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Claves
- El planteo sostiene que se retuvieron y usaron para otros fines unos 400.000 millones de pesos que debían ir al mantenimiento de la red vial federal.
- La presentación fue impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional.
- Fondos retenidos y rutas deterioradas El eje de la acusación es la retención indebida de partidas que, por ley, deben transferirse de manera automática al fideicomiso de infraestructura del transporte terrestre.
Una denuncia penal presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 apunta contra Manuel Adorni, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y la cúpula de Vialidad Nacional por el presunto vaciamiento del organismo y el desvío de fondos con asignación específica. El planteo sostiene que se retuvieron y usaron para otros fines unos 400.000 millones de pesos que debían ir al mantenimiento de la red vial federal.
La presentación fue impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional. Según el texto judicial, publicado por Página/12, el dinero proveniente del impuesto a los combustibles líquidos tenía como destino legal exclusivo la infraestructura vial, pero habría sido aplicado a la compra de títulos públicos para financiar al Tesoro.
Fondos retenidos y rutas deterioradas El eje de la acusación es la retención indebida de partidas que, por ley, deben transferirse de manera automática al fideicomiso de infraestructura del transporte terrestre. La denuncia afirma que esa maniobra dejó a Vialidad con una deuda interna equivalente al 90% de su presupuesto anual y empujó al organismo a una parálisis operativa que compromete su funcionamiento técnico y patrimonial.
El documento también advierte que la falta de inversión en conservación preventiva, bacheo, banquinas y señalización multiplica el costo futuro de reconstrucción y agrava el deterioro de los corredores productivos. A eso se suma, según el planteo, la interrupción de obras estratégicas y de contratos con financiamiento internacional por incumplimiento de pagos.
Señalamientos por desguace interno La denuncia también alcanza a Sturzenegger por supuestas maniobras para justificar el achicamiento de la repartición y la reducción de personal técnico. El texto sostiene que se habrían falseado informes de gestión para sostener el desmembramiento institucional iniciado en 2024 y debilitar el control sobre las empresas concesionarias. En ese marco, el gremio describe traslados compulsivos, intimaciones de jubilación y ceses sin sumario previo ni derecho de defensa.
También cuestiona la gestión de recursos humanos, a la que atribuye un clima de hostigamiento para frenar las denuncias internas sobre malversación y abandono de rutas. Impacto federal y reclamo en la Justicia La presentación advierte que la interrupción de transferencias afecta a las vialidades provinciales y deja sin recursos a las rutas secundarias que conectan con la red troncal nacional.
Por eso, además de malversación de caudales y fraude a la administración, se imputan figuras como incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad. Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), dijo a este diario que seguirán de cerca la causa y que buscarán aportar información. En paralelo, la Conaduv presentó en el Congreso un proyecto para crear una comisión de seguimiento del impuesto a los combustibles.
La denuncia queda ahora en manos de la Justicia, mientras el conflicto vuelve a poner en primer plano el estado de las rutas y el uso de los fondos viales en un país donde el deterioro de la infraestructura también golpea de lleno a Entre Ríos y al resto del interior productivo.