El empleo estatal entrerriano: la reforma previsional no puede discutirse sin mirar primero a los privilegios

Entre Ríos no puede debatir seriamente una reforma previsional si antes no discute la obscena desigualdad interna del empleo público. Mientras un docente, un enfermero o un empleado de base sobreviven con haberes de pobreza, ciertos nichos del Estado —Poder Judicial, Legislatura, entes autárquicos y organismos con regímenes salariales propios— concentran sueldos, privilegios y jubilaciones que explican buena parte del déficit que luego se pretende cargar sobre los sectores más débiles.

La reforma previsional que impulsa el gobierno provincial declara la emergencia del sistema y modifica de manera permanente la Ley 8.732. Entre otras cosas, cambia edad jubilatoria, cálculo del haber, movilidad y aportes extraordinarios. Pero antes de aceptar esa discusión como si fuera meramente técnica, Entre Ríos debería hacerse una pregunta incómoda: ¿quiénes generaron el agujero previsional y quiénes pretenden ahora sentarse a negociar su salida?

Porque no es lo mismo hablar del déficit de la Caja mirando a un docente de 600 o 700 mil pesos, a una enfermera agotada por guardias eternas, o a un empleado municipal precarizado, que mirar hacia arriba: fiscales, jueces, funcionarios de organismos autárquicos, empleados legislativos de privilegio, estructuras como EPRE, IAPSER, OSER, Sidecreer y tantos otros espacios donde durante años se construyeron regímenes salariales propios, cerrados, opacos y muchas veces inexplicables para la mayoría de los entrerrianos.

El sindicalismo entrerriano tiene una responsabilidad enorme. No alcanza con levantar la voz cuando llega la reforma. Hay que animarse a decir que el sistema está podrido desde adentro. Que no puede ser que un fiscal sin antecedentes relevantes pueda cobrar cifras millonarias mientras un docente o un enfermero apenas llega a fin de mes. Que no puede ser que el Poder Judicial, que debería controlar la legalidad del sistema, sea uno de los principales beneficiarios de sus privilegios.

Que no puede ser que los sectores que más gritan por la institucionalidad sean los mismos que jamás explican sus patrimonios, sus inversiones, sus autos, sus redes familiares y sus ingresos reales. También hay que hablar del estatuto de empleados legislativos, una de las cajas negras más escandalosas del Estado provincial. Durante años la Legislatura fue usada como refugio familiar, político y económico.

Hijos, esposas, parientes, novios, novias, punteros y entornos enteros ingresaron al Estado sin que nadie explicara demasiado. Después, esos mismos sectores pretenden hablar en nombre de los trabajadores pobres. El caso de OSER y el vaciamiento del IOSPER muestran otra parte del problema. Nadie puede hacerse el distraído. Durante años se permitió que sectores sindicales y políticos capturaran estructuras enteras del sistema de salud y de seguridad social.

Después, cuando el sistema explota, aparecen los mismos de siempre pidiendo sacrificios colectivos, pero jamás empiezan por revisar sus propios privilegios. Por eso la pregunta sobre Elizar, Agmer y el sindicalismo docente es inevitable: ¿con qué autoridad moral se reclama por el docente de 700 mil pesos si al mismo tiempo se convive con estructuras políticas que, antes de irse del poder, llenaron el Estado de familiares, allegados y operadores COMO BAHL Y SU FLIA?

No se puede defender al docente pobre y callar frente al empleo público convertido en herencia familiar de la política. Lo mismo ocurre con organismos como el EPRE. Entre sueldos altos, cargos de retiro dorado y estructuras que muchas veces no justifican su peso real, terminan aportando al déficit previsional mucho más que los trabajadores de base.

Si un organismo no cumple funciones esenciales, si tiene pocos empleados pero salarios altísimos, si se convierte en refugio de dirigentes, exjueces o funcionarios políticos, entonces hay que decirlo: eso también es déficit previsional. El problema de Entre Ríos no es sólo previsional. Es moral, político e institucional. Antes de discutir cuántos años más debe trabajar una maestra, cuánto debe aportar un jubilado especial o cómo se ajustará la movilidad, hay que discutir quiénes se sentarán a la mesa.

Qué antecedentes tienen. Qué intereses defienden. Qué patrimonios acumularon. Qué familiares metieron al Estado. Qué silencios compraron. Qué favores deben. Porque si no, todo será un circo: el gobierno fingirá que reforma, los sindicatos fingirán que resisten, la Legislatura fingirá que debate, el Poder Judicial fingirá imparcialidad y al final volverán a pagar los mismos de siempre. La reforma previsional no puede empezar por abajo. Tiene que empezar por arriba. Por los sueldos obscenos.

Por los regímenes especiales. Por los organismos inútiles. Por los privilegios judiciales. Por la Legislatura. Por los sindicalistas millonarios. Por los que hablan de los pobres pero viven como ricos. Entre Ríos necesita discutir la realidad de los activos antes de tocarle el bolsillo a los jubilados. Porque un sistema previsional no se funde por el salario de una enfermera.

Se funde cuando una provincia entera naturaliza que algunos pocos se queden con todo y después le pidan sacrificio a los que nunca tuvieron nada. Web: