Julián Maneiro: “El gran cambio es ver el narcotráfico como problema de Estado”

Lo subrayó el secretario de Justicia de Entre Ríos en entrevista con Paralelo32 • Destacó que para la actual gestión provincial “sin desarrollo económico privado no puede haber desarrollo social” • Sobre la política en la capital entrerriana, comentó: “En Paraná todo tiene más virulencia, más resonancia”.

La Secretaría de Justicia tiene a su cargo seis Direcciones Generales: Patronato de Liberados, Atención a la Víctima, Derechos Humanos, Registro Civil y Capacidad de las Personas, Notariado y Propiedad Inmueble, Inspección de Personas Jurídicas. Además, está la Oficina de Acceso a la Información Pública.

En cada una de estas dependencias hay un director general a cargo del área y al frente de todo este entramado de oficinas públicas está el abogado crespense Julián Maneiro, uno de los dirigentes de Crespo Nos Une que ‘desembarcó’ en el gabinete de Rogelio Frigerio, para reforzar la gestión provincial.

Además de estas direcciones, Maneiro tiene que mantener un delicado equilibrio como encargado de las siempre difíciles relaciones políticas del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, para avanzar en el Poder Legislativo con proyectos medulares de gestión. En un extenso diálogo con Paralelo32, Maneiro se metió en los temas políticos bajo su órbita, y más allá. – ¿Cómo ve las gestiones de Frigerio y de Milei?

-- En lo nacional, veo un gobierno con el que, personalmente, no comparto las formas ni los modos y ni el estilo de ejercer el poder. No es lo que hace Frigerio en la provincia. Lo de nuestro gobernador es lo más acorde a un sistema democrático que pretende avanzar y consolidarse en el tiempo. Sin perjuicio de analizar el fondo y las decisiones en sí. Creo que en materia económica se hacen cambios muy profundos y extremos.

En algún punto dan resultados en la estabilidad y la macroeconomía: se ha puesto a la Argentina en otro lugar en el comercio internacional, en el capitalismo mundial, en inversiones y demás. Esto tiene consecuencias al interior, que deben ser atendidas. Porque la economía es también de las personas. Si no, el cambio no se sostiene en el tiempo. De nuevo, no es lo que está sucediendo en Entre Ríos: acá se afrontó la política apoyando las cuestiones nacionales, pero con otras variantes.

Maneiro profundizó su análisis: “Parto de la idea central de que, sin desarrollo económico privado no puede haber desarrollo social. Que el Estado preste garantías de estabilidad, educación pública, compensación y ayuda a sectores que no pueden avanzar solos. Ahí hay una diferencia de fondo, que en la disyuntiva binaria del país nos ubica en un lugar coincidente con Milei, contra una visión donde el Estado es ‘el gran solucionador’”.

A continuación, señaló que “el planteo libertario de Milei no estaba, es la gran novedad del esquema político nacional. No existió desde el 83 para acá con la fuerza que ahora se expresa. Quizás se deba a los fracasos de distintos gobiernos para impulsar un desarrollo sostenible”.

Frente al debate que la oposición da sobre la pérdida de centralidad de los Derechos Humanos en la gestión libertaria, Maneiro señaló que “no se ven cambios sustanciales, no pasamos de un Estado democrático a uno policial, en los hechos concretos sobre la vida de las personas”. – ¿Y los protocolos de represión de Patricia Bullrich? -- No modifican sustancialmente el accionar de la policía.

No hay ‘carta blanca’ como ocurre en Brasil, por ejemplo, para ciertos sectores de las policías estaduales que manejan las favelas y el narcotráfico. O lo que sucede en Colombia y otros países. Maneiro subrayó que “el gran cambio es visualizar el narcotráfico como un problema de Estado y Entre Ríos está en esa idea. Me parece que, si uno lo ve desde el 83 para acá, el riesgo para la democracia argentina no son ni los levantamientos militares ni organizaciones guerrilleras.

Hoy, es la situación que se ve en México y otros países, que son casi ‘estados fallidos’ por el narcotráfico. Colombia tiene más de un cuarto de su territorio donde el Estado nacional no puede ejercer el orden; allí controlan organizaciones paramilitares o guerrilleras que imponen sus leyes por encima de las del Estado colombiano. Cuando eso existe y se tolera por décadas, estás en un problema grave. Argentina tiene situaciones conflictivas en el conurbano o el Gran Rosario, pero se está accionando.

Quizás con grandes deficiencias, pero no se tolera”. Entre los temas en agenda del gobierno de Frigerio, figura una reforma integral al Código Procesal Penal de la provincia. Entre Ríos, desde 2008 con la reforma constitucional, dejó atrás el sistema inquisitivo del proceso penal y pasó a un sistema acusatorio. Eso significa que los fiscales llevan adelante la acción penal y tienen muchas más atribuciones que lo que antes tenían los jueces de instrucción penal. – ¿Se dio demasiado poder a los fiscales?

-- Algunos sectores entienden que la Procuración tiene atribuciones que desbalancean frente al justiciado. Otros entienden que no, que es correcta la forma de organización, pero que se puede pulir. Hay, sobre todo, restricciones de tipo estructural. Se necesitan recursos periciales, informáticos, humanos y tecnológicos de mucha mayor amplitud que las que actualmente tiene Entre Ríos, como ocurre en muchísimos provincias.

En cambio, los delitos ‘menores’ en cuanto al castigo penal, se están resolviendo en juicios abreviados donde el acusado acepta la pena. O con probation. Esa es la parte que funciona bastante bien. – Hay una discusión sobre lo caro que resultan los juicios por jurados; más en un contexto de restricciones presupuestarias. -- Sí. Nosotros promovimos y logramos una reforma de la Ley de Juicios por Jurados, ley que es una gran conquista.

Los juicios por jurados, en general en el mundo, se han reservado para delitos de mayor gravedad. Entendimos que la ley entrerriana amplió demasiado, lo que generó una demanda muy grande sin estructuras suficientes. No se trata solo de convocar a los ciudadanos para el juicio, además está toda la infraestructura que debe imponerse, el espacio, la afectación de funcionarios, magistrados, empleados, peritos. Y cuando se inicia, el juicio debe terminarse. Hay que concentrar todo, en tres, cinco, diez días.

– ¿Cómo se han resuelto hasta ahora? -- Se han resuelto dentro de la semana. Pero hay un ‘cuello de botella’ para procesos pendientes sin fecha, porque hay ‘capacidad instalada reducida’, por decirlo de algún modo. El secretario destacó que la reforma procesal penal replanteó los juicios por jurados para delitos con pena mayor a 20 años. Los de 20 o menos, van a juez técnico.

“En juicios que vienen realizándose hubo algunas declaraciones de inconstitucionalidad porque se entiende que en casos específicos, durante la transición, la reforma vulnera el ‘juez natural’ y las ‘garantías del debido proceso’. Son casos puntuales que van a terminar en juicios por jurados”, finalizó Maneiro. – Desde afuera se ve un poder judicial ‘muy monárquico’. ¿Por qué no pensar la elección popular de jueces o fiscales?

Poner a la justicia en la mira de la propia ciudadanía, como mecanismo de control sobre lo que aparece como manejo arbitrario. -- No conviene avanzar en la elección porque se politizaría aún más todavía, se obligaría a jueces o fiscales a hacer campaña, juntar votos y adhesiones. Además, se debe reformar las constituciones nacional y provincial para permitirlo. No lo veo como un modelo viable. Contrarresta cierta previsibilidad que debe dar el ordenamiento jurídico.

Creo que hay mecanismos de control ciudadano que pueden avanzar y requerir del Poder Judicial, de los fiscales y defensores, un mayor grado de rendición de cuentas sobre sus acciones. Hay mecanismos de control como el Juicio Político y el Jury de Enjuiciamiento. En general, se han activado en casos de gravedad institucional. Se dieron por denuncias de violencia laboral, en el caso de dos jueces. Eso no formaba parte de la dinámica y de lo que se conocía hasta no hace mucho.

Hay que avanzar en esos temas, información pública, transparencia de procedimientos judiciales, avanzar en sistemas de monitoreo en torno a la eficiencia y la eficacia de su trabajo, como con todo funcionario público”. Maneiro agregó: “Quizás se podría pensar en mecanismos de justicia comunitaria, de mayor cercanía con los vecinos. Pero no aplicable en temas de mayor gravedad, como los casos penales.

Hoy en el mundo se está avanzando en que las diferencias comerciales, civiles, patrimoniales, prácticamente no llegan a los juzgados. Se resuelven en instancias previas, con mediaciones, negociaciones, arbitrajes, sin llegar a la intervención estatal”. En este punto, destacó que “hoy en Entre Ríos, más del 60% de las causas civiles y comerciales se resuelven en esquemas de mediación”.

Sobre las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, el entrevistado describió ciertas características del mundillo político-judicial de la capital provincial. “En Paraná todo tiene más virulencia, más resonancia, porque sucede ‘en Paraná’. Ahí accionan distintos sectores; corporaciones que mantienen sus intereses, sus metodologías y formas de visualizar el sistema. Hay una tensión permanente en el poder judicial, que no es único ni uniforme.

Hacia adentro no es lo mismo qué piensan los jueces de Primera Instancia, los defensores, los fiscales, los vocales del Superior, los camaristas. En algunos temas ‘cierran filas’, en otros están en permanente tensión. Y tampoco los abogados de la colegiatura tienen una única opinión. Los penalistas tienen determinada perspectiva, los que trabajan en la administración, otra; los especialistas en Derecho civil y comercial privado, otra. Es un campo de acción muy diverso y con muchas tensiones cruzadas”.

– ¿Cómo están funcionando las direcciones generales? --Funcionan como funciona el Estado en general, con más de veinte o treinta años de desinversión. Arrancamos de muy atrás respecto de otras provincias y a nivel nacional. Gran parte de los problemas que hoy tiene la administración pública entrerriana, no solo tiene que ver con esquemas reglamentarios y legales viejos. También, falta una fuerte inversión tecnológica.

El Poder Judicial, gracias a la pandemia, por ejemplo, pegó un salto enorme con respecto a la digitalización. En cambio, nuestra administración pública no lo logró.