producido durante la investigación y con participación de las defensas, y que reabrirla ahora sería dilatorio. Barbagelata acompañó ese criterio, aunque habilitó que la defensa presente a su perito de parte para que exponga sus conclusiones en el juicio.
En esa línea, la jueza sugirió que el licenciado en Informática Gastón Cruzado sea citado como perito de parte y que su informe quede a disposición de Fiscalía antes del debate. También admitió como informe, y no como pericia, el trabajo elaborado por el contador de parte Juan Manuel Pérez sobre la pericia contable del MPF. Uno de los planteos más sensibles de la jornada fue el pedido para incorporar diarios de sesiones y documentación presupuestaria de la Legislatura.
Cullen sostuvo que esos archivos permitirían ver los montos aprobados para distintas partidas y las ampliaciones que, según su lectura, habrían servido para cubrir gastos vinculados a contratos de obra. “La información es valiosa, no la valoración de la prueba”, respondió la fiscal Yedro. La jueza, en tanto, admitió la incorporación del oficio y ordenó que la defensa produzca el informe y lo ponga en conocimiento de la Fiscalía.
También se pidió sumar la orgánica general de Administración del Senado, un sumario de Senadores dispuesto por Lucila Haidar y un oficio al Tribunal de Cuentas para que informe sobre las rendiciones de la Legislatura en el período investigado. Todo eso fue admitido para el debate. Entre los testigos propuestos aparecen nombres de peso político y administrativo: José Eduardo Lauritto, Raúl Taleb, Néstor Diez, José Cáceres, Lautaro Schiavoni, Adán Bahl, Aldo Ballestena y Maximiliano Argento, entre otros.
La lista también incluye a funcionarios y técnicos vinculados con el circuito de control y administración. La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se retomará el martes próximo, con la intervención de los abogados Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías. Mientras tanto, la escena dejó una señal poco habitual en este tipo de causas: las defensas no sólo discuten la acusación, sino que también intentan aportar piezas para reconstruir cómo funcionó el esquema investigado.
En el expediente se investiga una estafa al Estado provincial estimada en unos 53 millones de dólares entre 2008 y 2018. De acuerdo con la investigación fiscal, el dinero habría salido de las arcas públicas a través de contratos truchos legislativos, con intervención de funcionarios, empleados jerárquicos de ambas cámaras, dos estudios contables y personas ajenas al Estado que habrían aportado prestanombres, falsificado firmas y endosado cheques, entre otras maniobras.
La etapa de elevación a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El MPF pidió llevar la causa a debate en 2021, tras una investigación de tres años. Hoy quedan 18 imputados de los 32 iniciales, luego de probation, un juicio abreviado y un sobreseimiento.
Entre los acusados siguen Alfredo Bilbao, Flavia Beckman, Hugo Mena, Ariel Faure, Jorge De Breuil, Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla, Maximiliano Degani, Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.