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Claves
- La Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dictamen favorable al proyecto que reglamenta el procedimiento de remoción de altos funcionarios.
- También avanzó el debate sobre la derogación de normas declaradas inconstitucionales por el Superior Tribunal de Justicia.
- La presidenta de la comisión, Gabriela Lena, destacó que el texto fue enriquecido durante el debate legislativo y sostuvo que permitirá dotar al proceso de “reglas claras, previsibles y constitucionalmente consistentes”.
La Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dictamen favorable al proyecto que reglamenta el procedimiento de remoción de altos funcionarios. También avanzó el debate sobre la derogación de normas declaradas inconstitucionales por el Superior Tribunal de Justicia. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos emitió este martes dictamen favorable a un proyecto de ley que busca reglamentar el procedimiento de juicio político para funcionarios de alta jerarquía provincial.
La iniciativa, que contó con aportes de distintos bloques políticos, establece por primera vez un marco normativo específico para regular los procesos de remoción de autoridades alcanzadas por este mecanismo constitucional. La presidenta de la comisión, Gabriela Lena, destacó que el texto fue enriquecido durante el debate legislativo y sostuvo que permitirá dotar al proceso de “reglas claras, previsibles y constitucionalmente consistentes”.
El proyecto fija las competencias de cada una de las cámaras legislativas durante el trámite de un juicio político. En ese esquema, la Cámara de Diputados actuará como órgano investigador, mientras que el Senado tendrá la función de tribunal encargado de dictar sentencia.
Además, la iniciativa incorpora aspectos procedimentales que actualmente no están regulados de manera específica en la Constitución provincial, como los requisitos para la presentación de denuncias, los plazos para la producción de pruebas y los mecanismos de notificación a las partes involucradas. También prevé la aplicación supletoria de normas procesales penales con el objetivo de garantizar principios como el debido proceso y la seguridad jurídica.
Según los fundamentos del proyecto, la intención es fortalecer el juicio político como una herramienta institucional de control y equilibrio de poderes, evitando interpretaciones discrecionales o situaciones de incertidumbre jurídica. Durante la misma reunión de comisión también se analizó una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para reglamentar la aplicación del artículo 60 de la Constitución de Entre Ríos.
La propuesta establece el procedimiento para la derogación de normas generales provinciales, municipales o comunales que hayan sido declaradas inconstitucionales en tres oportunidades por sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia. El mecanismo alcanzará exclusivamente a las acciones directas de inconstitucionalidad y no incluirá los fallos dictados en procesos de amparo.
Entre otros aspectos, el proyecto prevé la creación de un Registro de Sentencias y Cómputo, que será de acceso digital, público y gratuito, con el objetivo de llevar un seguimiento de las resoluciones judiciales que habiliten la aplicación de este procedimiento. Del debate participaron funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, quienes aportaron observaciones técnicas sobre el alcance de la iniciativa.