Milei se alinea con EEUU para reforzar el control pesquero - Informe Digital

El Gobierno argentino movió en las últimas semanas varias piezas para endurecer el control sobre el Mar Argentino y la llamada Milla 201, donde operan sin límites legales cientos de buques extranjeros, en su mayoría chinos. La señal combina política exterior, tecnología y ciencia, pero el problema de fondo sigue intacto: la falta de una regulación regional efectiva más allá de la milla 200.

Javier Milei pasó cuatro horas en un portaaviones del Comando Sur de Estados Unidos, la Armada firmó un acuerdo de “protección de bienes globales comunes” con la Cuarta Flota, el Inidep completó el primer relevamiento del lecho marino y Prefectura presentó SIGU, un agente de inteligencia artificial que se integrará al Sistema Guardacostas.

Aun así, la principal debilidad para frenar la depredación en el Atlántico Sur sigue siendo la misma: no existe una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero que regule la actividad más allá de la Milla 200, en un área atravesada además por la disputa de soberanía en torno a Malvinas.

El jueves pasado, en la Feria de Aeroterra, la “ciencia del dónde”, Mario Herlein, jefe de la División del Sistema de Información Geográfica de la Prefectura Naval Argentina (PNA), presentó una capa de IA en etapa de prueba que se integrará al Sistema Guardacostas 4.0 como asistente virtual operativo. La herramienta interactúa con otras funciones mediante lenguaje natural, como si conversara con un colega.

“Se busca así eliminar la fricción técnica y reducir drásticamente la curva de aprendizaje; con esta tecnología, cualquier efectivo de PNA puede operar el sistema de inmediato”, dijo Herlein. También sostuvo que herramientas como ChatGPT no son viables para la seguridad nacional por razones que SIGU sí resuelve.

Prefectura tiene a su cargo la protección de los recursos y la seguridad en los espacios marítimos, fluviales y lacustres, entre ellos el Mar Argentino, el área marítima hasta 200 millas marinas de pesca exclusiva para buques de bandera nacional. En el caso del lecho marino, la jurisdicción se extiende hasta la Milla 350.

Científicos argentinos a bordo del Buque de Investigación Pesquera Oceanográfica Víctor Angelescu recolectaron durante 23 días de navegación evidencia del daño que produce al lecho y subsuelo marino la flota extranjera que pesca en la llamada Milla 201.

Fue la primera vez que el Inidep, en respuesta a una resolución de la Subsecretaría de Pesca, realizó una campaña específica para estudiar la conexión biológica entre la ZEE y el talud continental, evaluar la salud del ecosistema y cuantificar el impacto de las flotas extranjeras que hacen pesca no reglamentada en el sector. El foco estuvo puesto en recursos transzonales como la merluza y el calamar, con especial atención a la flota china.

“Se trata de defender nuestros recursos pesqueros y salvaguardar hábitats o especies sensibles al impacto humano”, señalaron desde el organismo. La campaña alcanzó profundidades de hasta 2.291 metros e integró distintas disciplinas para obtener una radiografía completa del área. Entre los hallazgos, se confirmó el predominio de especies clave como merluza, calamar y nototenia, y se estudiaron los peces linterna, esenciales en la transferencia de energía entre la superficie y las profundidades.

También se identificaron 180 tipos de organismos en el lecho marino, con presencia de corales y esponjas. “Mediante muestreos con rastra y cámaras submarinas, se registraron hábitats frágiles que requieren protección especial (EMV).

Asimismo, los datos revelan que el 76,2% de los lances de pesca de fondo contenían basura, principalmente restos de redes y equipos de flotas extranjeras, vinculando directamente la pesca no reglamentada con la degradación del fondo marino, sobre el cual nuestro país presenta derechos de soberanía. Más allá del valor biológico, esta campaña representa un ejercicio de soberanía.

Los datos recolectados permiten a la Argentina sustentar reclamos internacionales por la conservación de sus recursos, denunciar el perjuicio transfronterizo de terceras flotas y fortalecer la posición nacional en foros globales”, expresaron desde el Inidep y la Subsecretaría de Pesca. El desarrollo de SIGU y la prospección del lecho marino coinciden con el alineamiento político cada vez más marcado del Gobierno argentino con Estados Unidos, un giro que no pasa inadvertido para China.

Al respecto, según publicó Infobae, un informe de una comisión bipartidaria del Congreso estadounidense acusó al gigante asiático de ser “la única nación que utiliza su flota de pesca de aguas distantes como extensión de sus fuerzas de seguridad marítima oficiales”.

El documento citó un análisis de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos (ONI), que calculó que la flota china —estimada entre 2.000 y 16.000 embarcaciones si se incluyen naves vinculadas a milicias y con banderas extranjeras— registró entre 2022 y 2024 más de 110 millones de horas de actividad en aguas de 90 países.

Según estimó el comité legislativo norteamericano, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada generó en Sudamérica y América Central y del Sur un daño económico de hasta USD 2.300 millones anuales, entre pérdida de recursos pesqueros y recaudación fiscal no percibida.

Con todo, la principal dificultad para limitar el daño que los barcos chinos y otras flotas extranjeras producen en la Milla 201 sigue siendo que, a diferencia de otras regiones, el Área 41 que la FAO utiliza para identificar ese enorme espacio marítimo del Atlántico Sur no cuenta con un acuerdo entre estados ribereños para regular la actividad.

Cualquier entendimiento de ese tipo no podría ignorar la presencia británica en Malvinas y correría el riesgo de ser leído como un reconocimiento implícito de soberanía, aunque algunos especialistas discrepan.

Dos acuerdos internacionales podrían ayudar a frenar la depredación pesquera en la Milla 201: uno de la Organización Mundial del Comercio contra los subsidios que sostienen a algunas flotas de ultramar, especialmente la china, y otro en el marco de Naciones Unidas sobre Biodiversidad “más allá de Jurisdicciones Nacionales” (BBNJ), pensado para regular la pesca en alta mar.

Argentina firmó ambos convenios, pero el Gobierno todavía no envió al Congreso el proyecto para ratificar el segundo, que está vigente desde el 17 de enero. Una paradoja de ese acuerdo es que China, que tiene la mayor flota pesquera de aguas distantes del mundo, presiona para ser sede del organismo que deberá aplicarlo, algo a lo que también aspiraron Bélgica y Chile.

A principios de abril, en Nueva York, en una reunión preparatoria de la cumbre que se hará en 2027 para definir la sede, Beijing ofreció inmunidad diplomática a ciudadanos de cualquier país que trabajen en la futura sede, con la condición de que esté en China. Además, propuso un aporte presupuestario generoso.

Para algunos expertos, que el país asiático termine al frente de la organización encargada de preservar la biodiversidad en alta mar, que abarca el 43% de la superficie terrestre, sería como poner al zorro a cargo del gallinero.