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Claves
- De la redacción de INFORME DIGITAL El gobernador Rogelio Frigerio presentó este jueves ante la Cámara de Senadores el proyecto oficial de reforma del sistema previsional entrerriano.
- Lo que durante meses fue borrador, vector y promesa de diálogo tomó forma de articulado con 46 artículos, emergencia declarada y una tabla de cambios que se extiende hasta 2046.
- El déficit de la Caja de Jubilaciones llegó a 45.200 millones de pesos por mes en el primer trimestre de 2026 y el gobierno decidió que ya no hay más tiempo para esperar.
De la redacción de INFORME DIGITAL El gobernador Rogelio Frigerio presentó este jueves ante la Cámara de Senadores el proyecto oficial de reforma del sistema previsional entrerriano. Lo que durante meses fue borrador, vector y promesa de diálogo tomó forma de articulado con 46 artículos, emergencia declarada y una tabla de cambios que se extiende hasta 2046.
El déficit de la Caja de Jubilaciones llegó a 45.200 millones de pesos por mes en el primer trimestre de 2026 y el gobierno decidió que ya no hay más tiempo para esperar. Detrás de cada jubilado entrerriano, el tesoro provincial pone hoy 681.059 pesos mensuales que no cubren los aportes. Son 135.601 millones en tres meses sostenidos por el millón y medio de entrerrianos, la mayoría sin ningún vínculo directo con el sistema previsional provincial.
Una decena de gremios nucleados en la Intersindical en Defensa de la Caja rechazaron el proyecto antes de que tuviera forma de ley. AGMER, el mayor sindicato docente, se retiró de la mesa de diálogo en marzo y llevó su oposición hasta el recinto de Diputados este mismo jueves con carteles y consignas. ATE, AMET, SADOP, AJER y APLER conforman el núcleo más visible del bloque opositor más amplio que haya enfrentado esta gestión en materia legislativa.
Solo UPCN y los gremios municipales mantuvieron una postura dialoguista y aportaron propuestas al articulado reconociendo la gravedad del déficit. El PJ se opuso aunque ningún referente peronista niega en privado que el agujero financiero existe y que algo hay que hacer. En el oficialismo creen tener los votos para aprobar la reforma aún sin consenso sindical. La discusión ya no es técnica: es cuánto desgaste político está dispuesto a asumir el gobierno.
El proyecto no modifica de manera inmediata los haberes actuales. El presidente de la Caja, Gastón Bagnat, sostuvo esta semana que alrededor del 70% de los pasivos no tendría modificaciones en su esquema actual de movilidad. El 30% restante, básicamente los escalafones del Poder Judicial y legislativos con doble movilidad atada también a escalas nacionales, sí tendrá modificaciones.
Para los activos, los aportes extraordinarios arrancan desde el primer sueldo que supere los 3.000.000 de pesos brutos: 1% de extra hasta los 4 millones, escala que sube hasta el 8% para quienes cobren más de 16 millones. Los empleados de escalafones bajos y la mayoría de los municipales no pagan el extra. Los aportes patronales de todos los organismos públicos suben 3% durante la emergencia. El cambio que pega parejo sobre todos los futuros jubilados, sin distinción de escalafón ni sueldo, es el cálculo del haber.
El proyecto lleva el cálculo a un promedio de 240 remuneraciones mensuales. El 82% se mantiene, pero aplicado sobre una base históricamente más baja. Ahí aparece el principal núcleo de resistencia sindical: mantener el 82% pero calculado sobre salarios históricamente más bajos. Los docentes mantienen el régimen especial: mujeres a los 52 años con 25 de aportes al frente de alumnos, varones a los 54.
Lo que cambia es que después de acceder al beneficio deben seguir aportando solidariamente al sistema hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria común del año en que se retiraron. Personal de salud mental, radiología y servicio penitenciario tienen la misma lógica. Los empleados de administración central y policía son los más expuestos a la suba de edad. Hoy las mujeres se jubilan a los 57 con 30 años de aportes, los varones a los 62. Con la reforma esas condiciones no cambian hasta 2030.
Desde 2031 la edad sube seis meses por año calendario hasta llegar a 65 para los varones en 2036 y para las mujeres en 2046. Los años de aportes suben de 30 a 35, de a uno cada dos años a partir del mismo 2031. Para quienes ingresen al Estado después de que la ley entre en vigencia no hay gradualidad: van directo a 68 años de edad y 35 de aportes desde el primer día.
El proyecto abre además una puerta que los gremios señalan como la más peligrosa del articulado: el artículo 11 habilita al Poder Ejecutivo a imponer aportes solidarios a jubilados y pensionados actuales si hay desequilibrio financiero. No es de aplicación inmediata, pero está escrito en la ley y puede activarse sin nueva legislación. La relación entre activos y pasivos está en 1,82 aportantes por cada jubilado y sigue cayendo.
El sistema creció un 105% en beneficiarios entre 2003 y 2026, pasando de 32.269 a 66.222 pasivos, sin que los aportes acompañaran ese ritmo. El gobierno lleva dos convenios firmados con ANSES por 74.000 millones de pesos y una demanda ante la Corte Suprema de la Nación para recuperar fondos adeudados al sistema provincial. El debate en el Senado arranca con esos números sobre la mesa y con la pregunta que nadie en la política entrerriana termina de responder: si no es esta reforma, cuál es.